Doctrina: Provincia de Buenos Aires: La tasa de interes compatible con el credito laboral

Por José H. Rodríguez Ponte

El Tribunal de Trabajo N° 2 de Lomas de Zamora -que integro-, desde el  1-1-2001  viene  aplicando  la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos  Aires, contrariando la doctrina legal de la  S.C.J.B.A.,  pero por razones diversas a aquellas que fundan el  criterio del  Alto  Tribunal  Provincial  para  rechazarla, que se intentarán describir a continuación  y que estimo no contempladas en los pronunciamientos  que  se citan infra.

            Este Tribunal en muchos casos no se explicitó la  motivación  del  apartamiento,  hoy a partir de los precedentes  de la SCBA "Ginossi..." (Sent. 21-10-09), "Vigueras..." (Sent. 17-3-10) y "Britte..." (Sent. 23-3-10),  por  razones  de respeto y consideración que se tiene a nuestra más alta investidura judicial local, se impone justificar tal proceder.

            En los precedentes citados se alude a la finalidad reparatoria, contenida en el art. 622 del Código Civil, como en que a  falta de interés convenido o legal son los jueces quienes determinan el interés que se debe abonar y que conforme a la doctrina emanada de la C.S.J.N. en "Banco  Sudameris..."  (Fallos  317:507,  Sent.  17-5-94), los tribunales inferiores  cuentan con "razonable discreción" en torno a  la  determinación  de  la tasa de interés aplicable, donde el ejercicio de tal discrecionalidad no  es  abstracto.

            Existe coincidencia en que debe contemplarse "...el menoscabo que el acreedor  experimenta  a  raíz del retardo imputable al deudor en repararlo...", "...la no asunción en tiempo y forma de las consecuencias jurídicas de la  responsabilidad..." (voto del Dr. Genoud en "Vigueras...").

            Sin embargo cabe diferenciar que  cuando  el derecho en cuestión se ejecuta contra  el Estado, en forma razonable cabe presumir que esta despojado de un  afán  de  lucro  y  eventualmente debería  gozar  de  una  alícuota  atenuada,  pues  los transitorios atrasos  motivados en razones presupuestarias  que  involucran  a  toda  la  sociedad justificarían  la  morigeración.  Circunstancia  que no cabe  extender cuando se trata de particulares (CSJN in re "Valle...", sent. 5-7-05).

            La  motivación  que  guía aplicar la tasa activa  al  crédito  del  trabajador  no  "...implica alterar  el  sistema  nominalista contemplado en la ley 23928, ratificado por la ley 25561, ya que la  fijación judicial   de   la   tasa  de  interés  aplicable  como resarcimiento   por  la  indisponibilidad  del  capital adeudado  es  un  aspecto  diverso y que no corresponde confundir con  el  de  la  prohibición  de  actualizar, indexar  o repotenciar las deudas dinerarias..." (voto del Dr. Hitters en "Britte ...").

            En la elección de accesorios compensatorios no deben utilizarse "...los parámetros de una  entidad  financiera..." y "...antes que a criterios bancarios o mercantiles debe atenderse al armónico juego de diversos principios..." (voto del Dr. de Lazzari en "Britte..."). Ni su fundamento debe basarse en un análisis económico del país o al desarrollo económico, ya que tales juicios seguramente exceden  el  marco jurídico del caso y podrían comprometer la división  de poderes.

            La pauta de valoración para seleccionar el medio debe  tener  en  mira  el  principio  de igualdad ante la ley, pero en igualdad  de  circunstancias.

            No resulta razonable que el acreedor laboral deba  probar que ha debido endeudarse con el sistema  financiero para cubrir el bache económico que le habría ocasionado la falta de pago oportuno del crédito reclamado.

            Por otra parte el acreedor laboral no es igual al  deudor laboral, ya que aquel posee un crédito alimentario, que cuando  es  despedido, deja de percibir su sustento y el de su familia.

            La sanción  de  las  leyes  24013,  25013, 25345, 25323,  25561,  25877,  26088,  26428,  26574  y 26590, resultan demostrativas de un interés preeminente del  Estado  Nacional  de proteger el trabajo estable y registrado, como  incentivar  el  cumplimiento  de  los débitos del empleador -en tiempo y forma-,  durante  el transcurso de la contratación y especialmente al momento de su extinción.

            Coherentemente con tal finalidad  la  C.S.J.N. en el caso "Vizzoti..." (Sent. 14-9-04) consideró: "...necesario  establecer  un nexo entre la indemnización y la realidad concreta del trabajador dañado por la disolución del contrato laboral, dispuesta por el empleador sin justa causa, en tanto la reparación tiene contenido alimentario y se devenga generalmente, en  situaciones de emergencia para el empleado...".  Para continuar afirmando que: "El hombre no debe ser objeto de mercado alguno,  sino señor de todos estos, los cuales solo encuentran sentido y validez si tributan a la realización de los derechos de aquel y del bien común. De  ahí  que no  debe  ser  el  mercado el que someta a sus reglas y pretensiones las medidas del hombre ni los contenidos y alcances  de los derechos humanos. Por el contrario, es el mercado el que debe adaptarse a los moldes fundamentales que representan la Constitución Nacional y el Derecho  Internacional  de los Derechos Humanos de jerarquía  constitucional,  bajo pena de caer en la ilegalidad."

            Con idéntico sentido la CSJN  en  "Aquino..." (Sent. 21-9-04)  consideró: "El trabajo humano tiene características  que  imponen su consideración con criterios propios que obviamente exceden el marco  del  mero mercado económico y que se apoyan en principios, de cooperación, solidaridad y  justicia (...) normativamente comprendidos en la Constitución  Nacional  (...)  y  ello sustenta la obligación de los que utilizan  los  servicios  en  los términos  de las leyes respectivas, a la preservación de quienes los prestan.". "El art. 14  bis de la Constitución Nacional no ha tenido otra finalidad que hacer de todo hombre y mujer trabajadores, sujetos de preferente tutela constitucional.".

            "La manda constitucional del art. 14  bis,  que tiene ya cumplidos 47 años a su vez, se ha visto fortalecida y agigantada por la singular protección  reconocida a toda persona trabajadora en textos internacionales de derechos humanos que, desde 1994  tienen  jerarquía constitucional (Const. Nac. art. 75 inc. 22).".

            Finalmente no pueden dejar de considerarse  aspectos procesales derivados de las demoras  que  sufren los juicios en arribar a una sentencia de condena,  con responsabilidades  compartidas  entre  los litigantes y los  órganos  judiciales,  donde el alargamiento de las causas resulta una buena inversión para el deudor moroso  que  se constituyen en especulaciones antisociales, circunstancias  estas  que deben ser paliadas de alguna manera,  teniendo en  cuenta  la  desigualdad evidente entre el trabajador y el empresario.

            Tampoco resulta ocioso recordar que el  Estado en  todos sus estadios, en pos de metas presupuestarias de equilibrio, si bien primero trata de premiar  a  los buenos  contribuyentes,  cuando estos se atrasan en los tributos los sanciona con elevadas  tasas  de  interés, que a su vez se incrementan si se abren procesos  judiciales. Lo mismo ocurre  con  el  organismo  recaudador AFIP. (ver a título ejemplificativo los arts. 86 y 87 de la  ley 13405 y Res.492/06 del Ministerio de Economía y Planificación de la Nación).

            Por  todo   ello   se   considera   equitativo propiciar intereses equivalentes a la tasa  activa  del Banco   de   la  Provincia  de  Buenos  Aires  (art. 622 Cód. Civil).