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Editorial
 
 

La competencia de los Tribunales del Trabajo ante la nueva reforma de la Ley de Concursos y Quiebras
Un esperado retorno al régimen original

por Miguel Ángel Maza


1. Un poco de historia: Por decreto-ley 32.347/44, del 30-11-44, se crearon los Tribunales del Trabajo de la Capital Federal sobre la base del proyecto de Eduardo R. Stafforini, como la concreción del objetivo de hacer desaparecer la diversidad de reglas existentes en distintas leyes en cuanto a competencia, normas procesales, etc., dando lugar a un derecho procesal específico, una organización judicial autónoma y una magistratura con especial sensibilidad y versación en la materia, consideradas la tríada de un auténtico derecho social.

Desde 1945, primero bajo las pautas del decreto-ley 32.347/44 y luego con las reglas de la ley 18.345, la Justicia del Trabajo de la Capital Federal funcionó superando las distintas olas de pensamiento social del país y sobrevivió a todos los avatares de la vida institucional, política y económica argentina, marcando un sendero que todo los tribunales a lo largo y ancho de nuestro territorio han tenido en consideración.

En sintonía con el reconocimiento de la conveniencia de que los conflictos jurídicos entre trabajadores y empleadores debían ser decididos por jueces especializados, en tribunales dedicados a la materia social y con un procedimiento imbuido de las particularidades del derecho material, ya antes de la sanción de la ley 19.551, según nos recordara Centeno, ya se había admitido la exclusión del fuero de atracción en cuanto a las acciones promovidas por los trabajadores por créditos u otros derechos provenientes de una relación laboral, merced al art. 45 de la ley 12.948, norma de alcance nacional, con referencia a los arts. 115 y 122 de la derogada ley 11.719 en cuanto a los procedimientos de quiebra (Norberto O. Centeno, en Ley de Contrato de Trabajo Comentada, Ediciones Contabilidad Moderna, Buenos Aires, 1ra. edición, 1978, t. II. pág. 1072).

Las dudas que pudiera haber planteado el juego de los arts. 22 inciso 1 y 136 de la ley 19.551 fueron disipadas por la Ley de Contrato de Trabajo que, en su art. 265 (texto ordenado decreto 390/76) y bajo el título "Exclusión del fuero de atracción", dispuso con prístina claridad que "El concurso preventivo, quiebra, concurso civil u otro medio de liquidación colectiva de los bienes del empleador, no atrae las acciones judiciales que tenga promovidas o que promoviere el trabajador por créditos u otros derechos provenientes de la relación laboral" y que tales reclamos "se iniciarán o continuarán ante los Tribunales del Fuero del Trabajo, con intervención de los respectivos representantes legales, cesando su competencia con la etapa de conocimiento, debiendo proseguirse la ejecución ante el juez del concurso, conforme a los procedimientos previstos por las leyes para estos casos".

Con este criterio legal se hacía realidad lo que señalaba Allocati cuando decía que la instauración de tribunales especializados era una forma de hacer desaparecer la diversidad existentes en distintas leyes en cuanto a la competencia, normas procesales y aún por los diversos criterios sustentados por la jurisprudencia al interpretar las prescripciones legales (Amadeo Allocati, en Tratado de Derecho del Trabajo dirigido por Mario L. Deveali, Editorial La Ley, 2da. edición, Buenos Aires, 1972, t. V, pág. 80).

Y es que era lógico que fueran los jueces del trabajo, con su especial versación y sensibilidad, con los procedimientos específicos que receptan los principios del derecho laboral, quienes resolvieran las controversias jurídicas suscitadas entre dependientes y empresas, aún cuando éstas se hallaren concursadas.

Durante décadas se entendió pacíficamente que correspondía a los tribunales del trabajo expedirse sobre la existencia de los créditos laborales en discusión, aplicando las leyes laborales y las reglas del procedimiento laboral, más allá de que a la hora de la ejecución los particularismos del proceso colectivo del concurso o quiebra y el principio de la par conditio creditorum exigieran que fuera el juez concursal el que la tramitase.

Pese a ese pacífico entendimiento, la ley 24.522 (publicada en el B.O. del 9-8-95), con su art. 22 inc. 5º, vino a modificar el criterio legislativo estableciendo que "Cuando no procediera el pronto pago de los créditos de causa laboral por estar controvertidos, el acreedor debe verificar su crédito conforme al procedimiento previsto en el art. 32 y siguientes de esta ley. Los juicios ya iniciados se acumularán al pedido de verificación de créditos".

Obviamente, esa ley derogó de modo expreso, mediante su art. 293, la excepción prevista en el art. 265 de la L.C.T.

Solamente se excluyó del fuero de atracción concursal a "...los juicios por accidentes de trabajo promovidos conforme a la legislación especial en la materia", en alusión a los reclamos fundados en las leyes 9688, 24.028 y 24.557.

El art. 132 de la ley 24.522 hizo aplicable este mismo criterio legal para el caso de quiebra.

Es decir que desde la vigencia de dicha ley, los conflictos jurídicos entre trabajadores y sus empleadores, si se hallaban concursados o quebrados, no eran juzgados por tribunales especializados sino por los jueces del concurso o quiebra, dando por tierra con los principios elaborados en las décadas precedentes y de los que ya dimos cuenta. Por añadidura, esos reclamos no se regirían por las reglas procesales laborales sino por las previsiones de la propia ley 24.522, que en modo alguno tuvo en consideración las particularidades de las relaciones nacidas del trabajo dependiente.


2
. Análisis crítico: En oportunidad de entrar en vigencia la ley 24.522 expresamos que nos parecía visiblemente equivocado el criterio legislativo pues ni la crisis económica, industrial o social justificaban dejar de lado la evolución del pensamiento jurídico precedentemente reseñada y en tanto la circunstancia de que el deudor o presunto deudor esté sufriendo las contingencias de un proceso concursal no modifica la naturaleza de la relación actor / demandado que dieron origen y reconocimiento a la necesidad de jueces y procedimientos especializados ("El cincuentenario de la justicia del trabajo y la ley de quiebras: una conmemoración paradojal" en revista Doctrina Laboral-Errepar, 1995, Nº 122, pág. 781).

Dijimos entonces que el juez concursal, es claro, no posee el refinado conocimiento de las leyes laborales que tiene el juez de trabajo, lo que es lógico y humano, y hasta un dato admitido por las leyes divisorias de la jurisdicción en razón de las materias; así como que no está imbuido de las particulares características de la relación laboral, material y procesal.

Señalamos que esa traslación de la competencia y la aplicación del procedimiento concursal a litigios de naturaleza laboral conllevaban el olvido liso y llano de garantías y reglas procesales dictadas para los juicios laborales, para adecuar la forma al contenido (ob. cit. pág. 782) y denunciamos que no veíamos qué sentido tuvo esa reforma, cuales fueron sus objetivos ni qué utilidad podía brindar ese cambio de competencia al país, a la economía nacional o al desarrollo socioeconómico.

Por encima de estas consideraciones axiológicas, la realidad, juzgada a fortiori, muestra un dato objetivo que condena la reforma de 1995: los tribunales concursales se atascaron con los juicios laborales y no los pudieron atender con la celeridad, prontitud y prioridad que la naturaleza alimentaria de los créditos en disputa exigen.

Como admite la senadora Negre de Alonso, el perseguido respeto total del principio de universalidad del proceso concursal no pudo ser atendido y la realidad ha dicho que es de imposible cumplimiento, aludiendo incluso a la opinión que los integrantes de la Cámara Nacional Comercial y de la Cámara Nacional del Trabajo vertieran en la Comisión de Legislación General y en la Cámara de Diputados (Liliana T. Negre de Alonso, "Modificación de la ley de concursos", diario La Ley del 12-5-06, pág. 2).


3.- El regreso a la racionalidad: Poco más de una década después, tras múltiples peticiones de todos los sectores involucrados, el Congreso de la Nación, por fin, desandó el equivocado camino que marcara el art. 21 inc. 5 de la ley 24.522.

Como lo reseña Negre de Alonso (ob. y lug. citados), después de las reformas que se le realizaron a la ley 24.522 producto de la crisis del año 2001 por las leyes 25.563 y 25.589, hubo varios proyectos de reforma y algunos alcanzaron media sanción. El 30-3-06 el Senado, cuenta la senadora puntana, insistió como Cámara de origen en un proyecto que integraba tres iniciativas (una de 2001 de Negre de Alonso, otra del 2002 presentada por Vilma Ibarra y una tercera iniciativa, nacida del P.E.N. y presentada en diciembre 2003) y que logró ser sancionada bajo el Nº 26.086.

En efecto, dicha norma legal fue sancionada por el Congreso Nacional el 22-3-06 y se publicó en el Boletín Oficial el 11-4-06, como modificatoria de la ley 24.522. La promulgación había tenido lugar el 10-4-06 por decreto 391/06 del P.E.N.

En lo que a nuestro análisis interesa, cabe destacar que su art. 4 sustituye el texto del art. 21 de ese cuerpo legal.

Según el nuevo art. 21, inciso 2, se prevé que quedan excluidos del fuero de atracción "Los procesos de conocimiento en trámite y los juicios laborales, salvo que el actor opte por suspender el procedimiento y verificar su crédito conforme lo dispuesto por los arts. 32 y concordantes", añadiendo el párrafo siguiente al inciso 3 que "los juicios proseguirán ante el tribunal de su radicación originaria o ante el que resulte competente si se trata de acciones laborales nuevas".

El art. 9 de la ley 26.086 contiene una "Cláusula transitoria", disponiendo que "Los juicios excluidos por el artículo 21, que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley se encuentren radicados ante el juez concursal le serán aplicadas de inmediato las modificaciones introducidas por esta ley a la competencia material, debiendo ser remitidas las actuaciones a la justicia originariamente competente dentro de los QUINCE (15) días hábiles", quedando exceptuados de esta regla los expedientes en los que ya se hubiera dictado el llamado de autos para sentencia, los créditos de pronto pago y aquellos juicios en los que se hubiera optado por la verificación del crédito según lo previsto en el art. 21 inc. 1 de la ley 24.522.

Coherentemente, el art. 7 de la ley de reforma modificó también el texto del art. 132 de la ley 24.522, especificando que "La declaración de quiebra atrae al juzgado en el que ella tramita, todas las acciones judiciales iniciadas contra el fallido por las que se reclamen derechos patrimoniales. Salvo las ejecuciones de créditos con garantías reales, quedan exceptuados de este principio los casos indicados en el art. 21 incisos 1 a 3 bajo el régimen allí previsto...".

Es decir que los juicios laborales, tanto los nuevos como los que estaban en trámite ante el juez concursal, vuelven a ser de competencia de los tribunales del trabajo, como lo establecía originariamente la Ley de Contrato de Trabajo y aún cuando no se haya revivido el art. 265 de esta ley.

Los reclamos que se deduzcan a partir de la vigencia de la ley 26.086 deberán iniciarse ante los tribunales del trabajo, de conformidad con las reglas competenciales de cada jurisdicción. En cuanto a los reclamos laborales que se encontraban radicados en la justicia comercial por aplicación de la cláusula transitoria final de la ley de reforma, deben volver a cada tribunal originario para proseguir el trámite, salvo que en el juzgado comercial se hubiese dictado el llamamiento de autos para sentencia.

Se mantiene, obviamente, la competencia universal del tribunal concursal para la ejecución de las sentencias relativas a créditos laborales, disponiendo el nuevo art. 21 que "En los procesos indicados en los incisos 2 y 3 no procederá el dictado de medidas cautelares. Las que se hubieren ordenado, serán levantadas por el juez del concurso, previa vista a los interesados. La sentencia que se dicte en los mismos valdrá como título verificatorio en el concurso".


4. En síntesis: Tras una experiencia procesal y materialmente insatisfactoria desde todo punto de vista, el legislador dio marcha atrás en la terca e injustificada decisión que tomara en 1995, volviendo a establecer la competencia de los tribunales especializados para resolver los conflictos jurídicos entre trabajadores y empleadores.

Este criterio, con muchas décadas de pacífica aplicación en el país no contraría el principio de universalidad del fuero concursal ya que, en definitiva, la ejecución de las decisiones queda reservada al juez concursal, con lo que se respeta la atracción en el plano de la ejecución colectiva, que es la esencia y razón de ser del fuero de atracción y de la competencia universal.

Además, tal como se había considerado hasta el dictado de la ley 24.522, el eventual sacrificio de esos principios en la etapa de conocimiento bien se justificaba para salvaguardar las particularidades propias de los pleitos contenciosos nacidos de las relaciones laborales, generadoras de reglas procesales específicas y de tribunales con especial versación en la materia social.

 

 
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