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Reseñas
 
 

Contratos internacionales. Ley aplicable y competencia.

Contenido
a. Principio general. “Lex loci executionis”. 1 a 9.
b. Cláusula de ley aplicable. 10 a 11.
c. Contratos con ejecución en varios países. 12 a 15.
d. Trabajadores marítimos. 16 a 21.
e. Periodistas corresponsales. 22 a 27.
f. Aspectos procesales. 28 a 32.
g. Competencia. 33 a 37.
h. Cláusula de jurisdicción. 39 a 39.
i. Moneda de pago de las indemnizaciones. 40

 

a. Principio general. “Lex loci executionis”.

1. Cabe aplicar la legislación argentina y las convenciones colectivas que se dicten bajo su amparo con respecto a las prestaciones laborales efectivizadas a bordo de una plataforma marítima móvil que efectuó operaciones en aguas jurisdiccionales argentinas. (…) El fundamento del art. 3° de la ley de contrato de trabajo (DT, 1974-804, t. o. 1976-238) no es otro que la protección del trabajador y el cumplimiento de las políticas públicas del lugar de ejecución del contrato que hacen a los intereses generales de orden social y económico. (C.S.J.N., 09/04/2002, “Federación Argentina Sindical del Petróleo y Gas Privado y otro c/Total Austral S. A. y otro”).

2. La operatividad de la tesis de la oficiosidad en la aplicación del derecho extranjero establecida en los Tratados de Derecho Internacional de Montevideo, es indiscutible, aunque condicionada a la existencia de una norma indirecta que determine la aplicabilidad de la legislación foránea para la resolución de un conflicto que, en el caso, es el art. 3 LCT., que dispone la aplicación del derecho peruano para dirimir el fondo de la litis. (S.C.J.B.A., 28/04/2004, “Soto, Javier c/Exxe S.A.”, TySS 2004, 677).

3. En el caso en que el actor suscribió un contrato de trabajo con la empresa, solicitó y obtuvo para sí y su familia la residencia temporaria en el país por el término de 12 meses y se instaló en el país con toda su familia, se descarta la hipótesis de que sus servicios en Argentina hayan implicado una prestación transitoria, vinculada con un contrato de trabajo celebrado y ejecutado principalmente en el exterior. Al respecto, no cabe sino entender que dichos servicios correspondieron a un contrato de trabajo celebrado y ejecutado en este país, lo que torna aplicable en la especie la LCT., como se establece en el art. 3 del citado cuerpo normativo para la situación descripta. (C.N.A.T., Sala III, 10/11/2006, “Enríquez Yánez, Héctor R. c/Western Geco S.A. y otro s/despido”).

4. Habiéndose ejecutado parte del contrato de trabajo en el territorio nacional, y dado que al momento en que el trabajador dispuso el despido indirecto se encontraba en el país, corresponde aplicar el derecho nacional, en virtud de lo reglado por el art. 3° del Código Civil y de conformidad con el principio de la territorialidad dispuesto en el art. 3° de la Ley de Contrato de Trabajo (DT, 1974-805; 1976-238). (C.N.A.T., Sala X, 28/06/2004, “Del Puerto del Río, Evelio F. c/Geoservices S.A. Sucursal Argentina”, DT 2005 - 1259).

5. El art. 3° de la ley de contrato de trabajo (t.o. DT, 1976-238) —modificado por la ley 21.297 (DT, 1976-168)— sienta el principio de la "lex loci executionis" al adoptar el criterio de territorialidad, es decir, que salvo estipulación específica, la norma del lugar de ejecución del trabajo, es la que rige el negocio jurídico en su desarrollo y extinción, tanto en relación a los derechos y obligaciones de las partes como a la caracterización del vínculo, el cual no es desplazable ni aún por el principio del régimen más favorable, salvo cuando medie elección de partes o un obstáculo de orden público internacional. (C.N.A.T., Sala II, 20/06/2001, “Krautmann de Portaro, Berta c/Instituto Goethe Buenos Aires”).

6. Es improcedente que el actor fundamente su reclamo en la ley argentina, pues siendo que celebró un contrato de trabajo en el país para ser ejecutado íntegramente en el extranjero resulta de aplicación el art. 3° de la ley de contrato de trabajo que luego de la modificación introducida por la reforma de la ley 21.297 erige al lugar de ejecución del contrato como punto de conexión para la aplicación del dispositivo jurídico de vinculación entre las partes. (C.N.A.T., Sala II, 17/08/2000, “Sánchez, Raúl c/Lichtenstein, Mario”).

7. El derecho internacional privado es un ordenamiento destinado a encauzar los conflictos internacionales de normativas aplicables y el art. 3º de la ley de contrato de trabajo (DT, 1976-238) instituye el lugar de ejecución como "punto de secuestro" que determina el diseño jurídico que ha de regir la relación, y si bien el mencionado dispositivo no prevé expresamente supuestos en que el trabajador haya sido contratado en este país para trabajar en el extranjero, las normas comunes de solución de concurrencia legal atribuyen primacía al "lugar de ejecución" que establece la preferencia a favor del ordenamiento del lugar donde se efectivizó la prestación. (C.N.A.T., Sala X, 26/06/1998, “Díaz, Jorge c/Altamiranda Nelson y Asociados S. A. y otros”, DT 1998-B, 2090).

8. La norma contenida en el art. 3º de la ley de contrato de trabajo (DT, 1976-238) establece que el ordenamiento laboral aplicable es el vigente en el lugar donde se realiza el trabajo, así éste no coincida con el lugar de celebración del contrato, con el lugar donde se cobra la remuneración, con aquél donde se emitan directivas o cuya jurisdicción hubiese sido pactada (Del voto del doctor Capón Filas).
Si los lugares de contratación y de ejecución de los trabajos son distintos y los sujetos laborales guardan silencio respecto del ordenamiento laboral aplicable, el principio más aceptable es el de la territorialidad, prevaleciendo el ordenamiento vigente en el lugar de ejecución (Del voto del doctor Capón Filas). (C.N.A.T., Sala VI, 25/03/1996, “Antoñanzas, Eduardo L. c/Duperial S. A.”, DT 1997-A, 74).

9. Si las partes celebraron un contrato a plazo fijo en nuestro país, pero que debía ejecutarse en el extranjero, la ley aplicable ante la resolución del mismo es la del país en que debía ejecutarse. (C.N.A.T., Sala V, 17/02/1993, “Tomassini, Eduardo c/Itzucko Scientifica S.A.”).

 

b. Cláusula de ley aplicable.

10. Resulta aplicable la ley argentina 22.250 al contrato de trabajo celebrado entre actor y demandados, pese a que se lo haya ejecutado en el extranjero -en el caso, se trataba de la contratación de personal para construcción de viviendas en zonas petroleras de Asia-, si las partes optaron por su aplicación toda vez que es fuente de derecho internacional privado la costumbre que acepta una declaración autónoma de la voluntad en tal sentido. (C.N.A.T., Sala X, 26/06/1998, “Díaz, Jorge c/Altamiranda Nelson y Asociados S. A. y otros”, DT 1998-B, 2090).

11. Las partes pueden someter convencionalmente la vinculación a un derecho determinado, siempre que el acuerdo resulte más favorable al trabajador, condición ésta que no puede pasarse por alto pues el principio protectorio del derecho del trabajo tiene validez internacional. (Del voto del doctor Guibourg). (C.N.A.T., Sala III, 21/02/1983, “Adano, Juan O. c/Dresser Atlas Argentina, S. A.”, DT 1983-A, 391).

 

c. Contratos con ejecución en varios países.

12. Es aplicable la legislación laboral argentina a un contrato de trabajo celebrado en otro país cuando el lugar de cumplimiento de la prestación característica del contrato al momento del despido, esto es, la dación de tareas, era la República Argentina, sin perjuicio de que el trabajador -en el caso, laboraba para una empresa periodística- debiera viajar a otros países para ejercer sus funciones. (C.N.A.T., Sala I, 13/09/2002, “Corning, Rodrigo H. c/United Press Internacional y otro”, TySS 2003, 510).

13. Si un contrato de trabajo fue celebrado en el país, ejecutado en dos de sus terceras partes en su territorio, su celebración se realizó bajo el marco jurídico argentino que pasó a integrar el contrato, sin que mediara voluntad y menos acuerdo de su posterior modificación, corresponde aplicar el derecho argentino por ser el correspondiente al lugar de celebración y al principal lugar de ejecución (arts. 1209 y 1210, Cód. Civil). (Del voto del doctor Santa María). (C.N.A.T., Sala III, 21/02/1983, “Adano, Juan O. c/Dresser Atlas Argentina, S. A.”, DT 1983-A, 391).

14. El contrato multinacional con contacto argentino se rige por el derecho del lugar de su cumplimiento, conforme con los arts. 1029 y 1210 del Cód. Civil. (C.N.A.T., Sala VI, 12/05/1997, “Cunninghame Taylor, Simón R. c/Bridas S.A.”, DT 1997-B, 2033).

15. No estableciendo las partes pauta alguna de ley aplicable al contrato suscripto oportunamente entre el actor (periodista profesional) y la demandada (Agencia de noticias EFE SA), y teniendo en cuenta, en el caso, que medió una vinculación laboral por un período de más de tres décadas (de los cuales sólo los últimos seis años transcurrieron en la Argentina), corresponde – en virtud de los arts. 3 LCT y 1209 del C. Civil- la aplicación de la legislación nacional. Debe tenerse en cuenta que la desvinculación operada en autos se produjo en la Argentina, y tal es el “momento crítico” de la controversia, al decir de Goldschmidt. (C.N.A.T., Sala I, 22/11/04, “Rodríguez Couceiro, José c/Agencia EFE S.A. s/ley 12908”, DT 1997-B, 2033).

 

d. Trabajadores marítimos.

16. Corresponde confirmar la sentencia que admitió la excepción de prescripción opuesta por los demandados por ciertas diferencias salariales, pues, en virtud de lo previsto en el art. 610 de la ley 20.094 los contratos de ajuste se rigen por la ley del pabellón, esto es, por la ley de nacionalidad del buque en el que se prestan servicios ya que se trata de una disposición del estatuto específico que desplaza el art. 3 de la Ley de Contrato de Trabajo.
(C.N.A.T., Sala X, 11/09/2008, “Cantero, Carlos Ramón y otros c/Esso Petrolera Argentina S.R.L.”).

17. Resulta forzoso destacar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 610 de la Ley 20.094 de la Navegación y por el artículo 9°, segundo párrafo del decreto 1772/91, los contratos de ajuste se rigen de conformidad a la ley de pabellón, es decir por la ley de nacionalidad del buque. En tal ilación, se encuentra fuera de controversia que la demandada, dentro del marco del decreto 1772/91 ("pabellón de conveniencia"), optó por el cese provisorio de la bandera de sus buques inscriptos en la matrícula nacional y los inscribió en la de la República de Bahamas. Tampoco es materia de controversia entre los litigantes, que corresponde entonces aplicar a los contratos de ajuste el Merchant Shipping Act (Ley de la Marina Mercante de Bahamas), cuya traducción pública al idioma español obra en el sobre corriente por cuerda a las actuaciones (C.N.A.T., Sala II, 19/12/2008, “Morello, Hugo Miguel y otros c/Esso Petrolera Argentina S.R.L.”).

18. La nacionalidad del buque la determina el país donde fue registrado, elemento que también enmarca la ley aplicable al contrato de ajuste, independientemente del lugar de su celebración (art. 601 L.N.). Tal nacionalidad se prueba con el certificado legítimamente expedido por las autoridades competentes del Estado que otorga el uso de bandera (art. 597 L.N.). Tal situación no arrastra la competencia de sus tribunales, toda vez que si el lugar de ejecución del contrato fueron las aguas territoriales de la República Argentina, y la sociedad demandada tenía su domicilio legal en este país, tales circunstancias determinan la competencia de los jueces nacionales (art. 24 de la L.O.), que es improrrogable (art. 19 de la L.O.). (C.N.A.T., Sala VIII, 26/04/02, "Moneta, Roberto c/La Gioconda S.R.L. y otro s/despido", Boletín de Jurisprudencia de la C.N.A.T. Nº 228, Abril – Mayo 2002).

19. La relación laboral que vincula de manera permanente a un trabajador marítimo con una empresa es independiente de los contratos de ajuste que existan en el curso de esa relación. Por ello, si un trabajador prestó servicios por un tiempo prolongado para un mismo empleador pero en diferentes buques, de diferentes banderas, la ley aplicable es la argentina. (En el caso, el actor trabajó en más de ocho buques, siete de los cuales eran de bandera argentina). (C.N.A.T., Sala IV, 20/08/1991, “Albornoz, Bernardo c/E.L.M.A. S.A. s/accidente”).

20. Descartada en la causa la aplicación de normas nacionales o del convenio colectivo, las que establecen una indemnización tarifada para los casos de despido, corresponde al accionante acreditar que en base al contrato de ajuste o la ley del pabellón, tiene vigencia a su respecto, como derecho positivo, el principio general del derecho que invoca. (C.N.A.T., Sala IV, 17/11/1984, “Moncada, Néstor O. c/Agencia Marítima Dulce”, TySS 1984, 355).

21. En virtud de lo dispuesto por el art. 610 de la ley 20094 los contratos de ajuste quedan sometidos a la ley del pabellón del buque, cualquiera sea la peculiaridad que revista la relación, y si se trata de un "viaje redondo" es viable a lo sumo, admitir la competencia de la justicia argentina. (C.N.A.T., Sala I, 28/02/1983, “Sosa, Miguel Ángel c/Captain D'Gregos”).

 

e. Periodistas corresponsales.

22. Corresponde considerar aplicable la ley extranjera y no la de la República Argentina si se encuentra acreditado que tanto la contratación de la actora como la ejecución del contrato de trabajo fue realizado en aquél país -en el caso, se trataba de una fotógrafa, contratada por la editorial a través de su corresponsal en España-, sin que pueda considerarse viable la pretensión fundada en que el trabajo profesional de la actora concluía en la Argentina con la publicación de la revista donde constaba la fotografía o la nota realizada por la actora, ya que no cabe duda que, al entregar ésta su material al corresponsal, allí terminaba su prestación sin que la trabajadora, de ningún modo, participara o tuviera injerencia o interés en el destino final de su producido. (C.N.A.T., Sala II, 06/11/2002, “Benítez, María del C. c/Editorial Atlántida”).

23. En el caso, tanto la contratación de la actora como la ejecución del contrato se habían realizado en España y fue la propia accionada quien manifestó en su responde que la ley aplicable no podría ser otra que la del territorio español. En tal marco, se tuvo en cuenta lo que expresa el último párrafo del art. 377 del CPCCN (según reforma ley 24871): “si la ley extranjera invocada por alguna de las partes no hubiere sido probada, el juez podrá investigar su existencia, y aplicarla a la relación jurídica materia del litigio”. Y, en el caso, existían suficientes elementos que justificaran tal facultad investigativa. Así la Convención Interamericana sobre Normas Generales de derecho Internacional Privado (CIDIP II Montevideo 1979) recepta la teoría del uso jurídico de Werner Goldschmidt, al decir que “los jueces y autoridades de los estados partes están obligados a aplicar el derecho extranjero tal como lo harían los jueces del estado cuyo derecho resulta aplicable, sin perjuicio de que las partes puedan alegar y probar la existencia y contenido de la ley extranjera invocada” (CSJN “Z.T., M c/ CJF” del 3/11/1988 ED 133-589), por lo que cabe concluir que resulta operativo en la especie el sistema reglamentario emergente del Estatuto de Trabajadores de España. (C.N.A.T., Sala II, 06/11/2002, “Benítez, María del C. c/Editorial Atlántida”).

24. Según lo establece el art. 3 de la LCT la ley aplicable es la que rige en el lugar de ejecución del contrato laboral. Así, si el actor realizaba notas fuera del territorio argentino, tanto la búsqueda del material fotográfico como la misma nota y su elaboración, recién se cumplían al entregar dicho material a la editorial, que se encontraba en nuestro país, por lo que la legislación aplicable es la ley 12908. (C.N.A.T., Sala III, 25/06/1997, “Palmetti, Néstor c/Editorial Abril S.A. s/despido”).

25. Toda vez que la actora recolectaba material periodístico en Londres y lo remitía a nuestro país para ser publicado en las diferentes revistas de la demandada, puede afirmarse que el lugar de ejecución del contrato era el destino de tales notas periodísticas, por lo que corresponde que tal relación se encuentre regida por las disposiciones de la legislación laboral argentina. Esto es así porque una empresa periodística lucra en el territorio nacional con esa actividad, que es la que justifica que el trabajador se desplace, y no es coherente ni razonable una interpretación literal del art. 3° de la LCT, que está pensado para una hipótesis de ejecución preponderante en nuestro país. (C.N.A.T., Sala IX, 25/04/2003, “Ayerza, Laura c/ Editorial Atlántida SA s/ despido”).

26.  Salvo cuando media elección de las partes o un obstáculo de orden público internacional, del derecho del lugar de ejecución del trabajo no es desplazable, en la actual redacción del art. 3° de la ley de contrato de trabajo (Adla, XXXVI-B, 1175; XXXIV-D, 3207), por el principio del régimen más favorable para el trabajador. Si el actor ejecutó su débito íntegramente en el extranjero, de conformidad con lo normado por el art. 3° del régimen de contrato de trabajo, t. o. (XXXVI-B, 1175), la improcedencia de la aplicación del derecho argentino se impone. (C.N.A.T., Sala VIII, 18/04/1991, “Savignon Belgrano, Carlos H. c/Editorial Abril S. A.”).

27. Es el propio actor que en su escrito de demanda denuncia que debía desempeñarse como corresponsal de la demandada en España desde el momento de su vinculación.
Teniendo en cuenta el derecho aplicable a la cuestión traída a esta instancia, carece de interés determinar el lugar de celebración del contrato.
En suma, el art. 3º del R C. T. es una norma que determina la vigencia del orden jurídico argentino o su desplazamiento por el derecho de extranjería y erige como base normativa el principio "lex loci executionis".
El texto del art. 3º del R C. T., después de la reforma introducida por la ley 21.297, sólo contempla dos situaciones, la de los contratos de trabajo celebrados en el país o en el extranjero, pero cuando uno u otro se ejecutan en el territorio de la República Argentina, caso éste en que sí rige nuestra ley (ver López, en "Ley de Contrato de Trabajo Comentada", 1º Ed., t. I, p. 40).
Se concluye, entonces, que si el contrato de trabajo se ejecutó en el extranjero y no se verifica ninguna de las salvedades a que hace referencia la norma de aplicación (elección de las partes u obstáculo de orden público internacional), deviene improcedente la aplicación del derecho argentino (dictamen 6768 del 7/7/83, de la Procuración general del Trabajo) (C.N.A.T., Sala V, 27/07/1988, “Sarmiento, César M. c/Editorial Perfil, S. A.”, DT 1988-B, 1770).

 

f. Aspectos procesales.

28. Si el contrato de trabajo tuvo ejecución en un país extranjero adherido al Tratado de Montevideo de 1889 -en el caso, la República de Perú-, el juez debe aplicar el derecho de dicho país, sin necesidad de alegación o prueba de las partes, toda vez que la operatividad de la tesis de la oficiosidad en la aplicación del derecho extranjero establecida en el Protocolo Adicional a los Tratados de Derecho Internacional Privado de 1889 y 1940, es indiscutible, aunque condicionada a la existencia de una norma indirecta que determine la aplicabilidad de la legislación foránea para la resolución de un conflicto, como lo es el art. 3 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976) (Adla, XXXVI-B, 1175). (S.C.J.B.A., 28/04/2004, “Soto, Javier c/Exxe S.A.”, TySS 2004, 677).

29. Corresponde aplicar la ley extranjera respecto del contrato de trabajo celebrado entre la actora y la empresa demandada -en el caso, se trataba de una fotógrafa que había sido contratada por el corresponsal de la editorial en España- si fue esta última la que introdujo el tema en el debate, pese a que la misma no haya sido probada por la parte que la alegó pues, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del art. 377 del Cód. Procesal y atento la naturaleza alimentaria del crédito involucrado como la importancia de los intereses en juego -créditos derivados de una relación de carácter laboral-, el juez puede investigar la existencia del derecho extranjero y aplicarla a la relación jurídica materia del litigio. (C.N.A.T., Sala II, 06/11/2002, “Benítez, María del C. c/Editorial Atlántida”).

30. Si el actor fundó su demanda en la ley argentina y ésta no resulta aplicable en función del lugar de ejecución del contrato corresponde rechazar la acción. No corresponde aplicar de oficio la ley extranjera si en la demanda ésta no ha sido invocada siquiera en subsidio. (C.N.A.T., Sala V, 27/07/1988, “Sarmiento, César M. c/Editorial Perfil, S. A.” DT 1988-B, 1770).

31. Concretamente, el proceso debió haberse resuelto por las normas brasileras (Consolidación de las leyes de trabajo, CLT., y convenio colectivo aplicable) tal como lo establece RCT. art. 3: "Esta ley regirá todo lo relativo a la validez, derechos y obligaciones de las partes, sea que el contrato de trabajo se haya celebrado en el país o fuera de él, en cuanto se ejecute en su territorio", pero para ello el pretensor hubiera debido invocarlas y probarlas ya que en este caso no rige el principio iura novit curia, solución normativa que no comparto pero que debo acatar porque el Poder Judicial no es legislador y las normas del caso no lucen inconstitucionales. El CCiv. art. 13 es terminante: "La aplicación de las leyes extranjeras, en los casos en que este código autoriza, nunca tendrá lugar sino a solicitud de parte interesada, a cuyo cargo será la prueba de la existencia de dichas leyes. Exceptúanse las leyes extranjeras que se hicieran obligatorias en la República por convenciones diplomáticas o en virtud de ley especial", que no es el caso (Del voto del doctor Capón Filas). (C.N.A.T., Sala VI, 25/03/1996, “Antoñanzas, Eduardo L. c/Duperial S. A.”, DT 1997-A, 74).

32. De conformidad con lo dispuesto por el art. 13 del Cód. Civil la aplicación de las leyes extranjeras sólo tendrá lugar a solicitud de parte interesada, a cuyo cargo será la prueba de la existencia de tales leyes. Sobre tal base, si bien las normas rituales autorizan al juzgador para investigar su existencia (art. 377, Cód. Procesal), si la accionada nada precisó relativo a la ley invocada (número, fecha de sanción, contenido, etc.), vedando la posibilidad de que el magistrado realizase su misión inquisitiva, resulta viable resolver el conflicto conforme la ley argentina prescindiendo de la ley de bandera del buque. (C.N.A.T., Sala I, 27/04/1995, “Meneses Vargas, Ary c/Capitán del Buque de Bandera Panameña Gral. Urdaneta y otros”, DT 1995-B, 2257).

 

g. Competencia.

33. Es competente la Justicia Nacional del Trabajo para entender en las controversias fundadas en la invocación, como fuente de las pretensiones de quien las haya deducido, de un contrato de trabajo ejecutado o que haya de ser ejecutado en territorio nacional, cualquiera haya sido el lugar de su celebración y del domicilio del presunto empleador, pues la que determina la competencia es la mera invocación de la ejecución del contrato de trabajo en territorio nacional y no su prueba. (C.N.A.T., Sala VIII, ,07/03/2003, “Dupont Bertrand, Ives L. c/Constantin Associates”, DJ 2003-2, 1020).

34. Los buques son bienes muebles registrables (cnf. Art. 155 de la ley 20094), la titularidad de cuya propiedad sólo es susceptible de acreditación mediante las constancias de la registración, o la información emanada del organismo que, conforme a cada legislación nacional, tiene a cargo el registro. El país donde ha sido registrado determina la “nacionalidad” del buque. En el caso no se acreditó debidamente la nacionalidad el buque, pero aún si fuera aplicable la ley de ese país, ello no arrastraría la competencia de sus tribunales, ya que el lugar de ejecución del contrato fueron las aguas territoriales argentinas y la sociedad demandada tiene su domicilio legal en este país, circunstancias que determinan la competencia de los jueces nacionales (art. 24 del ordenamiento procesal laboral, aprobado por la ley 18345, cfr. Art. 5°, inc. 3 del CPCCN). En el caso, la prórroga de jurisdicción acordada en el no reconocido contrato de ajuste sería ineficaz frente a la improrrogabilidad dispuesta por el art. 19 el ordenamiento procesal laboral citado. (C.N.A.T., Sala VIII, 26/04/02, "Moneta, Roberto c/La Gioconda S.R.L. y otro s/despido", Oficina de Jurisprudencia de la C.N.A.T., Boletín Temático Trabajadores Marítimos, Agosto 2006).

35. Son competentes los jueces de la República respecto de los contratos que deban ejecutarse en su territorio (art. 1215, Cód. Civil), y la regla básica de conflicto es la del art. 8º del Cód. Civil según el cual "los actos, los contratos hechos y los derechos adquiridos fuera del lugar del domicilio de las personas, son regidos por la ley del lugar en que se han verificado". (C.N.A.T., Sala VI, 12/05/1997, “Cunninghame Taylor, Simón R. c/Bridas S.A.”, DT 1997-B, 2033).

36. El trabajo esporádico dentro de los límites de la jurisdicción territorial no justifica la competencia de la justicia nacional del trabajo (Del dictamen del Procurador General del Trabajo compartido por la Sala). (C.N.A.T., Sala I, 23/02/1996, “Hereñu, Walter M. c. Medina, Miguel A.”, DT 1996-B, 2386).

37. En ausencia de solución convencional específica, cualquier lugar de cumplimiento de las obligaciones contractuales en la República Argentina justifica la apertura de la jurisdicción internacional de los jueces argentinos, conforme lo dispuesto en el art. 1215 del C Civil ( CSJN 20/10/98 F 347 XXXII “Exportadora Buenos Aires SA c/ Holiday Inn’s Worldwide Inc.” Fallos 321:2894; 14/9/04 S 674 XXXIX “Sniafa SAIF c/ Banco UBS AG” Fallos 327:3701 y ED 22/3/05 n° 53262). En el caso en que por lo menos una de las codemandadas tiene domicilio en el país, y al menos uno de los lugares de prestación de tareas era la República Argentina, tal circunstancia habilita la jurisdicción de los jueces nacionales con arreglo a la citada doctrina de la CSJN y lo establecido en los arts. 1215 y 1216 del C. Civil. No corresponde recurrir a lo dispuesto por el art. 19 de la L.O., que se refiere exclusivamente a la jurisdicción territorial interna, sino al art. 1° del CPCCN, que contiene una norma de jurisdicción internacional que admite sólo la cláusula de prórroga en asuntos “exclusivamente patrimoniales” restricción que determina la inoponibilidad de lo convenido por las partes, toda vez que el trabajo es insusceptible de una valoración puramente patrimonial (Conf. “Derecho Internacional Privado” Cap. XI ap. B); Rabino, Mariela “Contrato laboral celebrado en la Argentina para ser ejecutado en el exterior” RDCO 2002-571). (C.N.A.T., Sala IV, 17/09/08, “Verdaguer, Ricardo c/Impsat Fiber Networks Inc.  y otro s/despido”, Boletín Temático de Jurisprudencia de la C.N.A.T., “Competencia”, Abril 2009).

 

h. Cláusula de jurisdicción.

38. Un trabajador contratado en Buenos Aires para trabajar en Brasil, puede pactar la competencia argentina para resolver los posibles conflictos laborales e incluso establecer que las condiciones de trabajo se regirán por la ley nacional si fuese más favorable que la extranjera, respetando las disposiciones públicas extranjeras inderogables, tesis que coordina territorialidad y principio de favorabilidad (Del voto del doctor Capón Filas). (C.N.A.T., Sala VI, 25/03/1996, “Antoñanzas, Eduardo L. c/Duperial S. A.”, DT 1997-A, 74).

39. Aunque las partes hayan consentido en prorrogar la jurisdicción de los tribunales argentinos, ello sólo importa que frente a la existencia de posibles controversias, acordaron el Tribunal frente al cual habría que dirimirlas, pero no las normas según las cuales habarían de juzgarse sus derechos y obligaciones emergentes de la relación jurídica contractual. (C.N.A.T., Sala V, 17/02/1993, “Tomassini, Eduardo c/Itzucko Scientifica S.A.”).

 

i. Moneda de pago de las indemnizaciones.

40. Si el trabajador laboró en el extranjero, en caso de mediar despido tiene derecho a que se le abone la indemnización en la moneda del país donde trabajó, en coherencia con la extraterritorialidad de sus gastos y erogaciones en general. Se debe fijar el crédito en la moneda que las propias partes eligieron y en atención a la naturaleza de la prestación y de la actividad. Ello no significa soslayar las leyes 25.561 o cualquier otra ley argentina al respecto, sino reformular el monto de la condena, en la moneda de pago. (C.N.A.T., Sala VII, 09/02/2007 “Godoy, Julio Manuel c/NEC Argentina S.A. s/despido”, Boletín de Jurisprudencia de la C.N.A.T. Nº 266, Febrero 2007).

 
 
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