Una respuesta desafortunada

por Jorge Guillermo Bermúdez

Nuevamente la coyuntura configurada por la sobrecarga de juicios ha incentivado la búsqueda de estrategias para superar lo que eufemísticamente se califica como "sobrecarga operativa o coyuntural", inclinándose la mayoría de los proyectos a brindar un desplazamiento de los procesos en correspondencia, exclusivamente, a factores numéricos y evaluación de recursos técnicos, como si se tratare de la producción de bienes industriales, lo que pone de resalto que la hegemonía del pensamiento economicista también ha contaminado el servicio de justicia.

De ninguna manera ello implica desconocer los sistemas a veces calificables de arcaicos y voluntaristas que han imperado en la utilización de la infraestructura judicial, más tales falencias no debieran ser superadas con el abandono de los principios fundamentales que informan la distribución de las causas en orden a su adecuada resolución por especialidad.

Las razones que reiteradamente se esgrimen para adoptar tales medidas son que la implementación no importa costo económico alguno para el Estado, en tanto no exigen la creación de nuevos órganos operativos o segmentar los existentes, posibilitando -además, su operatividad inmediata, a lo que se añade un mejor aprovechamiento y re-distribución de los recursos existentes, compensando en cada fuero y jurisdicción los desequilibrios que sobrevengan, según la cantidad de procesos ante sus estrados.

En realidad, dichos argumentos, aunque intentan bosquejar un plan de optimizar los medios existentes, relegan silenciosamente la principal directriz que sustentara la división funcional por especialidad en el servicio de justicia, porque en muchas situaciones tal asignación no responde a un mero reparto de incumbencias, sino que proviene de la necesaria formación que un magistrado requiere ante una rama del saber jurídico que tiene principios específicos que no siempre coinciden con los que genéricamente se aplican a los litigios.

Siempre se podría predicar acerca de la universalidad del conocimiento del derecho y la presunta actitud de cualquier juez para resolver la controversia que se le asigna, pero tal generalización no sólo es contraria a la realidad, sino que, paradójicamente, en el orden federal pugna con el criterio de selección de los magistrados, en los que la cobertura de las vacantes se produce, justa y fundamentalmente, en base a su especialidad jurídica en determinada rama del derecho.

Desde esa perspectiva, el desplazamiento de causas sólo teniendo en mira equilibrar déficits en el número de litigios, se muestra como un despropósito, no sólo desde el punto de vista funcional, sino inclusive en contraposición del criterio que preside la clasificación de competencias que se consagrara en nuestra organización judicial.

Ciertamente y como acontece en todas las disciplinas sociales existe una franja imprecisa en la que la definición para atribuir una u otra aptitud jurisdiccional puede derivar exclusivamente de una concepción determinada respecto a una política específica a emprender en determinado sector, pero de ninguna manera la circulación indiscriminada de controversias, basada exclusivamente en su cuantía, justifica el apartamiento a un concepto de juez natural que va más allá de la mera enunciación de garantizar el derecho fundamental de la defensa, ya que en la actualidad no basta su consagración, sino también se requiere un "proceso justo", porque de otro modo no hay derechos, ni adecuada tutela constitucional.

Los cambios que en materia de competencia sobrevinieran en el campo de operatividad de la Justicia Nacional del Trabajo se plasmaron a influjo de modificaciones del derecho de fondo; así, la Ley Concursal Nº 24.522 consagró la derogación de la excepción al fuero de atracción y llevó a que el proceso concursal absorbiera las causas laborales en trámite y todo reclamo del acreedor laboral e, incluso, con un singular tratamiento que, aplicado estrictamente, limitaba la posibilidad del trabajador a la verificación y al eventual incidente de revisión, pero no a la alternativa de un proceso plenario con la sentencia correspondiente. Luego se detrajo las contiendas que podrían originarse con motivo de los riesgos del trabajo e inopinadamente, con compromiso a normas constitucionales, se las derivó a organismos administrativos cuasi-jurisdiccionales y, para obviar cualquier reproche, se previó un recurso ante la Justicia Federal de la Seguridad Social, dejando como resabio en el único supuesto subsistente de responsabilidad civil del empleador y contrariamente a lo establecido en los regímenes legales anteriores -salvo la ley 24.028- el conocimiento a los jueces civiles de reclamos por daño intencional del empleador, prescindiendo del vínculo jurídico previo y preexistente entre los sujetos del conflicto, que era el contrato de trabajo y en cuya ejecución se producía el evento perjudicial.

Ante la confrontación numérica entre los expedientes radicados en el fuero comercial y del trabajo, se propicia, por un lado, devolver la competencia detraída por el fuero de atracción, pero no por las razones jurídicas y constitucionales que justificarían la modificación (conf. Augusto Morello y Mario E. Kaminker en Los créditos laborales en los concursos. Una lectura constitucional y sistémica, pub. en E.D. Diario de doctrina y jurisprudencia, del 19.05.04) y, por el otro, desplazar los juicios ejecutivos de menor cuantía, aspecto éste que no tiene aparentemente otro fundamento que conjeturar que existe capacidad ociosa en la Justicia Nacional del Trabajo, porque en realidad, tratándose de ese tipo de ejecución, el fuero afín sería el civil, el cual no sólo es regido por el mismo código adjetivo, sino porque los litigios no tendrían que ser asignados por las calidades arcaicas que en materia de obligaciones todavía se mantienen entre los que se califica de comerciantes y aquellos que no lo son, porque la tendencia unificadora en materia de códigos de fondo, a partir del suizo de las obligaciones e incluso el frustrado intento en nuestro país, respaldaría adoptar esa solución.

Es de desear que quienes aborden una solución a la problemática derivada de la eficacia del servicio de justicia elijan con plena comprensión de los medios existentes aquellas respuestas que preserven la noción de juez natural tanto en orden a la materia, como al territorio, únicos ejes a través de los cuáles puede desenvolverse un servicio de justicia.