Fundamentos esclarecedores en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion

por HECTOR JORGE SCOTTI

 I.- LA SENTENCIA DE LA CORTE.-

En fecha relativamente reciente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia en los autos "Benítez, Horacio O. c/Plataforma Cero SA y otros s/despido" del 22 de diciembre de 2009 (1), decisorio que, más allá de su contenido intrínseco (se dejó sin efecto, ordenándose dictar uno nuevo, un pronunciamiento de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala IX, mediante el cual se había desestimado el planteo tendiente a obtener la aplicación de lo dispuesto en el art. 30 LCT con relación a una de las demandadas) contiene una serie de consideraciones que por más que son (o debieran serlo) archiconocidas y derivadas de la más rancia ortodoxia constitucional, desde hace un tiempo parecían olvidadas. Más aún, de los expresiones vertidas por la Corte se aprecia con claridad que, en verdad, los ministros intervinientes se consideraron prácticamente "obligados" a formularlas en razón de la proliferación que se advierte en el ámbito judicial, ya sea por magistrados, abogados y doctrinarios en cuanto a citar en apoyo de sus posturas, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referido a una determinada interpretación acerca de normas de derecho común.

Esto se patentiza, en el ámbito de nuestra disciplina, con las sentencias dictadas por la Corte en los casos "Carballo"  (2) y "Palomeque"  (3),  referidos a la responsabilidad laboral de los socios y administradores de las sociedades comerciales derivada de los arts.  54, 59 y 274 ley 19.550. En base a esas decisiones se generó una profusa doctrina y jurisprudencia que sostenía la necesidad de adecuarse o remitirse al "criterio" sentado por el Alto Tribunal en dichos precedentes (4).

Otro tanto puede decirse de lo resuelto en "Rodríguez,  Juan R. c/Compañía Embotelladora Argentina SA y otros"  del 15-4-93 (5), que es, precisamente al que se refiere el pronunciamiento que estamos analizando. El mismo fue dictado en una controversia vinculada a los alcances que debe otorgársele al art. 30 LCT referido, como se sabe, a determinados supuestos de responsabilidad solidaria en casos de cesión o subcontratación de servicios o trabajos correspondientes a la actividad del establecimiento. En esa oportunidad, la Corte incursionó en la exégesis de una disposición de carácter "común" como lo es el citado art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo y a partir de allí es habitual -al menos hasta la fecha- que magistrados, doctrinarios y litigantes para fundar sus asertos con relación a este punto, se limiten a remitirse al "caso Rodríguez" o al "criterio de la Corte en Rodriguez".

Para decirlo más concretamente, el Tribunal Supremo, en ese malhadado precedente "Rodríguez" y con una integración parcialmente diferente a la actual, no solamente invalidó el fallo de un órgano judicial inferior sino que, además, resolvió el fondo del asunto y sentó una interpretación propia del citado art. 30 LCT, con el propósito, según dijo, de "afianzar la justicia"  y "poner un necesario 'quietus' en la evolución de las diversas tendencias jurisprudenciales que distan de ser pacíficas, como surge de numerosos pronunciamientos del fuero laboral".

Y dado que la decisión que habremos de comentar procura, a nuestro criterio, finalizar con una práctica manifiestamente equivocada, es indudable que la misma, con resultar muy importante en función de la temática concretamente involucrada (los alcances del susodicho art. 30 LCT), contiene fundamentos que exceden, notoriamente, ese aspecto, hasta alcanzar una relevancia tal, en todo el ámbito del derecho "común"  y, particularmente en el del "laboral", que merece ser resaltada.

 

II.- LO QUE SE EXPRESA AHORA EN "BENITEZ".-

Frente a un tema de características análogas a las del tantas veces mencionado "Rodríguez", esto es donde estaban en juego los alcances y la interpretación que debe asignársele al aludido art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, la Corte, por mayoría, decidió que debía dejarse sin efecto una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que se había limitado, para fundar su posición, a remitirse a la doctrina sentada en dicho precedente.

Pero además, y por unanimidad (6) señaló que a raíz del contenido de "Rodríguez"  resulta necesario puntualizar que "...resulta impropio de su cometido jurisdiccional en el marco del recurso extraordinario, formular una determinada interpretación de la norma citada, dado el carácter común que ésta posee...".

Señaló, también, que ello derivaba de lo dispuesto en los arts. 67 inc. 11 y 100 de la Constitución Nacional reformada en 1860 que son los 75 inc. 12 y 116 de la Carta de 1994 y, además, del consecuente art. 15 de la ley 48 (del año 1863) aplicable tanto a las apelaciones extraordinarias contra pronunciamientos del orden provincial cuanto del nacional o federal. Luego de citar abundante jurisprudencia al respecto: Fallos  127-36,184-516, 193-138, 276-248, recordó, asimismo, que ya en el siglo XIX había dicho que los arts. 14 y 15 de la ley 48 establecían una prescripción "terminante"  sobre este punto.

En este mismo orden de ideas aclaró que si bien es cierto que el supuesto excepcionalísimo de arbitrariedad autoriza a que el Cuerpo revise decisiones de jueces de la causa en materia de derecho común, la intervención de la Corte en esos casos no tiene por objeto sustituir a aquéllos en temas que le son privativos. Indicó, también, que como se lo expresara en un antiguo fallo "Rey c/Rocha"  de 1909, de no ser así podría encontrarse en la necesidad de rever las sentencias de todos los tribunales de la República en toda clase de causas, asumiendo una jurisdicción más amplia que la que le confieren los arts. 100 y 101 de la Carta Fundamental y 3 y 6 ley 4055, citando a tal efecto la doctrina de Fallos 112-384 y 386/387.

En el mismo sentido, trajo a colación que reiteradamente ha dicho que resulta ineficaz para la apertura de la instancia extraordinaria, el argumento fundado en la diversa inteligencia que los magistrados inferiores hubiesen dado a una disposición de índole no federal, dado los pronunciamientos de "casación"  son extraños a sus funciones.

Por último, y luego de resaltar que las cuestiones atinentes al derecho del trabajo no flexibilizan esta regla toda vez que si intentara conseguir la uniformidad jurisprudencial sobre una misma cuestión en materia laboral, ejercería una facultad ajena al remedio federal, concluye que resulta inconveniente mantener la "ratio decidendi"  de "Rodríguez"  para asentar la exégesis de normas de derecho no federal como el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.

 

IV.- NUESTRA OPINION.-

Resultaríamos hipócritas si no expresáramos que nos sentimos verdaderamente halagados porque nada menos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esta Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha venido a convalidar la tesitura que expusiéramos en un breve y muy modesto trabajo que efectuáramos hace algún  tiempo ya: "Los precedentes ' Carballo'  y 'Palomeque' y un ligero repaso de algunos aspectos de Derecho Procesal Constitucional"  en la publicación de la Asociación de Abogados Laboralistas "La  Causa  Laboral", año II N° 12 Febrero de 2004 p. 9 y ss., con conceptos que, en parte, reiteráramos en "El valor de lo obvio..."  Revista de Derecho Laboral, Actualidad 2008-I p.237 y ss., particularmente fs. 242/243 ap. 3 y que, además, sostuviéramos como integrantes de la sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en diversos precedentes de la misma (7).

Es que según la inveterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (8) y la más autorizada doctrina constitucional (9) se consideran como leyes "comunes" aquéllas que sanciona el Congreso con arreglo a las previsiones del art. 75 inc. 12 de la Constitución de 1994 (art. 67 inc. 11 de la Carta de 1853/60). Estas normas son, básicamente, los Códigos allí mencionados, las leyes que se declaran incorporadas a esos Códigos, así como las que, no mediando tal declaración, las integran, modifican o amplían (10).

Por el contrario, se utiliza el calificativo de leyes "federales" a aquellos preceptos dictados por el Congreso Nacional en ejercicio de las atribuciones que le confiere el art. 75 de la Carta Magna (el 67 en la Constitución de 1853/60), no comprendidas en el aludido inc. 12 ni en el inc. 30 que se refiere a la legislación exclusiva del territorio de la capital de la Nación (11).

Así las cosas, parece indudable que las disposiciones de derecho del trabajo como lo son las comprendidas en la LCT y las leyes 24.013 y 23.545 referidas a incumplimientos de carácter laboral por un lado, y las de naturaleza comercial como los preceptos vinculados a este tema como los arts. 54, 59 y 274 de la Ley de Sociedades por el otro, revisten, ineludiblemente, el carácter de leyes "comunes".

Más aún, y a riesgo de ser calificados como redundantes, conviene tener presente que la propia Corte tiene dicho de manera reiterada que la legislación en materia de sociedades y asociaciones integra la normativa comercial y civil y, consecuentemente, se encuentra bajo el régimen del actual art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional (12).

Tal como, incluso, se lo destaca en el decisorio que motiva este comentario, en nuestro sistema constitucional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no constituye un Tribunal de Casación ni le ha sido asignada la calidad de intérprete final de las normas de derecho común. Excedería notoriamente los límites de este modesto trabajo extendernos acerca de la competencia de nuestro más Alto Tribunal por lo que, en lo que ahora interesa, resulta suficiente puntualizar que cuando interviene por apelación extraordinaria, por la vía del llamado precisamente "recurso extraordinario", se exige, entre otros requisitos que no es del caso mencionar, que exista, ineludiblemente una "cuestión federal", esto es que exista un controversia de derecho acerca de la interpretación de una norma federal, vale decir de una cláusula de la Constitución Nacional, un tratado internacional, una ley federal o un acto federal de las autoridades nacionales (13): pretorianamente, también se le ha asignado el carácter de "cuestión federal" a las sentencias llamadas "arbitrarias", aspecto éste sobre el cual tampoco resulta pertinente abordar su tratamiento en esta oportunidad.

Lo expuesto implica, entonces, que los conflictos jurídicos que versen sobre normas de derecho "común", son insusceptibles de ser objeto del recurso extraordinario federal y, consiguientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación carece de facultades para intervenir en los mismos. Tal es, por otra parte, lo que se desprende con absoluta claridad de lo dispuesto en el art. 15 de la ley 48 en tanto establece que  "...quedando entendido que la interpretación o aplicación que los Tribunales de provincial hicieren de los Códigos Civil, Penal, Comercial y de Minería, no dará ocasión a este recurso por el el hecho de ser leyes del Congreso, en virtud de lo dispuesto en el inciso 11, art. 67 de la Constitución".

Todo ello trae aparejado que, como ya indicáramos, dicho cuerpo se encuentre imposibilitado de fijar la interpretación final de cualquier dispositivo de ese carácter, lo cual, por lo demás, ha sido largamente expuesto por nuestros tratadistas: Imaz y Rey "El recurso extraordinario" p.86; Elías Guastavino "Recurso extraordinario de inconstitucionalidad" pags. 501/502; Lino Palacio "El recurso extraordinario Federal" pag. 149; Genaro Carrió "El recurso extraordinario por sentencia arbitraria" p.24, entre otros.

En verdad, la doctrina señalada no ha hecho sino ratificar los reiterados pronunciamientos del más Alto Tribunal en este sentido. Así, se ha resuelto que la interpretación de leyes nacionales de derecho común no constituye una cuestión federal (Fallos 119, 14; 123, 375; 134, 309; 194, 34; entre muchos otros), que la interpretación y aplicación del Código Civil hecha por los respectivos tribunales no puede ser revisada por la vía del recurso extraordinario (Fallos 96, 347; 136, 131), como así también las decisiones dictadas sobre accidentes de trabajo (Fallos 126, 315 y 325; 184, 390), jornada de trabajo (Fallos 188, 8), quiebras (Fallos 129, 181; 139, 307), entre muchas otras.

En este mismo orden de ideas, también ha decidido que resulta ajena a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema la unificación de la jurisprudencia en materia de derecho común (Fallos 189, 234; 193, 138).

En síntesis, pensamos que a partir de este fallo que, reiteramos el concepto, no obstante encontrarse asentado en nociones casi elementales de derecho constitucional procesal y estar asentada en jurisprudencia del mismo Alto Tribunal que se remonta a los albores de nuestra actual organización institucional, aparece casi como una innovación audaz de la actual integración, nunca más  podrá invocarse que la Corte sustenta tal o cual "criterio" acerca de determinadas cuestiones de derecho común -no federal- ni, consecuentemente, será pertinente adjudicarle una determinada posición o tendencia a en orden a la óptica desde la cual deben examinarse las controversias suscitadas con respecto a normas de esta naturaleza.

 


(1)      En Trab. y Seg. Soc. 2010 revista enero/febrero p. 63; Derecho Laboral y Seguridad Social, Febrero 2010 revista 4 p.323.

(2)      En D.T. 2003-A-p.222.

(3)      D.T. 2003-B-p.1003.

(4)      Ver, entre muchos otros, Horacio Brignole y Osvaldo Maddaloni "La Corte define la aplicación restrictiva..." D.T. 2003-B-p.1003,  Carlos Pose "El caso "Palomeque" o el nuevo contrapunto al reproche de solidaridad..." D.T. 2003-B-p.1539, Ricardo A. Foglia "Comentario de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la responsabilidad solidaria..." Trab. y Seg. Soc. 2003 p.492, C.N.Trab. sala V en Lexis Nexis Laboral y Seg. Social Nº 12/2003 p.826; id. sala IX Lexis Nexis Laboral y Seg. Social Nº 9/2003 p.622.

(5)     En Trab. y Seg. Soc. 1993 p.417.

(6)     Si bien es cierto que la descalificación de la sentencia se adoptó con la disidencia de la Dra. Argibay, en lo concerniente a la improcedencia de que la Corte incursione en la interpretación de normas de derecho común, la decisión fue unánime.

(7)     Ver, entre otros, Expte. 13.441/01 autos "Tassini, Raul A. c/Tele Opción SA y otros s/despido";  Expte. 3.436/03 autos "Moya,Hugo A. c/ Berdichevsky,Miguel y otros s/despido", Expte. 31.754/02 autos " Farias,Ernesto c/Brando Hnos. SA y otro s/ despido" 

(8)     Fallos 136, 131; 184, 42; 189, 182; 248, 781, entre muchos otros.

(9)     Lino E. Palacio "El recurso extraordinario Federal p. 150; Imaz y Rey "El recurso extraordinario" p.72; Genaro Carrió "El recurso extraordinario por sentencia arbitraria" p.23, entre otros.

(10)    Fallos 126, 315; 191, 170

(11)    Más allá, obviamente, de lo dispuesto en el art. 129 y la Disposición Transitoria Séptima de la Constitución Nacional.

(12)    Fallos 229, 507; 239, 174, entre otros.

(13)    Imaz y Rey op. cit. p.62 y ss.; Carlos Bidegain-Orlando J. Gallo "Curso de Derecho Constitucional" t.IV p.290 y ss.