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Editorial
 
 

La protección del trabajador que declara como testigo en juicio laboral.

por Miguel Omar Perez


         La prueba testimonial tiene una importancia fundamental  y, en ocasiones, decisiva en el proceso laboral para desentrañar la verdad real de la controversia que se trae  a juicio y  de tal modo -también por vía del principio de primacía  de la realidad-  elucidar  la  auténtica situación fáctica que ha de dar marco a la aplicación del derecho del trabajo.
         En tal inteligencia no es infrecuente  que la declaración testimonial sincera  resulte fundamental en el proceso laboral y si aquélla  es  contraria a los intereses del empleador,    pueda generar una situación de real o potencial conflicto con el testigo que, a su vez, sea dependiente  del demandado.
         La situación apuntada es la que  genera el marco para que el testigo que declara en juicio laboral tenga una  protección    especial en  su  contrato de trabajo con la finalidad evitar o resarcir los  efectos negativos que  se pudieran generar.
         Ello así porque cabe recordar que el  real o potencial conflicto  de intereses con el empleador del declarante puede manifestarse con  actitudes hostiles de distinto tipo e incluso que el testigo empleado del demandado pueda ser injustamente sancionado con el  despido  sea éste  sin causa o bien  encubriendo la misma  con  una  expresión  ficticia  con la que se encubra   la real voluntad de represalia o revancha del principal.
         La posibilidad de que este tipo de conductas del empleador   efectivamente ocurran o bien puedan potencialmente ocurrir, constituye el  fundamento central  para establecer algún tipo de protección adicional para el   dependiente que declare  en juicio laboral y así brindar una mayor garantía para  la efectiva realización de determinados bienes jurídicos tanto respecto del propio trabajador como de la administración de justicia laboral. .
         En efecto,  parece del orden natural de las cosas  que si el testigo concurre a los Tribunales del Trabajo habiendo sido objeto de alguna insinuación, presión o si media algún  antecedente en la empresa de que otro trabajador declarante  ha sido objeto de presiones o sanciones de algún tipo, ello bien puede influir en el ánimo del mismo de modo que su declaración no tenga la suficiente amplitud, veracidad o sinceridad si es que con la misma habría de perjudicar los intereses del empleador y con ello ver concretada la conducta disvaliosa que éste de algún modo hubiera  insinuado o  anticipado.  
         En situaciones  de este tipo ya se configuraría un perjuicio que podría caracterizarse como de tipo sicológico  o moral por el dilema en que se colocaría el testigo ante la presión del principal,  el compromiso con la verdad emergente no sólo de la lealtad que se suele cultivar entre compañeros de trabajo sino también el cumplimiento de la obligación legal de no faltar a aquélla ya sea  no tergiversando los hechos y, sobre todo, no siendo reticente en los detalles  que pueden resultar de singular relevancia en el pleito.
         Ante tal situación no sólo se perfila el perjuicio concreto a la persona del testigo trabajador sino también se   proyectan obstáculos hacia  la administración de justicia laboral  y a los eventuales derechos del reclamante en juicio.
         Esto  porque  si bien es cierto que   la búsqueda de la verdad material no está ausente como  objetivo de toda contienda judicial, no es menos cierto que dicha finalidad está especialmente presente en el proceso laboral.        
         Ello así  porque -como fue dicho al comienzo-  esa búsqueda de la verdad material como objetivo del proceso laboral permite que se concrete la efectiva aplicación de          uno de los principios de derecho sustancial como es   el de primacía de la realidad que  es factible si a la autoridad judicial llega al  conocimiento de  los verdaderos  hechos sobre cuya base se ha de aplicar el derecho sustantivo.
         Ahora bien, hasta aquí el tema ha sido abordado desde la perspectiva de facilitar la aplicación del derecho del trabajo pero también  la protección en tratamiento debe tener su proyección  a la  persona del testigo trabajador.
         En efecto, al establecer algún tipo de protección adicional para el dependiente declarante se contribuiría a brindar a éste una suerte de  mayor tranquilidad de espíritu y la consiguiente disposición para brindar una amplia colaboración con la autoridad judicial al momento de prestar su declaración y si por ésto fuera objeto de despido que la indemnización por éste se agrave patrimonialmente.
         Ello así porque dicha protección traería como correlato una suerte de obstáculo para que el  empleador se vea tentado de  utilizar  al despido como represalia, situación ésta que operaría de similar modo que otras indemnizaciones  por el efecto  pecuniario sobre el principal y el freno que ésto representa para la actitud rupturista  que no tiene sustento en una  causa justificada.
         A esta altura debo señalar que las ideas que se  desarrollan tienen su inspiración en un proyecto de ley  -con  avanzado trámite parlamentario-  del Diputado doctor Héctor Recalde en el que se propicia  establecer legislativamente la protección especial en tratamiento.        
         El proyecto de referencia propone   colocar bajo una protección especial al testigo empleado desde el ofrecimiento de prueba en el que aquél haya sido individualizado, que tenga conocimiento de ello el empleador y hasta un año posterior de la declaración efectivamente producida en juicio laboral.
         En ese lapso se genera una presunción de  que el despido   obedece a la declaración testimonial en las condiciones antes apuntadas y, en tal caso, se establece una indemnización a favor del testigo empleado calculada en un año de remuneraciones acumulable con la que fija el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
         En tales condiciones cabe considerar que la técnica legislativa, que -en grandes trazos- se utilizaría si la mentada protección se convierte en ley,   tiene puntos en común con la empleada  en  la Ley de Contrato de Trabajo respecto del despido durante el  embarazo y por causa de  matrimonio. Es decir: una presunción que admite prueba en contrario y una indemnización fijada con relación a un tiempo -un año- de  remuneración.
         Lo dicho me lleva a señalar, a modo de  conclusión, que el instituto en tratamiento de tener sanción legislativa, consagraría  una adecuada protección adicional a los trabajadores que declaren en juicio laboral que no sólo redundaría a favor de  éstos sino que  también incidiría en la remoción de potenciales obstáculos  para que fluya la verdad material en las declaraciones testimoniales con los consiguientes y beneficiosos efectos para la administración de justicia laboral.

 

 
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