Accidentes de trabajo y cuantificación de daños: La insuficiencia de la fórmula "Vuoto" a los fines del resarcimiento integral

Por Laura Castagnino

Sumario: 1. La necesidad de esbozar las pautas de cuantificación de daños. 2. Qué significa “reparación integral”. 3. Daño material no es solo lucro cesante. 4. La utilización de fórmulas aritméticas. 5. La fórmula “Vuoto” como medida del lucro cesante. 6. La utilización de la fórmula “Vuoto” como pauta referencial “mínima”. 7. “Arostegui” La confirmación de la tesis.

Aclaración preliminar
El presente trabajo ha sido elaborado inicialmente en base a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación anterior a “Arostegui Pablo Martín c/ Omega Aseguradora de Riesgos de Trabajo SA y Pametal Peluso y Cia. SRT” (C.S.J.N., 08/04/08). En razón de la importancia jurídica del precedente, he agregado el punto 7. “Arostegui. La confirmación de la tesis” a los fines de la presente publicación.

  1. La necesidad de esbozar las pautas de cuantificación de daños

La cuantificación de daños es un tema que preocupa no solo a los litigantes sino también a los jueces, pues fijar el quantum de un resarcimiento implica valorar distintas circunstancias fácticas y criterios no siempre jurídicos, que hacen a la justicia final de la decisión.
El derecho del trabajo facilita gran parte de esta labor, pues la mayoría de sus resarcimientos son “tarifados” o legales, por lo que una vez establecidos los derechos y obligaciones de los litigantes solo cabe remitirse a los parámetros legales –o baremos- para fijar el resarcimiento (arts. 232, 233, 245 L.C.T., arts. 8/15 ley 24.013, arts. 1º y 2º ley 25.323, arts. 43 y 45 ley 25.345, entre otros).
En materia de daños derivados de infortunios laborales, en cambio, abogados y jueces nos encontramos frente a la dificultad de estimar y cuantificar adecuadamente el daño, pues con excepción de las prestaciones de la ley 24.557, el ordenamiento no provee expresamente los parámetros necesarios para fijar el resarcimiento, por lo que la cuantificación del daño depende en última instancia de la apreciación judicial.
En este sentido, el art. 165 del C.P.C.C.N. (aplicable al procedimiento laboral, cfr. art. 155 L.O.), faculta a los jueces a fijar el importe de los daños y perjuicios reclamados “siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto”. Luego esta facultad debe ser ejercida prudencialmente y conforme a las reglas de la sana crítica, con alusión de las pautas empleadas para arribar a la decisión (arts. 386 y 163 inc. 5º y 6º C.P.C.C.N.).
Esto último, la mención de las pautas o criterios utilizados para cuantificar el daño, además de constituir un recaudo formal de la sentencia (la debida fundamentación), posibilita el control y cuestionamiento por los litigantes, esto es, el ejercicio del derecho de defensa en juicio, de raigambre constitucional (art. 18 C.N.).
¿Significa esto que el juez debe explicar en la sentencia cada una de las operaciones matemáticas, comparaciones y formulaciones que realiza para cuantificar el daño? La infinidad de elementos, valoraciones y pautas empleadas para cuantificar daños tornarían prácticamente imposible el cumplimiento de tal deber, salvo que el magistrado utilice fórmulas actuariales o matemáticas, que no siempre reflejan –como se verá seguidamente- la verdadera entidad del daño resarcible.
De allí que, en los sistemas de ponderación judicial del daño, no es necesario explicar con exactitud las operaciones y guarismos empleados para cuantificar los daños, pero es deber de los jueces esbozar las pautas o criterios utilizados para arribar al quantum de condena.

  1. ¿Qué significa “reparación integral”?

Según ha explicado reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “indemnizar consiste en eximir de todo daño y perjuicio mediante un cabal resarcimiento, lo cual no se logra si el daño o el perjuicio subsisten en cualquier medida” (CSJN, “Santa Coloma”, 5/8/86; “Honorio”, 5/8/86; “Aquino”, 21/9/04, entre otros).
Tratándose de daños ocasionados por infortunios laborales, que no sólo afectan el patrimonio del trabajador, al disminuir su capacidad de ganancia (art. 17 C.N.), sino fundamentalmente su integridad personal –física, psíquica, moral- y en ocasiones su vida (art. 19 C.N., arts. 4 y 5 Convención Americana de Derechos Humanos), el derecho a una indemnización justa, comprensiva de todos los perjuicios ocasionados, se encuentra doblemente justificado, pues el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional (art. 14 bis C.N.).
En reiteradas ocasiones el Alto Tribunal ha sostenido que una indemnización menguada lesiona el principio constitucional de no dañar a otro (cfr. C.S.J.N., 05/08/86, “Santa Coloma Luis c/ Ferrocarriles Argentinos”, entre otros), reconociendo el derecho del individuo a ser indemnizado “de todo daño y perjuicio”, no sólo del daño material, sino aun “del daño moral y la pérdida de chance” (cfr. C.S.J.N., “Provincia de Santa Fe c/Nicho, Fallos 268:112, “Honorio Juan c/ Nación Argentina”, 05/08/86, entre otros).
El principio “alterum non laedere”, que emana del art. 19 de la Constitución Nacional y diversas normas internacionales de rango constitucional (arts. 4, 5 Convención Americana sobre Derechos Humanos,  entre otros y art. 75 inc. 22 Constitución Nacional) impone la obligación de reparar el perjuicio en plenitud. La responsabilidad que emana de los arts. 1109 y 1113 del Código Civil responde y se nutre del aludido principio constitucional.
Ello no significa que los sistemas de responsabilidad objetiva tarifada contraríen –en todos los casos- el mandato constitucional, pues su naturaleza transaccional importa la admisión de concesiones recíprocas que redundan en beneficio de ambas partes: una simplificación en materia de atribución de responsabilidad a cambio de una indemnización tarifada –o limitada- que llega prontamente a la víctima del infortunio o sus derechohabientes. El problema se plantea cuando dicha indemnización importa, por su insuficiencia, una frustración del derecho –al resarcimiento por daños a la salud o a la vida- que se pretende asegurar y el damnificado se encuentra impedido –por prohibición legal- de acceder a la vía resarcitoria del ordenamiento común (ver en este sentido C.S.J.N, “Aquino Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A., 21/9/04).
En materia de responsabilidad civil, entonces, la indemnización por daños derivados de accidentes de trabajo debe ser integral, comprendiendo la totalidad de los perjuicios (materiales e inmateriales) provocados por el infortunio, incluso el daño moral (este último conf. art. 1078 C.Civil y Plenario C.N.A.T. Nº 243 “Vieytes c/ Ford Motors Argentina”, 25/10/82).

  1. Daño material no es solo lucro cesante

Conforme lo ha explicado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en argumentos que hago propios, “Cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente, esta incapacidad debe ser objeto de una reparación, al margen de lo que puede corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, ya que la integridad física tiene por sí misma un valor indemnizable y su lesión comprende a más de aquella actividad económica, diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural o social, con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida” (CSJN – 29/6/04 – Coco Fabián c/ Buenos Aires Provincia y otros s/ daños y perjuicios”).
Dichos conceptos han sido ratificados en “Aquino” (op.cit.), en referencia expresa a los infortunios laborales, donde se sostuvo que “La incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física en sí misma tiene un valor indemnizable. De ahí que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos médicos aunque elementos importantes que se deben considerar no conforman pautas estrictas que el juzgador deba seguir inevitablemente, toda vez que no solo cabe justipreciar el aspecto laboral sino también las consecuencias que afecten a la víctima, tanto desde el punto de vista individual como desde el social, que le confiere un marco de valoración más amplio. En el ámbito del trabajo, incluso corresponde indemnizar la pérdida de chance, cuando el accidente ha privado a la víctima de la posibilidad futura de ascender en su carrera …”.
En consecuencia, la reparación por los daños materiales  derivados de un infortunio laboral debe comprender, además de la pérdida de capacidad productiva (lucro cesante), las secuelas invalidantes en sí, pues más allá de la pérdida de capacidad de ganancia (incapacidad laboral), la invalidez repercute en los distintos aspectos de la vida personal, familiar y social de las personas, así como en el desarrollo pleno de la vida y futuro profesional.

  1. La utilización de fórmulas aritméticas

Tal como lo hemos adelantado al comienzo, en los reclamos fundados en normas de responsabilidad civil los jueces no están obligados a recurrir a fórmulas matemáticas, sino que se encuentran facultados a establecer el quantum indemnizatorio en base a los daños acreditados en la causa y reglas de la sana crítica. Así, el art. 165 del C.P.C.C.N. faculta a los jueces a fijar el importe de los daños y perjuicios reclamados “siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto”, facultad que ha de ser ejercida prudencialmente y conforme a las reglas de la sana crítica (arts. 386 y 163 inc. 6º C.P.C.C.N.).
La utilización de fórmulas aritméticas presenta ciertas ventajas: simplifica la labor del magistrado, facilita el control profesional, unifica los criterios de cuantificación de daños y permite descartar la arbitrariedad de la decisión. Pero conlleva un riesgo: ¿cuantifica adecuadamente la totalidad de los daños derivados del infortunio?
En la Justicia del Trabajo, algunos magistrados emplean la denominada fórmula “Vuoto” (que describiremos en el punto que sigue). Otros resaltan el carácter “integral” del resarcimiento debido –no tarifado- y la necesidad de ponderar las particularidades del caso.
En este último sentido, se ha resuelto que “Teniendo en cuenta las disposiciones del Código Civil aplicables al sub-lite, la determinación del “quantum” indemnizatorio no es forfataria sino integral y relativa a las particularidades del caso, y por lo tanto no está sujeta a la aplicación de una fórmula matemática legalmente establecida. Por ello, deberán tenerse en cuenta las condiciones personales del actor, la minusvalía detectada determinada médicamente, edad y vulnerabilidad física, psíquica y espiritual en la que quedara sumido el reclamante como consecuencia directa de los infortunios padecidos” (CNAT, Sala IX, “De Souza Julio Antonio c/ Alto Paraná SA y otro s/ Accidente – Acción Civil”). Asimismo, se ha resuelto que En lo referido a la cuantía de los resarcimientos (por daño psicofísico y moral), corresponde señalar que por la vía del derecho común, el juez se encuentra facultado para determinar tanto la reprochabilidad como el monto de la condena, ello de acuerdo con las pautas de la sana crítica y la prudencia, sin estar obligado en modo alguno a utilizar fórmulas o cálculos matemáticos. De acuerdo con tal criterio deberá apreciarse el evento generado por el hecho y en ocasión del trabajo, la pérdida de la vida o bien la incapacidad que afecta al trabajador, su condición social, formación y capacitación, como también su edad y estado civil, los valores salariales y, finalmente, la vida útil que le resta” (CNAT, Sala VII, 27/4/05 “Guiral, Ana c/ Laurenzano, Ernestina y otro s/ accidente acción civil”, entre otros).

  1. La fórmula “Vuoto” como medida del “lucro cesante”

A los fines de establecer el quantum del resarcimiento en concepto de daño material, muchos magistrados emplean la denominada fórmula “Vuoto” o “sistema de capital amortizable durante el período de vida útil de la víctima” (si se trata de resarcir la pérdida de capacidad laborativa). Si se trata de un fallecimiento, se atiende al “período probable de vida o de ayuda económica de las personas que tienen derecho a la indemnización”.
En este último sentido, el precedente que lleva su nombre (“Vuoto Dalmero y otro c/ AEC Telefunken Argentina SA” – CNAT – Sala III – 16/06/78) explica el modo de arribar al resarcimiento por daño material que corresponde a los padres de un trabajador soltero fallecido en un accidente de trabajo: “La reparación del daño material causado por un fallecimiento consiste en el paso de un capital que, aplicando un interés del 6%, se amortice en un período calculado como probable de vida de la persona o personas que tienen  derecho a la indemnización, mediante la percepción de una suma mensual similar a la que hubieran recibido de no haber mediado el evento”.
Para los supuestos de incapacidad laboral, se trata de determinar el importe que, colocado a un interés puro, se amortice en el período de vida útil que reste a la víctima, mediante el retiro de sumas periódicas equivalentes a la incidencia que sobre la remuneración de la víctima proyecta el menoscabo irrogado por el infortunio.
La fórmula: C = a x ( 1 – Vn ) x 1 ; donde Vn =  1
                                                  i                   ( 1 + i ) n
C es el capital; a = retiro por período, n = número de períodos, i = tasa de interés (coeficiente) en el período.
A modo de ejemplo, para un trabajador de 50 años, que al tiempo del infortunio percibía una remuneración de $ 2.500 y como consecuencia de aquél padece una incapacidad del 20% de la total obrera, el resarcimiento por daño material según la fórmula “Vuoto” ascendería a $ 63.129,62, pues resulta de: ($ 2.500 x 13) x 20 % x (1-0,417265) x 16,666667. Hemos considerado una remuneración anual (a) de $ 32.500 ($ 2.500 x 13), un tiempo de vida útil (n) de 15 años (65 – 50) equivalente al coeficiente (Vn) 0,417265 (conforme tabla que acompaña la fórmula) y el cociente 16,666667 (interés del 6% anual).         
Si en lugar de 50 años el trabajador accidentado tuviera 65 años, el resultado de la fórmula sería igual a cero (0), pues la vida útil de un trabajador que ha alcanzado la edad jubilatoria no posee coeficiente en la tabla anexa a la fórmula. ¿Significa esto que no existe daño material indemnizable?
No. Significa que la fórmula “Vuoto” es un modo de medir el lucro cesante o pérdida de la capacidad de ganancias del trabajador.
En otras palabras, la fórmula aritmética utilizada comúnmente en la Justicia Nacional del Trabajo para cuantificar esta clase de daños (sistema de capital amortizable durante el período estimado de vida útil de la víctima), permite estimar adecuadamente la pérdida de capacidad de ganancias del trabajador para el lapso previsto de vida útil, mas no permite evaluar el daño en su integridad, que como se ha visto, excede la disminución productiva del trabajador.

  1. La utilización de la fórmula “Vuoto” como pauta referencial “mínima”

Lo expuesto no significa que la cuantificación del daño pueda quedar desprovista de sustento o justificación, sino reconocer que la utilización de fórmulas aritméticas –en supuestos no previstos por el legislador- es facultativo de los jueces. Lo que no es facultativo de los jueces en esta clase de acciones, es limitar la reparación a la pérdida de capacidad de ganancias del trabajador, pues rige en la especie el derecho a ser resarcido en plenitud en materia de daños que emana del principio “alterum non laedere” de raigambre constitucional (art. 19 y 75 inc. 22 C.N., arts. 4 y 5 Convención Americana de Derechos Humanos).
De allí que el “sistema de capital amortizable durante el período estimado de vida útil de la víctima” (fórmula “Vuoto”) pueda ser empleado como punto de partida o marco referencial “mínimo”, pues tal como se ha visto precedentemente, la reparación debida en concepto de daños provocados a la salud del trabajador no ha de limitarse a la pérdida de capacidad de ganancias del trabajador ni se relaciona estrictamente con su vida útil, sino que debe comprender “todo daño y perjuicio”  derivado del infortunio.
Sobre la aplicación de fórmulas matemáticas como pautas genéricas referenciales también se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sosteniendo que “Para evaluar el monto del resarcimiento por la disminución de las aptitudes físicas o psíquicas no es necesario recurrir a criterios matemáticos,  aunque pueden ser útiles como pauta genérica de referencia, sino que deben tenerse en cuenta las secuelas, los efectos que las mismas puedan tener en el ámbito de la vida laboral de la víctima y en su vida de relación” (CSJN, autos “Coco Fabián c/ Buenos Aires Provincia y otros s/ daños y perjuicios” -29/6/04-; “Mosca Hugo c/ Pcia. de Buenos Aires” -6/3/07, entre otros).
En síntesis, la reparación por daño material derivado de un infortunio laboral ha de comprender, además de la pérdida de capacidad productiva (lucro cesante) –que deriva de aplicar el porcentaje de incapacidad padecida sobre la remuneración habitual del trabajador por el tiempo estimado de vida útil-, las secuelas invalidantes en sí, “ya que la integridad física tiene por sí misma un valor indemnizable y su lesión comprende a más de aquella actividad económica, diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural o social, con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida”.
En cuanto al daño moral, conforme doctrina plenaria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Nº 243 “Vieytes Eliseo c/ Ford Motors Arg. SA”, del 25/10/82, "Es procedente el reclamo por daño moral en las acciones de derecho común por accidente del trabajo, fundadas exclusivamente en el vicio o riesgo de la cosa según el art. 1113 del C.Civil". El mismo no requiere prueba específica, dependiendo de la prudente ponderación judicial. Su cuantificación depende de las características de la afección y sufrimientos padecidos, la índole del hecho generador de la incapacidad, las circunstancias laborales y personales de la víctima que surgen de la causa y dificultades que ello acarrea en su vida de relación.

  1. “Arostegui”. La confirmación de la tesis

El 25/04/97 el Sr. Pablo Martín Arostegui, de 24 años, sufrió un accidente de trabajo (un compañero de tareas puso en movimiento la guillotina del balancín en el que estaba trabajando y le produjo la amputación parcial de cuatro dedos de la mano derecha y tres de la mano izquierda), suceso por el que padece una incapacidad física del 65% y psíquica del 10% de la total obrera. Con fecha 30/12/03 (con anterioridad a “Aquino”, CSJN 21/09/04), la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió que si bien el daño era resarcible en los términos del art. 1113 del Código Civil, no se presentaban en el caso los presupuestos fácticos que habilitaran la declaración de inconstitucionalidad del art. 39.1 de la Ley de Riesgos de Trabajo. Para ello efectuó una comparación entre lo que le correspondía percibir a la víctima por prestaciones dinerarias según el sistema tarifado previsto en el art. 14.2.b. de la LRT ($ 306 de renta mensual x 13 meses x 41 años que le restaban hasta la jubilación = $ 163.098) y los montos que usualmente concedía la sala para reclamos basados en el derecho común (fórmula “Vuotto” $ 57.101,78, daños psíquicos $ 5.000 y daño moral $ 10.000. Total $ 72.101,78), concluyendo que las sumas que percibiría el actor en el marco de la LRT superaban las que correspondían por el derecho común.
Con fecha 08/04/08 la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Arostegui Pablo Martín c/ Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA y Pametal Peluso y Cia. SRL”, revocó dicho pronunciamiento, reiterando –en lo sustancial- la doctrina aludida en los puntos precedentes y señalando, puntualmente, un “triple orden de razones” que resumiré seguidamente.
En primer lugar, observó que en el importe de la renta mensual considerada ($ 306) se incluyeron las asignaciones familiares por hijos ($ 120)  “sin dar razones por las cuales éstas integrarían dicho importe durante 41 años”, precisando que “resulta absolutamente inválido el método de sumar, como si fueran valores actuales, cantidades monetarias que el trabajador habrá de percibir en diferentes períodos de tiempo”.  
En segundo lugar y en lo que interesa a los fines del presente trabajo, observó que el tribunal utilizó a los fines de estimar el resarcimiento por daño material del derecho civil también una tarifa, “distinta en apariencia de la prevista en la LRT, pero análoga en su esencia pues, al modo de lo que ocurre con ésta, sólo atiende a la persona humana en su faz exclusivamente laboral, vale decir, de prestadora de servicios, ya que lo hace mediante la evaluación del perjuicio material sufrido en términos de disminución de la llamada “total obrera” y de su repercusión en el salario que ganaba al momento de los hechos proyectado hacia el resto de la vida laboral de aquélla.”
Al respecto, destacó que “Tal criterio de evaluación, por lo reduccionista, resulta opuesto frontalmente al régimen jurídico que pretende aplicar, dada la comprensión plena del ser humano que informa a este”, reiterando la doctrina constitucional de la Corte según la cual “el valor de la vida humana no resulta apreciable tan sólo sobre la base de criterios exclusivamente materiales” ya que “no se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres”  (“Aquino”, “Díaz”, entre otros).
Finalmente precisó que en el contexto indemnizatorio del Código Civil debe tenerse en cuenta que “La incapacidad del trabajador, por un lado, suele producir a éste un serio perjuicio en su vida de relación, lo que repercute en sus relaciones sociales, deportivas, artísticas, etc., y que por el otro, debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física en sí misma tiene un valor indemnizable… En el ámbito del trabajo, incluso corresponde indemnizar la pérdida de “chance”, cuando el accidente ha privado a la víctima de la posibilidad futura de ascender en su carrera” .
El tercer orden de razones se relaciona con el carácter desmembradode la forma de percepción de la reparación prevista en la LRT (renta periódica) y lo resuelto por la Corte en “Milone” (26/10/04) en el sentido que dicha modalidad de pago “puede consagrar una solución incompatible con el principio protectorio y los requerimientos de condiciones equitativas de labor (art. 14 C.N.), así como mortificar el ámbito de libertad resultante de la autonomía del sujeto para elaborar su proyecto de vida, e introducir un trato discriminatorio”.
Una vez más, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratifica el derecho constitucional de los trabajadores –y sus derechohabientes- a ser resarcidos íntegramente y en plenitud por los daños derivados de infortunios laborales.