Descentralización Productiva

Con la sola enunciación del título adjudicado a esta reunión, se abren una serie de temas centrales que por supuesto no atañen exclusivamente a nuestra disciplina, pero que actúan sobre las relaciones laborales – entiéndase tanto individuales como colectivas – de modo intenso y definido. Bastaría con leer el índice de una obra que ha tenido poca difusión en el medio pese a lo importante de la temática allí abarcada. Y la mencionaré porque entiendo que recoge el trabajo de un grupo de especialistas en derecho, en economía y en sociología que de manera metódica analizaron precisamente esas vinculaciones innegables e inevitables. Me refiero a la publicación de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales que bajo el título de “Descentralización productiva”, editó primero dicha institución y luego, bajo el título “Derecho del trabajo y descentralización productiva”, produjo la Editorial La Ley, ambas en el año 2009.

“Descentralización productiva y otras formas de organización del trabajo. Enfoque socioeconómico” por Luisa Montuschi (Académica)

“Informe general para el XVIII Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, París, 2006, por Raffaele De Luca-Tamayo y Alberto Perulli.

“Descentralización productiva y deslocalización de la producción”, por Juan Angel Confalonieri (h).

“Descentralización por contratación y subcontratación”, por quien les habla.

“Cesión de establecimiento” por Alberto L. Rimoldi.

“Grupos económicos y descentralización productiva”, por Lorenzo P. Gnecco.

“Empresas subordinadas y relacionadas” por Ricardo A. Foglia.

“Las relaciones laborales en las UTE, en los contratos de colaboración empresaria y en los consorcios de cooperación”, por Carlos A. Etala.

“La contratación temporal de trabajadores por el contratista y/o subcontratista”, por Mario E. Zuretti (h).

“Descentralización productiva y otras formas de organización del trabajo”, por Susana Corradetti.

“Transferencia del contrato” por Hugo R. Carcavallo.

“Teletrabajo” por Juan Carlos Fernández Humble.

“Subcontratación, desconcentración empresaria y negociaciones colectivas”  por Luis Ramírez Bosco.

“A propósito de la descentralización productiva: anotaciones sobre contratistas y subcontratistas en el marco de la seguridad social”, por Roberto Izquierdo.

Este conjunto trabajó en el marco de la Sección Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social que funciona en el Instituto de Derecho empresario de la Academia Nacional mencionada y tuvo su origen en la iniciativa del recordado Antonio Vázquez Vialard a quien dedicamos en esa oportunidad la obra.

Esta introducción que ha tenido por objeto – además de la inocultable promoción de la obra – la extensión del asunto, debería ser útil para ubicar de modo integral la temática que hoy nos convoca. Porque insisto, no es posible encarar la descentralización productiva sino desde una óptica múltiple, recordando y actualizando que el derecho del trabajo no actúa en un vacío creado intelectualmente sino que aspira a regular conductas humanas que se encuentran ligadas por vínculos, estructuras, comportamientos y necesidades. Con la cruda pero auténtica expresión de Javillier tomando la expresión de Camerlynk y Lyon Caen[1],  “lo que es socialmente deseable debe ser económicamente posible”[2][3]. Y en un contexto más completo y próximo, Monereo Pérez[4] reconoce que “el principio de libre empresa en el marco del sistema economía social de mercado, actúa como condicionante económico del Derecho del Trabajo, pues si bien el Derecho del Trabajo procura conseguir todo lo que es deseable socialmente, no puede realizar más que lo que es posible económicamente” con la misma cita de Camerlynk y Lyon Caen.

La relación entre economía y derecho debe contemplar que existen fenómenos que responden principalmente a leyes económicas, pero no por eso el Derecho permanece por completo inerte, aunque la acción legislativa no alcance siempre a modificar las condiciones fácticas de ese planteamiento. Como lo explican Montejano y Noacco “para lograr su objetivo el Derecho que debe realizar la justicia, debe, por eso mismo, respetar la realidad de los hombres vinculados por sus normas y de la sociedad por ellos integrada. Debe admitir las realidades prejurídicas que le suministran la Ética y la Economía. Sólo así evitará caer en ese “panjuridismo” ingenuo, gracias al cual el Derecho resulta el primer ridiculizado”[5].

Este fenómeno de la descentralización que provoca nuestra preocupación no es sorpresivo sino que se viene gestando tras décadas de funcionamiento de una economía cada vez más concentradas que ha cambiado rotundamente su estructura productiva por causas variadas que se componen, no en menor medida, por la evolución tecnológica seguida de un acompañamiento ideológico.[6]

En lo que respecta a las causas de esta expansión es interesante el registro que hace la doctrina sobre la influencia de ciertas circunstancias que liga a la creciente atención hacia los DF en la relación laboral, con la revolución tecnológica o mejor aún con la NT (nuevas tecnologías) en el terreno de la informática y las comunicaciones. Y esto porque la organización empresaria avanza sobre áreas que estaban vedadas anteriormente, pero que merced a esa tecnología ahora aparecen expuestas a  interferencias que plantean serios problemas en torno al DF vinculado con la intimidad del trabajador. Sea por la vigilancia, el control, el temor a la utilización de los instrumentos suministrados para realizar la prestación laboral con otros fines.

Otra influencia que no debe desdeñarse es la que se origina en el tan conocido fenómeno de la globalización[7] porque los movimientos físicos y de comunicaciones a través de las fronteras y los DF aparecen como integrando, naturalmente, ese movimiento cultural y resultan idóneos para proteger las diferencias de distinto orden que son resultado de esos traslados migratorios reales o virtuales. Las propias reglas internas de las empresas que se proyectan por encima de fronteras, sirven para esa trascendencia cultural, no sólo en este aspecto, pero lo cierto es que se ve claramente en qué sectores es donde aparece con mayor frecuencia un conflicto vinculado con este tema y ello revela entonces un indicio interesante sobre el origen de esta difusión que estoy comentando. En este sentido el contagio cultural resulta impactante.

Un aspecto de este proceso que no deja de tener incidencias que provocan conflictos es precisamente ese trasvasamiento de figuras, prácticas, contratos que no tienen en nuestro medio regulación especial y por lo tanto cuando una empresa adopta esas fórmulas que viene practicando pacíficamente en otros ámbitos políticos, se encuentra con los problemas que provoca el trasplante sin considerar que la tierra que los recibe tiene composición química (ordenamiento jurídico legal) distinta. El ejemplo paradigmático es el de los stocks options para el cual los abogados y los jueces no terminan de ponerse de acuerdo acerca de cómo encarar esa práctica y dar solución a los conflictos que ello provoca.

Vuelvo sobre el tema de la globalización para volcar algunas reflexiones que se vinculan con uno de los fenómenos más llamativos que consciente o inconscientemente padecemos todos los habitantes del planeta y que abarca y penetra todos los ámbitos de la vida. Así de general y universal es su alcance y no por nada se lo ha calificado con acierto como la primera revolución del siglo XXI. Lo que se conoce como la globalización[8] o mundialización [9] expresiones con las cuales de trata de calificar el proceso social que tantas manifestaciones presenta y que alcanza desde las comunicaciones – y por esa vía el comercio internacional y la internacionalización del mercado de capitales  – hasta las relaciones interpersonales – por los canales de internet y el correo electrónico [10]– pasando por las influencias políticas, estratégicas, culturales, etc. Tal el signo de nuestros tiempos acelerados por los cambios que se proyectan mundialmente. Si Stefan Sweig pudo decir hace ya décadas “desde que me empezó a salir barba hasta que se cubrió de canas, en ese breve lapso, medio siglo apenas, se han producido más cambios y mutaciones radicales que en diez generaciones”[11] cuánto más podemos reflexionar quienes hemos sobrevivido al siglo XX!

No es mi propósito formular un juicio sobre el fenómeno que abarca – como no puede ser de otra manera por su universalidad y por tener por protagonistas a hombres y mujeres – conductas y resultados positivos hasta “pecados que claman al cielo”[12] como pueden calificarse el comercio de drogas, el armamentismo, las desigualdades sociales y económicas a nivel nacional e internacional, etc. [13] Pero lo que me parece necesario puntualizar son, más bien, situaciones concretas que, como resultado de ese proceso, muestran la consecuencia y a la vez necesidad del estrechamiento de los vínculos nacionales, la regionalización de la economía, el acercamiento cultural con los transvasamientos de instituciones, costumbres y por fin con la tendencia a la unificación de normas de comportamiento social y jurídico y cuál sería la medida de esta última acción. Naturalmente que esto se ha venido gestando en forma paulatina y sobre todo la regionalización de mercados y uniones aduaneras no son acontecimientos simples ni de reciente creación. El caso del MERCOSUR tiene como es sabido más de dos décadas de creación lo cual no significa que se haya instalado completamente y son conocidos los altibajos en su desarrollo y consolidación. Pero en lo que interesa, esto es la inclusión de aspectos sociales – especialmente los de orden laboral – aunque  no expresados en el instrumento original, ha sido motivo de preocupación y de acciones más o menos consistentes que se encuentran en estadios de desarrollo. [14]

Ahora lo que quiero subrayar es justamente de qué modo la globalización que se revela de manera sustancial en los aspectos económicos y financieros, utilizando la tecnología como instrumento para viabilizar los cambios y las decisiones, puede llegar a absorber los datos jurídicos y obviamente los morales. Precisamente porque la mundialización de la economía y las finanzas tiende a unificar, provoca la tentación de acompañar ese proceso con semejante dirección. Obviamente no ignoro lo que desde siempre constituyó una corriente cultural que traspasaba las fronteras políticas y transvasaba – a veces de manera irreflexiva y negativa por lo tanto – los sistemas jurídicos o por lo menos, parte de ellos, de un país a otro, como sucedió en el caso de nuestro derecho del trabajo sucesivamente influenciado, y a veces copiado irreflexivamente, del derecho italiano y español. [15]Pero lo que la mundialización presenta ahora es una pretensión de unificación lo cual tiene un significado y un alcance diferente. Porque este proceso ostenta una seria dificultad cual es la de que para universalizar el derecho (y la moral) deba necesariamente sujetarse a los imperativos de la economía o de la técnica y que para evitar este sometimiento deba recurrirse al particularismo. Naturalmente que el derecho no es funcional a la economía o al desarrollo económico.

En  el modesto, pero no menos importante marco de las relaciones laborales, esas transformaciones han producido cambios trascendentes. Así debemos marcar justamente lo que ocupa la preocupación de esta convocatoria. La variedad del fenómeno descentralizador en la producción excede sin duda las previsiones de un legislador que como se ha anotado en esta mesa, tenía ante sí un terreno de relaciones jurídicas y económicas tan diverso del que hoy nos acompaña. En un cuadro que pretende – aunque sin duda no lo habrá logrado plenamente – abarcar todas las manifestaciones de ese fenómeno, podrán apreciar vds. esa variedad y complejidad que pugna por encontrar soluciones jurídicas adecuadas y justas en nuestra especialidad.

En ese orden de indicaciones orientativas para la mejor comprensión del asunto, creo que debemos poner atención en lugar destacado, cómo el proceso de globalización, con sus componentes negativos y positivos está nutriendo desde hace ya algún tiempo, una fenomenología no sólo económica sino también jurídica y moral que debe encararse de manera tal que no sirva sino para logros que beneficien a todos los hombres y mujeres y no sólo a algunos. Las relaciones laborales no podían marginarse de las repercusiones propias de esa transformación y por lo tanto era indispensable encarar el problema valiéndose – si no, de qué otro modo – de los instrumentos legales disponibles que por supuesto no pueden ser sólo los propios del derecho del trabajo, sino del conjunto normativo.

Y seguramente que en esa proyección inevitable del fenómeno mencionado aparecerán cambios en el modelo de relaciones laborales, cuyas manifestaciones presenciamos tanto en el campo de la relación individual como en las colectivas y seguramente que la forma de encarar soluciones justas será la de lograr adaptaciones equitativas utilizando las vías de la legalidad, descartando imposiciones forzadas basadas en la aspiración de mantener posiciones y estructuras que no responden a esas transformaciones.

Se ha dicho que la globalización se percibe como “vacío” de derecho, es decir, en “la abierta asunción por parte del actual capitalismo globalizado, de la falta de reglas como una suerte de nueva Grundnorm del nuevo orden económico e internacional”[16] Por eso nuestro deber como especialistas responsables es la de buscar las soluciones más justas.

Algunas cuestiones que han dado origen a conflictos judiciales resueltos ya o no, son los que quiero traer a esta mesa. Llamativamente los abogados y los jueces tienen la habilidad suficiente para encontrar vericuetos por donde salir (o escapar en algún caso) de la solución necesaria y posible de un conflicto a través de los meandros procesales.

Se trata de dos conflictos que en su aparente poca trascendencia son potencialmente cuestiones que provocan preocupación. Aquí traigo dos casos:

1. el del litisconsorcio necesario o voluntario y la repercusión de esta categorización en la aplicación del instituto de la solidaridad y

2. el del encuadramiento convencional que se torna escurridizo en un intento de acción en busca de sentencia declarativa.

1. Sobre el primero de estos temas seleccionados a manera de proponer reflexión, recuerdo que desde hace algún tiempo se introdujo una noción que parecía superada en torno a los alcances de la solidaridad en la relación de contratación o subcontratación. Así aparece mencionada esa posición en algún voto de la minoría del fallo plenario  “Ramírez,  María Isidora c/ Russo Comunicaciones e Insumos S.A. y otro s/ despido", de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en pleno, 3/2/2006, donde se señala que la doctrina de la solidaridad se matiza en el derecho del trabajo con la figura de la solidaridad impropia: “Comparten esta postura, entre otros, se expresa en el voto, MORENO, Jorge R. en "Algunos aspectos de la solidaridad en el derecho del trabajo", LT XXXIV-B-561; GARCÍA MARTÍNEZ, Roberto "La transferencia como solución a la crisis de la empresa: la solidaridad como tutela de los trabajadores", ponencia en el VIII Congreso Iberoamericano y VII Congreso Argentino de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Buenos Aires, 1982; "La solidaridad en la ley de contrato de trabajo", Errepar, abril 1993, 365; FERNÁNDEZ MADRID, Juan C. en "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", t. I, ps. 939 y siguientes” (del voto de la Jueza González en el fallo plenario “Ramírez”). Y también en el voto del Juez Corach se incorpora esta otra cita: "habiéndose desarrollado el contrato con el empleador directo, obligado principal (contratista) no le podrá acarrear responsabilidad alguna al empresario contratante responsable solidario el hecho de que no haya contestado intimaciones del trabajador o de que haya desconocido la relación laboral con el tercero y no es admisible condenar al responsable solidario con fundamento exclusivo en la rebeldía en que se incurrió" (ver Fernández Madrid, Juan Carlos "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo" Tomo I, pág. 977/979, parágrafos f) y g), Editorial La Ley, Buenos Aires, octubre de 2000 y citas como las referidas con N° 95 al pie de página 979 aludiendo a la doctrina de la Sala III "in re" "Dragui, Humberto c. Administración General SEL s/despido" S.D. 36.448 del 18.10.78 .

 

Y en el mismo fallo plenario el voto del Juez Fernández Madrid formula su  posición de esta manera: Con relación al tema que nos convoca, considero que cuando la ley laboral consagra la solidaridad de los deudores, remite al régimen general previsto por el Código Civil en sus arts. 699, 705 y concs. Dicho régimen de solidaridad pasiva, por el cual se faculta al acreedor a reclamar la totalidad del crédito a cualquiera de los deudores resulta aplicable sin modificaciones, por lo que la categoría especial de solidaridad impropia o imperfecta conduce a disminuir la responsabilidad del deudor indirecto o vicario en perjuicio del trabajador-acreedor. Por lo demás, resulta destacable el hecho de que la normativa civil sobre solidaridad se adecua perfectamente al principio protectorio que inspira a toda la legislación laboral en la efectiva percepción de su crédito por  parte del trabajador.”

 

Llamativamente, y esto es lo que traigo para conocimiento y eventual debate, es que en la sentencia de la Sala VI en autos “Martos, Mario Fabián c/ Los Boyeritos S.A” del 27/8/12 (DT febrero 2013, p.266) se vuelve sobre lo andado sosteniendo que por tratarse de un consorcio pasivo facultativo, los hechos denunciados en la demanda deben tenerse por ciertos conforme con la presunción del art. 71 de la L.O. extendiendo el efecto de reconocimiento al deudor solidario. Esta postura que contradice la anteriormente indicada, resulta contraria a la naturaleza de los vínculos procesales propios de ese tipo de consorcio. Como lo destaca Pirolo[17] “la situación de rebeldía de uno de los codemandados no afecta a los restantes litisconsortes; sin embargo se  demanda el cumplimiento de una obligación solidaria, las defensas opuestas por uno de los litisconsortes benefician los restantes, incluso al que fue declarado rebelde”.

 

Al respecto entiendo que si conforme con el plenario el acreedor puede demandar a uno u otro deudor (el original y el solidario), no puede hablarse de un litisconsorcio necesario, sino simplemente de un liticonsorcio voluntario o facultativo ( como se acepta en el fallo nuevo de la Sala VI, no obstante la distinta conclusión),  rigiéndose en consecuencia el trámite y los efectos dentro del marco de esta última figura procesal, según la cual, como se acaba de explicar, “el reconocimiento ficto de este último (el demandado rebelde), de un determinado hecho (v.gr. fecha de ingreso, remuneración) , no  permitirá tenerlo por acreditado respecto de los litisconsortes que lo hayan negado, y que la prueba producida por éstos, demostrativa de un  hecho distinto al invocado por el actor (p.e,  otra de fecha de ingreso o salario), beneficia al rebelde (arg. art. 71 LO) pues no sería lógico que se estableciere respecto de éste un contenido diverso de la misma obligación solidaria (arts. 699 y 700 Código Civil). Por esa misma razón, cuando ha sido revoca por la alzada una sentencia que condena solidariamente a los coaccionados, pese a ser apelada por uno solo de ello, lo resuelto surte efecto para todos los litisconsortes (CNAT, Sala V, 30/7/76, “Armanini, Miguel c/ Auto Radio S.A.” sent. 23.326).[18]

 

2. El segundo asunto que deseo mostrar como ejemplo de problemas derivados del proceso de descentralización, es el que aparece unido a otro llamativo fenómeno de centralización subsistente o emergente, lo cual provoca conflictos de encuadramiento  a raiz de los cambios producidos en la organización comercial que asumen algunos industriales. En efecto, el proceso anotado de descentralización productiva, aparece superpuesto con el contrario de centralización que parecía abandonado. Puede verse cómo en el comercio de ciertos artículos – sobre todo de vestido – las firmas productoras han cambiado el método de comercialización, haciéndose cargo en forma directa de la venta al público de sus productos desplazando de tal modo los intermediarios. En tales situaciones se ha planteado el reclamo de representación sindical y consiguientemente de aplicación del convenio respectivo por parte de la entidad gremial que representa a los empleados de comercio en esa etapa del proceso de comercialización. Ello en pugna con la representación existente por parte de la asociación que posee la personería gremial para el ámbito de la industria del vestido. Se trata de un asunto que se presenta como merecedor de atencipon porque no sólo está relacionado con esa industria sino que se puede constatar en muchas otras en las que se opera un proceso semejante. Ahora bien, no he traído este tema para debatir a quién corresponde la representación y cuál es el convenio aplicable, sino para destacar de qué modo pueden solucionarse tales conflictos. En cuanto al llamado “intersindical” la cuestión no ofrece a mi juicio dificultad toda vez que la ley sindical prevé los procedimientos, primero intraasociacional y luego de posible revisión judicial. Sólo apunto sobre el particular que la decisión del órgano sindical competente debe ser adoptada conforme con sus estatutos de modo que en el caso del Comité Arbitral de la Confederación General del Trabajo, hasta donde he podido “descubrir” en los estatutos de esta asociación, la decisión de encuadre de ese órgano no es definitiva sino que está sujeta a recurso ante el Comité Confederal después de cuya resolución recién quedaría abierto el recurso judicial al que se refiere la norma de la ley sindical.

 

Pero de lo que quiero tratar es de qué como se soluciona el conflicto de encuadramiento convencional, descartando desde ahora la competencia administrativa. Una de las vías posibles a mi juicio será la acción que abre el art. 322 del CPCCN para obtener una sentencia meramente declarativa. Los condicionamientos de esta acción referidos a la “incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica” deberán acreditarse plenamente, por ejemplo con la manifestación de requerimientos coincidentes de asociaciones que sostiene su derecho exclusivo a las acreencias que pueden provenir de cláusulas convencionales respectivas. Por una parte debo trasmitir mi preocupación por ciertas decisiones de jueces de 1ª. Instancia que aún sin abrir el proceso han declarado que ese tipo de disputas debe ser tramitado como un supuesto de conflicto de representación sindical, lo cual revela o una falta de información inadmisible o una marcada tendencia a eludir este tipo de problemas. Pero por otro lado también es motivo de preocupación la existencia de antecedentes de fallos de Cámara que basados en un dictamen del Fiscal General, han sostenido que para que derive eficacia jurisdiccional de una decisión al respecto, se torna “insoslayable,… la participación de los trabajadores afectados”.

 

 Esta posición no resulta a mi juicio correcta ya que los conflictos de aplicación de convenios no se plantean exclusivamente al nivel individual de una relación trabajador-empleador, sino que suelen presentarse cuando el empleador es requerido de parte de más de una asociación sindical con personería gremial que ha suscripto convenios colectivos que pretenden abarcan la actividad del empleador en cuestión, para el cumplimiento de determinadas cláusulas referidas a contribuciones a favor de ellas o de aportes que debieron retenerse a los trabajadores incluidos en la convención respectiva. De tal  modo no parece que fuera aplicable el criterio de la participación de sujetos individuales sino que dentro de la acción que aspira a una sentencia declarativa, puedan participar las asociaciones que coinciden en su reclamo. La duda, la incertidumbre se suscita de tal modo en forma indiscutible y requiere en cambio un pronunciamiento que ponga fin a aquella. En este sentido, sí es cierto, que no es propio de una acción de este tipo el planteo de quien se siente a favor de una u otra posición ya que de tal modo el recaudo de la incertidumbre aparecería atenuado o anulado por la existencia de otra fórmula diferente cual es la de la controversia. Pero no es correcto exigir participación de eventuales acreedores individuales, olvidando la importancia y extensión que posee la representación colectiva en el derecho argentino, sobre todo en materia tan particular como es la de la negociación colectiva.

17 de abril de 2013



[1]              Camerlynk, G. H. y Lyon-Caen, G., “Derecho del trabajo”, trad. esp. Madrid, 1974, Ed. Aguilar p. 25. Sostienen estos autores que el derecho del trabajo “en todos sus aspectos, se encuentra bajo la férula de la coyuntura y de la infraestructura económica.”

[2]              Javillier, Jean-Claude, “Derecho del trabajo”, trad. esp. Madrid, 1982, p. 36.

[3]              Véase sobre este tema de las relaciones de la economía y el derecho del trabajo, Rodríguez Mancini, Jorge, “El rol del convenio colectivo en la economía nacional”, Ponencia en el Primer Congreso Regional Americano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Eudeba, Buenos Aires 1987, p. 167 y sgtes.; ídem “Evolución y permanencia de las instituciones del derecho del trabajo”, Rev. Jurídica de Buenos Aires (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires), 1988-I p. 11 y sgtes.) También, ídem, “Cuestiones sobre remuneración y prestaciones no salariales” en Revista de Derecho Laboral, Rubinzal-Culzoni, Remuneraciones I, t. 2004-2, p. 23. Acerca de las repercusiones de las normas laborales en los procesos de inversión realicé un estudio con recopilación de datos del momento, al analizar las críticas llevadas contra la sanción de la primera “ley de contrato de trabajo” sancionada por la ley 16.881 luego derogada. Véase este trabajo —en una óptica histórica obviamente— titulado “Observaciones de contenido económico a la ley de contrato de trabajo y acotaciones a un mensaje”, en Rev. Gaceta del Trabajo, 1966, ps. 284/320.

[4]Monereo Pérez, José Luis, “Introducción al nuevo derecho del trabajo”, Ed. Tirant-lo-Blanch, Valencia, 1996, p. 34.

[5]Montejano, Bernardino y Noacco, Julio C., “Estática jurídica”, Eudeba, Buenos Aires, 1969, p. XIX.

[6] La definición de la OIT (Consejo de Administración, Grupo de Trabajo sobre dimensiones sociales de la liberalización del concepto de comercio internacional, estudios por países sobre las repercusiones sociales de la mundialización, Informe final, noviembre de 1999, párrafo 2, documento GB 276/WP/SDL/1), hace referencia particular a la integración económica y expresa que ésta está “motivada por la liberalización del comercio, los flujos de inversión y de capital, así como la rápida evolución tecnológica”. Quizás deba meditarse acerca del ajuste entre la noción descrita y la realidad de los alcances de sus propósitos en materia de liberalización del comercio al escuchar los inútiles reclamos de la supresión de los subsidios de los grandes países industriales. Al respecto la historia de las gestiones y conciliábulos llevados a cabo para llegar a la “Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el trabajo” producida por la O.I.T. en junio de 1998, revela las resistencias de los países – sobre todo del sureste asiático – a someter su comercio internacional a condicionamientos de orden social y la postura, por otra parte proteccionista, que se manifiesta en los países industrializados que utilizan la “cláusula social” para esos fines con la excusa de una preocupación por las condiciones sociales en los países del tercer mundo (Geraldo Von Potobsky, “La normativa laboral frente a la reestructuración, el desarrollo y la globalización de la economía” en RELASUR, Nº 6 1995). No debe olvidarse que la misma globalización no es un fenómeno espontáneo sino que deriva de una acción concertada por los países centrales – a partir de la creación del famoso “G 7” en la reunión de Rambouillet en noviembre de 1975, pasando por el Consenso de Washington de 1990 – que se ha manifestado en la tendencia hacia la liberalización del comercio internacional acompañada, sin embargo, de las medidas proteccionistas que castigan a los países productores de materias primas.   

[6] Citado por Estefanía, ob. cit. p. 15.

[7] Desde un punto de vista especial cual es el de los efectos de la globalización en el campo del empleo y del trabajo, debe tenerse en cuenta el informe preparado por la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización, titulado “Por una globalización justa. Crear oportunidades para todos”en el seno de la OIT, 2004.

[8] Como lo anota Joaquín Estefanía en Hij@ ¿qué es la globalización?, Aguilar, Madrid, 2003, el Diccionario de la Real Academia Española incorporó el término globalización  recién en 2001.

[9] La definición de la OIT (Consejo de Administración, Grupo de Trabajo sobre dimensiones sociales de la liberalización del concepto de comercio internacional, estudios por países sobre las repercusiones sociales de la mundialización, Informe final, noviembre de 1999, párrafo 2, documento GB 276/WP/SDL/1), hace referencia particular a la integración económica y expresa que ésta está “motivada por la liberalización del comercio, los flujos de inversión y de capital, así como la rápida evolución tecnógica”. Quizás deba meditarse acerca del ajuste entre la noción descrita y la realidad de los alcances de sus propósitos en materia de liberalización del comercio al escuchar los inútiles reclamos de la supresión de los subsidios de los grandes países industriales. Al respecto la historia de las gestiones y conciliábulos llevados a cabo para llegar a la “Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el trabajo” producida por la O.I.T. en junio de 1998, revela las resistencias de los países – sobre todo del sureste asiático – a someter su comercio internacional a condicionamientos de orden social y la postura, por otra parte proteccionista, que se manifiesta en los países industrializados que utilizan la “cláusula social” para esos fines con la excusa de una preocupación por las condiciones sociales en los países del tercer mundo (Geraldo Von Potobsky, “La normativa laboral frente a la reestructuración, el desarrollo y la globalización de la economía” en RELASUR, Nº 6 1995). No debe olvidarse que la misma globalización no es un fenómeno espontáneo sino que deriva de una acción concertada por los países centrales – a partir de la creación del famoso “G 7” en la reunión de Rambouillet en noviembre de 1975, pasando por el Consenso de Washington de 1990 – que se ha manifestado en la tendencia hacia la liberalización del comercio internacional acompañada, sin embargo, de las medidas proteccionistas que castigan a los países productores de materias primas.   

[10] Sobre el significado y extensión de Internet véase Ignacio Ramonet “El mundo sin rumbo”, trad. esp. Madrid, 1998, p.213 y especialmente p.226. La denuncia que allí se concreta es respecto de “la dominación casi absoluta de Estados Unidos respecto de estas tecnologías nos puede conducir hacia formas de dependencia y hacia una situación de vasallaje cultural”. Desde el punto de vista de las relaciones humanas tienden a sufrir alteraciones profundas: de algún modo se suprime el prójimo – el que está próximo – porque el e- mail no es el prójimo. Una observación oportuna y aguda de Francesco Viola penetra en los aspectos culturales del fenómeno: “hablar de “occidentalización” del mundo está fuera de lugar. Como lo ha destacado Huntington, la modernización cibernética actual no coincide con la occidentalización, porque está privada de la tradición legada a esta última (antigüedad clásica y cristiana, estado de derecho, pluralismo...” ( “Globalizzazione e diritto”, Universidad de Palermo, Italia, 1999, versión fotostática).

[11] Citado por Estefanía, ob. cit. p. 15.

[12] Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Postsinodal “La Iglesia en América”, enero 1999.

[13] Con palabras de Zamagni, se ha supuesto una asimilación de los conceptos de utilidad y felicidad que responden, obviamente a relaciones distintas: la utilidad está referida a la relación del hombre con las cosas; la felicidad supone relaciones entre hombres. La globalización sin duda aumenta la utilidad (y esto para quienes pueden acceder a los bienes beneficiados por la tecnología) pero en cambio no aumenta necesariamente la felicidad en tanto produce en todo caso, unos distanciamientos cada vez más fuertes entre los hombres.

[14] Véase la información que se ha venido acumulando mientras apareció la revista Relasur  (OIT y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de España) y entre las publicaciones de Oscar Ermida Uriarte,  su “MERCOSUR y Derecho Laboral”, FCU, Montevideo, 1996.  Sin embargo todas estas aspiraciones de unidad o uniformidad, aparecen confrontadas con actitudes políticas muchas veces contradictorias, con vaivenes inexplicables en una cuestión que parece debiera encararse como “política de estado”. Por otro lado dudosas expresiones de deseos de colaboración, contrapuestas a medidas restrictivas (en materia p.e. de visas para trabajos temporarios dificultadas por trabas burocráticas de parte de Brasil,  no obstante la existencia de documentos de compromiso internacional en la zona del MERCOSUR) postergan la efectividad de aquellas declaraciones. O la existencia de fallos que anuncian serias dificultades para la aplicación de las normas comunitarias como sucede con la decisión denegatoria del Superior Tribunal Federal de Brasil con relación al del Protocolo de Ouro Preto (sobre medidas cautelares) con el argumento de que el tratado no estaba formalmente incorporado al derecho interno del Brasil porque no había sido promulgado por un decreto presidencial, lo que compromete el principio de reciprocidad básico en la relación internacional. Todo esto es evidentemente un tema complejo pero que en la práctica posterga la efectiva operatividad de esta declaración. Véase más adelante sobre el tema Capítulo Sexto.

[15] Un interesante problema que se plantea debido a las transferencias de capitales entre países con culturas jurídicas diferentes es que se traduce en conflictos derivados de la aplicación de  normas legales locales– estoy hablando de las de contenido laboral – locales a contrataciones de personal – especialmente de altos cargos – celebradas bajo regímenes jurídicos que regulan la relación laboral de forma totalmente diversa y que se encuentran sometidos, por imperio de las disposiciones de orden público de los países donde tienen ejecución esos contratos, a encuadramientos y regulaciones diversas que provocan naturalmente desajustes profundos en las consecuencias de orden económico y aún de carácter sancionatorio fiscal.

[16] Ferrajoli, L. “Relaciones jurídicas de pacifismo”, Madrid, 2004, p. 142, citado por Baylos Grau en Revista de Derecho Social, n° 28, (2004), p. 194/5.

[17] Miguel Angel Pirolo, “Manual de derecho procesal del trabajo”, Astrea, 2004, p. 90.

[18] Pirolo, loc. cit.