La reforma laboral

por Jorge Rodríguez Mancini

Con el dictado de la ley 25.877 estamos transcurriendo una nueva reforma de las normas legales que regulan las relaciones laborales. No vale la pena repasar cuáles han sido en los últimos años y a partir de la sanción de la ley 23.697 que liberó los topes indemnizatorios, las modificaciones que han recibido aquellas normas en direcciones varias veces contrarias entre sí, en un ir y venir fruto de tironeos y réplicas a las precedentes reformas. No cabe duda y creo que desde ningún sector podrá escucharse contradicción acerca de esta apreciación que puede resumirse como una situación de inestabilidad que no ofrece no sólo escasa seguridad a las relaciones jurídicas e impide proyecciones serias que puedan apoyarse en predicciones más o menos ciertas, sino por sobre todo, revela un déficit importante de seriedad como sociedad organizada. Se trata de una expectativa continuada acerca de cuánto podrá durar lo que debería ser la base normativa, el marco legal estable sobre el cual se debieran crear y desarrollar relaciones serias, justas, equitativas que no revelen, como se ha dicho antes, una permanente tensión entre sectores como si la vida social, económica y política consistiera en una constante puja y no en la empresa común que se predica pero que, por lo visto, no es sentida y vivida.

Obsérvese que la última reforma que afecta disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo - módicamente - y las de las leyes de negociación colectiva, de convenios colectivos y de conflictos - además de incursionar en temas como la inspección del trabajo introduciendo también - no podía privarse una reforma de cambiar las reglas sobre estímulo del empleo - disposiciones acerca de lo que se estima contribuye a promocionar contratación de trabajadores en forma permanente, mezclando una vez más lo que es materia de relaciones laborales con la política de empleo, ha sido enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo con la promesa de suprovisoriedad.

En efecto, puede leerse en el mensaje que acompañó el proyecto luego aprobado casi sin modificaciones, que esta reforma es sólo una consecuencia de la urgencia política de superar la situación creada por un cuestionamiento ético y legal a la reforma del año 2000 y que "se posterga para el momento oportuno,(?) el debate enriquecedor, profundo y amplio que estos y otros aspectos del ordenamiento laboral reclaman..."

Y esta promesa de por sí comprometida para el Poder Ejecutivo y que debe tomarse en cuenta para preparar a los sectores académicos así como a los provenientes de las organizaciones sindicales y empresarias, para acudir al llamado que seguramente se producirá para elaborar - alguna vez con auténtico sentido de un diálogo social esperado - un conjunto de normas que abarquen el conjunto de las instituciones que están comprometidas en las relaciones laborales individuales y colectivas. Porque lo cierto es que con medidas como esta reforma, aunque inspiradas como también lo expresa el mensaje, en el "propósito de beneficiar a los trabajadores, de facilitar el desenvolvimiento de las pequeñas y medianas empresas para que creen más empleo, de estimular la negociación colectiva, de incrementar el área de responsabilidad y participación de los actores sociales y su capacidad de autorregular sus actividades y sus naturales conflictos, de modernizar el sistema de relaciones laborales; de perseguir al fraude y al empleo precario, y de garantizar en la mayor medida posible el cumplimiento efectivo de las normas sancionadas para la protección de los trabajadores y como reconocimiento a sus derechos", no se contribuye a la finalidad suprema de otorgar a las relaciones jurídicas una certeza indispensable, una base de consenso y un perfil técnico igualmente necesario. Quiero decir con esto que la ley 25.877, más allá de derogar a la 25.250 cuya autoridad moral - elemento que compone la eficacia jurídica de toda norma - se hallaba deteriorada sin discusión, no se presenta como una contribución efectiva para aquellos fines, sino que posterga lo que debió encararse hoy, cuando el país presencia una coincidencia social en torno a ambiciones de desarrollo económico con progreso social. Debió enfrentarse este desafío -qué hay que esperar? - porque las circunstancias resultan favorables para ese debate y sobre todo porque el país necesita el ordenamiento legal que merece y que contribuya a que de una vez por todas, nos apartemos de la provisoriedad, de la revancha, pero también de las avivadas, los engaños, los abusos del poder obtenido circunstancialmente, características que han presidido nuestra historia reciente y lamentablemente, la no tan reciente. No puede continuarse con leyes superpuestas o con normas de un mismo cuerpo legal que se contradicen, o con disposiciones de sustento cuestionable desde el punto de vista constitucional. Tratemos sinceramente de instalar el diálogo social prometido y participemos de él con verdadero afán de llegar a acuerdos permanentes y alcanzables con normas factibles que sean capaces de lograr la protección esencial de nuestra disciplina respetando los derechos fundamentales de los sujetos involucrados.

En orden a esas perspectivas parece necesario establecer algunas reglas básicas que respondan a un racional enfoque de lo que debe ser un sistema legal de relaciones laborales. Si como ha sido la continuada actitud de inspirarse y más aún, copiarse, la legislación extranjera, seamos lógicos con esa tendencia e instrumentemos - como sucede en esos países que consideramos modelos para trasladar leyes - un sistema de relaciones laborales y no un conjunto inconexo de normas. No mezclemos lo que es materia de otras políticas, como sucede desde hace tiempo con los intentos de promoción del empleo; no dejemos en dos o tres leyes distintas la regulación de las medidas que tienden a amortiguar los impactos de las crisis económicas y en particular de las empresas; no olvidemos en todo momento que tenemos normas superiores - a nivel constitucional y supralegal - que imponen líneas imposibles de marginar para la regulación de las relaciones en todos los niveles, sin buscar eufemismos cobijados en particularidades históricas o de otra naturaleza. Cuando los constituyentes del pueblo de la Nación incorporaron ciertas normas y principios, se supone que consultaron el sentir histórico y auténtico del pueblo de la Nación. De otro modo estaremos edificando una legislación que tarde o temprano sentirá la falta de sustento y pondrá en cuestión su continuidad. Algo de eso ya está ocurriendo y por eso es previsible que otra vez la legislación imprecisa o francamente contraria a los principios constitucionales, sea motivo de nuevos conflictos que redundarán en más juicios que se acumulan creando un sistema basado, al fin, en la inseguridad jurídica. Esta ley que se ha enmarcado en una expectativa no sólo política sino social - al menos por lo que los medios han instalado - motiva precisamente todas estas reflexiones que tienen por propósito único instar a una actitud provocativa de debate en los términos que antes recordara. 

Sea pues ese el espíritu con el que sean leídas porque ese ha sido con el que han sido escritas.