La Ley de Riesgos del trabajo a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Por Héctor Guisado

Sumario: 1. La Introducción. 2. Los pronunciamientos paradigmáticos de la Corte Suprema. 3. Evolución posterior de la jurisprudencia. 3.a. Inconstitucionalidad del art. 39.1. 3.b. Extensión de condena de la ART 3.c. Pago en forma de renta o pagos periódicos 3.d. Competencia judicial 3.e. Enfermedades no incluidas en el listado 3.f. Responsabilidad civil de las aseguradoras 4. La reforma del régimen

 

1. Introducción

            En el breve tiempo asignado para esta exposición voy a efectuar un somero repaso de la actualidad del sistema de riesgos del trabajo de la ley 24.557 (o de los retazos que quedan de él), con especial énfasis en la temática que es motivo de este Seminario, es decir el seguro.
            Precisamente una de las características distintivas de este sistema es la obligatoriedad del aseguramiento. En las anteriores leyes de accidentes de trabajo (la 9688 y la 24.028) sólo se establecían unas pocas normas especiales sobre el seguro y se permitía la citación en garantía de la aseguradora del empleador. En cambio, la ley  24.557 impuso al empleador (con algunas limitadas excepciones) la obligación de asegurarse, y no con cualquier compañía sino con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART), que son firmas cuyo objeto exclusivo es la gestión de las prestaciones y demás acciones previstas en la ley 24.557, y que están sujetas a un doble control: el de la SSN y el de la SRT.
            La ley 24.557 se presenta como un sistema integral y hermético (ya que, a diferencias de las leyes anteriores, pretende clausurar virtualmente la opción para el trabajador de accionar contra el empleador por la vía del derecho civil).
Entre sus objetivos explícitos (es decir, anunciados en el texto legal) se encuentra no sólo la reparación de los daños, sino también la reducción de la siniestralidad laboral, a través de la  prevención de los riesgos derivados del trabajo, objetivo este último en el que las ART también tienen un papel destacado, ya que la ley y sus reglamentaciones le imponen obligaciones en materia de prevención.
Otro objetivo (aunque esta vez implícito) es la reducción de la litigiosidad, a través de un procedimiento en el que las ART nuevamente tienen un rol esencial, ya que actúan como una especie de primera instancia, con un mecanismo recursivo librado principalmente a órganos administrativos de carácter federal (las comisiones médicas), con la posterior intervención de la justicia federal.

2. Los pronunciamientos paradigmáticos de la Corte Suprema

            Como es harto conocido, esta ley suscitó, desde el comienzo mismo de su vigencia, serios reparos de índole constitucional, tanto de parte de la doctrina como de la jurisprudencia, que alcanzaron su punto culminante entre setiembre y octubre de 2004, época en la que la Corte dictó tres fallos paradigmáticos:
* “Aquino c/ Cargo Servicios Industriales”, en el que el Tribunal declaró la inconstitucionalidad del artículo 39 apartado 1 de la ley de riesgos del trabajo, en cuanto veda al trabajador el reclamo por la vía civil contra el empleador;
* “Milone c/ Asociart”, en el que la Corte descalificó constitucionalmente el artículo 14 apartado 2 de la misma ley, en cuanto establece el pago de ciertas indemnizaciones mediante una renta periódica; y
* “Castillo c/ Cerámica Alberdi”, en el que el Tribunal censuró, también con base constitucional, el artículo 46 de la ley de riesgos, en cuanto atribuye competencia revisora a los tribunales federales en desmedro de las jurisdicciones provinciales.
El primero de esos fallos hizo pedazos el pretendido carácter integral y hermético del sistema. El tercero, desarticuló el régimen recursivo de la ley.
 
3. Evolución posterior de la Jurisprudencia

  1. Inconstitucionalidad del art. 39.1

 

La doctrina del precedente “Aquino” ha sido ratificada por la Corte Suprema en la causa “Díaz c/ Vaspia”, un fallo de marzo de 2006. Lo interesante es que se suma a las opiniones ya vertidas, la de la Dra. Argibay, quien no había tenido oportunidad de intervenir en “Aquino”, y en este nuevo pronunciamiento ratifica la tesis de una de las corrientes de la mayoría (representada por los jueces Petracchi, Zaffaroni y Highton), en el sentido de que el artículo 39 apartado 1 de la ley de riesgos del trabajo es inconstitucional “en general”, es decir en todos los casos, a diferencia de otros votos concurrentes de ese fallo “Aquino” donde los jueces Boggiano, Belluscio y Maqueda habían sostenido que la inconstitucionalidad solamente se presentaba cuando la indemnización de la ley de riesgos producía la “supresión o desnaturalización” del derecho que se pretendía asegurar o provocaba un “menoscabo sustancial" a ese derecho. Entonces, la tesis a la que se adhiere la Dra. Argibay es la más categórica en cuanto a la inconstitucionalidad del precepto en cuestión.

  1. Extensión de condena a la ART

La apertura a la vía civil que propició la tesis de “Aquino” abre paso, a su vez, a otro tipo de interrogantes. Uno de ellos, bastante actual, es el de determinar si es posible que en el mismo proceso en que se condena al empleador a satisfacer una indemnización plena, con sustento en el  derecho común, puede hacerse extensiva la condena en la medida del aseguramiento contra la aseguradora de riesgos del trabajo que ha sido demandada o citada como tercero.
Ya antes de “Aquino”, la tendencia mayoritaria de la jurisprudencia se inclinaba por admitir esa extensión de responsabilidad contra la ART. Insisto, siempre en la medida de su aseguramiento, más allá de que hay otro tipo de reclamos (con fundamento en normas civiles) a los cuales después me voy a referir.
Los argumentos a favor de esa extensión eran, entre otros, que la reparación integral del derecho civil, por ser plena, comprende también a la indemnización tarifada de la ley de Riesgos, y que, además, negar esta extensión de responsabilidad implicaría un empobrecimiento o perjuicio injustificado para el empleador que ha pagado la póliza siguiendo la obligación legal y ha confiado en que esa póliza cubriría su eventual responsabilidad; y al mismo tiempo, produciría un enriquecimiento indebido de la aseguradora de riesgo de trabajo que, ante una contingencia que podría encuadrarse dentro del sistema de la ley 24.557, se vería eximida de pagar esa prestación por el simple hecho de que la víctima hubiera optado por otra vía, es decir, solamente en función del fundamento legal elegido por el actor para formular su reclamo, al cual el empleador es ajeno porque no puede modificar esa opción del trabajador.
Esta tesis ha sido ratificada en fecha reciente por la CSJN en la causa “Cura c/ Frigorífico Riosma”, un fallo de junio de 2005, donde el Tribunal, recordando expresiones utilizadas en algunos votos del precedente “Aquino”, dijo que “del hecho de ser constitucionalmente inválido el artículo 39 apartado 1, en cuanto exime de responsabilidad civil al empleador, no se sigue que las aseguradoras de riesgos del trabajo no deban satisfacer las obligaciones que han contraído en el marco de la ley 24.557”, de manera que esa inconstitucionalidad igualmente posibilita que el empleador pueda encontrar protección en la medida de su aseguramiento. Se ha convalidado de esta manera la tesis que (según estimo) era ya predominante en la jurisprudencia.

c) Acumulación de indemnizaciones

Otra cuestión conexa con la anterior y que también se vincula con la apertura a la vía civil, es si la percepción de las indemnizaciones de la ley de Riesgos (o el haber intentado la vía procesal prevista en esa ley) inhibe al trabajador de demandar la indemnización plena, o por lo menos reclamar la parte no satisfecha del daño contra el empleador.  Si bien la jurisprudencia mayoritaria, dentro de la cual se enrola la Sala IV de la CNAT que integro, se inclinaba por desestimar este tipo de defensas patronales, algunos tribunales se hacían eco de ellas y sostenían la imposibilidad de reclamar civilmente, cuando ya se había seguido la vía de la ley de Riesgos, con apoyo en la teoría de los actos propios. La CSJN en dos pronunciamientos bastante recientes fallados en junio de 2007 (“Llosco c/ Irmi” y “Cachambí c/ Ingenio Río Grande”) descalificó sendos fallos del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy que aplicaban esa teoría para desestimar reclamos de daños y perjuicios fundados en la ley civil.
Hay matices distintos en los votos de ambos fallos y aun dentro de cada uno de ellos, en los fundamentos de los jueces que integran la mayoría. Pero destaco, por ser el más contundente y más claro, el voto conjunto de los jueces Fayt, Petracchi y Zaffaroni en la causa “Llosco”, quienes sostuvieron que el hecho de que el trabajador cobre la indemnización tarifada por parte de la ART no le impide reclamar del empleador la diferencia que la víctima considera insatisfecha, con apoyo en la ley civil.
Fíjense que en toda esta línea de fallos la Corte admite la posibilidad de acumular resarcimientos, no en el sentido de que el trabajador cobre el total de la reparación plena al empleador más la indemnización tarifada de la LRT, sino en el sentido de que el trabajador pueda reclamar de la ART lo que prevé la misma ley y paralelamente (o sucesivamente) requerir del empleador la diferencia no satisfecha, esta vez por la vía del derecho civil.

c) Pago en forma de renta o pagos periódicos

Otro tema conflictivo es el del abono de ciertas indemnizaciones en forma de renta o pagos periódicos. En el recordado caso “Milone”, de 2004, la Corte declaró la inconstitucionalidad de una de esas normas de la ley de riesgos (el art. 14.2.b, que establecía el pago mediante renta de la prestación por incapacidad permanente parcial mayor al 20% e inferior al 66%). En la causa “Torales c/ Provincia ART”, de mayo de 2007, la Corte ratificó esa doctrina, esta vez respecto del art. 15.2 (que determina el pago de prestaciones mensuales por la incapacidad permanente total), remitiéndose a los fundamentos de “Milone”. La duda que quedaba era si esa doctrina era o no aplicable a los infortunios regidos por la reforma del DNU 1278/200.
Algunos tribunales, entre ellos el TSJ de Córdoba (causa “Gastelacoto c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba”, de 2006) entendieron que no, porque el decreto 1278/2000 había mejorado las prestaciones de la LRT e incorporado otras de pago inmediato que permitían a la víctima disponer de un capital para paliar las necesidades más próximas.
Sin embargo, la Corte descalificó esta interpretación en la causa “Suárez Guimbard c/ Siembra ART” (de junio de 2008), donde sostuvo que la doctrina si bien la reforma del decreto 1278/2000 tradujo una mejora en el régimen de la LRT al establecer una compensación dineraria adicional de pago único, esa circunstancia no alcanzaba a desvirtuar las razones expuestas en “Milone”, “toda vez que su percepción no deja de conculcar el derecho del beneficiario a disponer libremente de la totalidad de su crédito, según sus necesidades”.
A partir de “Milone” han venido proliferando demandas en las cuales se reclama a la aseguradora la entrega en forma directa y mediante un pago único de sumas que aquélla ya había depositado a la orden de la AFJP. Hay fallos de primera instancia que han hecho lugar a esos reclamos condenando a la ART a pagar dos veces, es decir, a abonar nuevamente lo que ya había depositado y además con intereses desde la fecha del infortunio.
En la causa “Pagés c/ CNA” de marzo de 2008, la sala IV de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, por mayoría, revocó un fallo de primera instancia que había seguido esa tesitura. En mi voto, al que adhirió el Dr. Moroni, sostuve que si la ART había depositado la indemnización a la orden de la AFJP, en forma oportuna, contemporáneamente con el accidente, sin oposición del interesado, ajustándose al diseño legal, no podía luego reclamársele que pagara por segunda vez. Entendimos entonces que ese reclamo carecía de causa justificada y sólo consideramos  procedente la pretensión de entrega del pago único contra la AFJP, aunque sin los intereses que reclamaba el trabajador, porque, según nuestro parecer, no había existido mora, por cuanto la AFJP también se había limitado a adecuarse al procedimiento legal. En ese voto compartido agregué que no resultaba óbice a la solución propuesta, la doctrina asentada por la Corte en la causa “Milone”, porque como es sabido, en nuestro régimen jurídico, las declaraciones de inconstitucionalidad solamente tienen eficacia en el caso concreto y además, las ART o las AFJP no tienen facultades para declarar la invalidez constitucional de normas legales. En otras palabras, tanto una como otra se habían ajustado a la ley y por lo tanto su actuación era lícita. También ponderamos en este fallo que el capital de todas maneras produce una renta para el beneficiario en virtud de la rentabilidad que generan las cuotas partes en la cuenta de capitalización.

d) Competencia judicial

Otro tema que se suscita a partir de los pronunciamientos de la Corte que mencioné al comienzo, es el relativo a la competencia judicial. Recordemos que en “Castillo” se declaró la inconstitucionalidad del artículo 46 de la ley de riesgos en cuanto atribuye aptitud jurisdiccional para revisar las decisiones de las Comisiones Médicas a la Justicia Federal, en desmedro de las jurisdicciones provinciales, con lo cual, como bien se dijo en ese “leading case”, se contrariaba el diseño constitucional plasmado en los artículos 75 inciso 12 y 116 de la Ley Fundamental, que reservan a las provincias la competencia para fallar en materia de derecho común en la medida que las cosas o las personas caigan bajo sus respectivas jurisdicciones.
Hasta ahí no tengo reparos contra la doctrina de “Castillo”, pero lo que a mí me parece decididamente censurable es la extensión que la Corte ha hecho de esa doctrina respecto de litigios radicados en la Capital Federal. Me refiero a varios juicios iniciados ante la Justicia Nacional del Trabajo donde –en general- se plantea en la demanda la inconstitucionalidad del artículo 46 de la LRT. En uno de esos casos, como juez de primera instancia, me declaré incompetente, por cuanto el diseño legal atribuye aptitud jurisdiccional a la Justicia Federal de la Seguridad Social, y en definitiva en la Capital Federal todos los jueces somos nacionales, como lo ha dicho hasta el cansancio la propia Corte. Sin embargo, en esa causa que menciono (“Ramírez Fonseca c/ Servicio Penitenciario”) el alto Tribunal consideró que debía seguir entendiendo en la causa la Justicia Nacional del Trabajo, con remisión a los fundamentos de “Castillo”. La Corte reiteró ese criterio en otros casos similares (“Venialgo c/ Mapfre Aconcagua” y “Marchetti c/ La Caja ART”, ambos de 2007). Entonces existe ahora una jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema, que no comparto pero que vengo acatando como juez de Cámara, por razones estrictas de economía procesal, según la cual también en la Capital Federal es competente la Justicia Laboral (y no la de la Seguridad Social) ya sea para revisar las decisiones de las Comisiones Médicas, como para resolver en forma originaria en los casos en que el trabajador o sus derecho habientes inicien la acción directamente en sede judicial sin pasar por las Comisiones Médicas.

e) Enfermedades no incluidas en el listado

Otra cuestión actual, plasmada en un reciente pronunciamiento, es la relativa a las enfermedades no incluidas en la lista de enfermedades profesionales; cuestión que ha perdido alguna actualidad con el decreto 1278/00, sancionado el día de los inocentes del año 2000, que abrió una vía (aunque bastante limitada) para el reconocimiento de afecciones no listadas.
En el fallo “Silva c/ Unilever” de diciembre de 2007, la Corte admitió la posibilidad de reclamar un resarcimiento por la vía de la ley civil, por una enfermedad no incluida en la lista aprobada por el Poder Ejecutivo. En el voto mayoritario de cuatro jueces, la Corte consideró que la sentencia apelada, que provenía de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, era arbitraria, por cuanto había juzgado la situación a la luz del artículo 6 de la ley de riesgos que impide la reparación de enfermedades no comprendidas en el listado (por lo menos en principio, porque insisto que esta restricción ha sido atenuada por el decreto que antes nombré), sin advertir la Cámara que la acción se había fundado en el derecho civil, con lo cual, según la Corte, era incongruente aplicar una limitación prevista en la ley de riesgos a una acción fundada en otro régimen legal. En este voto de la mayoría de la Corte subyace la tesis (que no es pacífica en la doctrina ni en la jurisprudencia) de que el sistema de la ley 24.557 en materia de enfermedades profesionales no sería tan cerrado como parece, porque solamente vedaría (en principio) la reparación de enfermedades ajenas a la lista por la vía de la ley especial, pero no obstaría a la admisión de reclamos fundados en el derecho común, siempre y cuando, por supuesto, concurran todos los presupuestos de responsabilidad de la ley civil.
En cambio, otros votos concurrentes (los de los jueces Fayt y Petracchi) partieron de la premisa sentada por la Cámara en el fallo apelado, de que el sistema era absolutamente cerrado y que también vedaba cualquier tipo de reparación, sea fundada en la ley civil o en la ley de riesgos del trabajo. Sin embargo, consideraran que de acuerdo a esa interpretación (que obviamente no era la única posible) la norma sería inconstitucional. Y esto lo dijeron con una muy elaborada argumentación, en la línea de los precedentes “Aquino” y “Díaz”, entre otros que se citan expresamente.
Como señala ACKERMAN en un comentario a este fallo, la doctrina de la Corte en el caso Silva no pone en cuestión la validez del listado de enfermedades profesionales previsto en el art. 6.2 la ley 24.557 y desarrollado por el decreto 658/96 y, en consecuencia, este pronunciamiento en nada afecta a los derechos y deberes de las aseguradoras de riesgos del trabajo, sea en el terreno de la prevención de los riesgos del trabajo o en el de la extensión de sus obligaciones en orden a la reparación de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales.

f) Responsabilidad civil de las aseguradoras

Una última cuestión, es lo referente a la responsabilidad civil de las ART. Por varios factores, entre ellos, la mezquindad de las prestaciones (sobre todo las del texto originario de la ley de riesgos de trabajo), y las vacilaciones iniciales de los tribunales acerca de si era posible o no demandar civilmente al empleador (cuestión que ya ha quedado superada por la jurisprudencia), hubo (y siguen habiendo) muchos reclamos por responsabilidad civil contra las aseguradoras de riesgo de trabajo fundados en el artículo 1074 del Código Civil, esto es el llamado “cuasidelito por omisión”.
Se perfilan en la jurisprudencia de los tribunales nacionales y provinciales tres corrientes: una la podríamos denominar “amplia”, representada por la Suprema Corte de Buenos Aires (entre otros), según la cual parecería que cualquier tipo de incumplimiento de la ART en sus obligaciones de prevención justificaría su condena con base en el citado artículo 1074 de la ley civil a satisfacer la indemnización integral, no la tarifada. En el otro extremo, una corriente “restrictiva” representada por las salas I y VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, entre otros tribunales, que sostiene que en ningún caso el incumplimiento de la ART justificaría su condena por la ley civil. Y como suele suceder, existe una corriente “intermedia”, en la que se enrola la sala IV que integro, según la cual puede haber responsabilidad civil en las ART en los términos del artículo 1074 si se dan todos los presupuestos de esa responsabilidad, entre ellos, la existencia de un nexo de causalidad adecuada, entre la omisión de la aseguradora y el daño sufrido por el trabajador.
En un primer momento, la Corte Suprema, en su anterior composición, pareció enrolarse en la tesis restrictiva, al fallar en la causa “Rivero c/Techo Técnica” del año 2002. Y digo “pareció” porque, en definitiva lo único que hizo fue desestimar una queja por denegación del recurso extraordinario, sosteniendo que no era arbitraria la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que había rechazado una demanda contra una aseguradora fundada en el citado art. 1074 del Código Civil, sin sentar una doctrina clara respecto de la cuestión en debate.
Pero luego, en “Soria c/ Ra y Res SA”, “Galván c/ Petroquímica Argentina” (ambos de 2007) y más recientemente, en “Torrillo c/ Gulf Oil” (de abril de 2009), el alto Tribunal adoptó decididamente la que antes denominé una “postura intermedia”. En efecto, en el primero de estos casos (“Soria”), la Corte descalificó severamente la tesis restrictiva sostenida en el fallo de segunda instancia, afirmando que no se podía interpretar con alcance general, como lo había hecho en el caso la Cámara, “que cualquiera fuese el incumplimiento de la aseguradora de sus obligaciones en materia de prevención ello nunca podría constituir la causalidad jurídica computable a los fines de su responsabilidad”, pues ello importaría “un apartamiento palmario del derecho que juzgó aplicable, al consagrar, mediante tal enunciado, una suerte de exención de responsabilidad, absoluta y permanente, de las aludidas empresas en el marco obligacional indicado”. Y en el último de esos precedentes (“Torrillo”), la Corte concluyó que “no existe razón alguna para poner a una ART al margen del régimen de responsabilidad previsto por el Código Civil, por los daños a la persona de un trabajador derivados de un accidente o enfermedad laboral, en el caso en que se demuestren los presupuestos de aquél, que incluyen tanto el acto ilícito y la imputación, cuanto el nexo causal adecuado (excluyente o no) entre dichos daños y la omisión o el cumplimiento deficiente, por parte de la primera, de sus deberes legales”.
Como dije antes, la Corte se enroló en estos fallos en una postura intermedia entre las dos corrientes extremas que describí al comienzo (la que postula que cualquier incumplimiento de la aseguradora a sus obligaciones de control genera su responsabilidad civil y la que, por el contrario, entiende que en ningún caso procede esa responsabilidad) ya que el Tribunal admite la posibilidad de obtener de la ART una reparación integral, siempre y cuando exista un nexo de causalidad adecuado entre el incumplimiento y el daño. De ese modo, la Corte puso las cosas en lo que (a mi juicio) serían sus justos términos.

4. La reforma del régimen

En setiembre del año pasado se publicó un informe sobre el “Estado actual del sistema de relaciones laborales en la Argentina” elaborado por un “Grupo de Expertos en Relaciones Laborales” convocado por el Ministerio de Trabajo de la Nación. En ese informe se señala como evidente que “no sólo debe producirse una reforma en el régimen [de riesgos del trabajo] actualmente vigente, sino que además ésta debe ser de una intensidad tal como quizá no necesite otro instituto de nuestras relaciones del trabajo”. Comparto esta apreciación, porque –como lo demuestra la reseña jurisprudencial que acabo de hacer- el régimen de la ley 24.557 se encuentra desarticulado en algunos de sus aspectos esenciales y no satisface sus objetivos. Nótese que los empleadores pagan el seguro de riesgos del trabajo, pero se encuentran expuestos a reclamos por la ley civil, respecto de los cuales no pueden asegurarse. A su vez, las propias ART también se ven involucradas en juicios fundados en el derecho civil, que resultan ajenos al riesgo asegurado. Por su parte, las víctimas de los accidentes se ven obligadas a litigar para obtener una reparación satisfactoria, lo cual ha provocado un creciente incremento de la litigiosidad.
Desde hace más de dos años, el Poder Ejecutivo viene anunciando el envío de un proyecto de reformas. En setiembre del año pasado la Presidenta de la Nación expresó (en un discurso pronunciado en la sede de la UIA) que había “intimado al Ministro de Trabajo para arribar a un final feliz, con un proyecto de ley consensuado”. Unos días después, el Ministro Tomada declaró a la prensa que existía “un buen nivel de consenso” entre empresarios y sindicatos para avanzar en la reforma. Sin embargo, el proyecto todavía no ha sido enviado.
A mi juicio, la futura reforma debería mantener y profundizar los aspectos positivos de la ley 24.557: el énfasis en la prevención de los riesgos del trabajo, la asignación de funciones en esta materia a las ART, la obligatoriedad del aseguramiento, la búsqueda de mecanismos que favorezcan la inmediatez en el goce de las prestaciones, la existencia de fondos de reserva y de garantía para asegurar el pago de aquéllas, etc.
Pero al mismo tiempo resulta indispensable la modificación de otros aspectos, sobre todo aquellos que colocaron al régimen actual en pugna con la Constitución Nacional (y con diversas normas internacionales): la asignación de competencia revisora a la justicia federal (en detrimento de las autonomías provinciales), la supresión de la opción por la vía civil y la obligatoriedad del pago de ciertas prestaciones en forma de pagos periódicos, aspectos estos que suscitaron severos cuestionamientos de la Corte Suprema (en los precedentes que mencioné). Otro aspecto censurable es el carácter limitativo del listado de enfermedades profesionales, que también ha merecido censuras del alto Tribunal (en algunos votos del caso “Silva”) y observaciones de la Comisión de Expertos de la OIT (las últimas de ellas, publicadas en 2008).
La reducción de la litigiosidad y la previsibilidad de los costos (objetivos implícitos de la ley 24.557) constituyen una legítima aspiración de los empresarios (y de la sociedad en su conjunto); pero estos legítimos objetivos no deberían procurarse a expensas de los derechos constitucionales de las víctimas, sino más bien a través del establecimiento de prestaciones adecuadas (cercanas a la reparación integral prevista en el Código Civil) que desalienten (sin prohibirla) la opción por la vía del derecho común. A fin de conferir al principio alterum non laedere toda la amplitud que éste amerita (como lo propició la Corte en el citado precedente “Aquino”) parece preferible adoptar la “teoría del cúmulo”, esto es, permitir a la víctima que perciba de la ART las prestaciones del sistema y pueda reclamar al empleador (en su caso) por el daño no reparado (como lo estableció el alto Tribunal en el caso “Llosco”).
En otro orden de ideas, sería conveniente instituir órganos paritarios (con representación sindical) en las empresas a fin de colaborar en la prevención de los riesgos del trabajo, como son los comités mixtos de seguridad laboral, previstos en algunos proyectos de reforma y concretados en una reciente ley santafecina (de setiembre de 2008), como así también en numerosos convenios colectivos de trabajo.
En cuanto al sistema contencioso, comparto la propuesta del Grupo de Expertos en el sentido de reemplazar las comisiones médicas por órganos especializados, con trámites rápidos, debido proceso y acceso a la jurisdicción ordinaria laboral, lo que a su vez haría necesario contar con una ley marco a la que adhieran las provincias.

(*) Disertación en el Seminario sobre seguros que se llevó a cabo entre mayo y junio de 2009 en la Universidad de San Andrés