Menu
  Haga clic aquí para realizar la búsqueda


Editorial
 
 

Informe Nacional de la República Argentina al XVIII Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

por Armando Rocha


Tema 2: Liberalización del comercio y derecho del trabajo

Debate ideológico y legislación laboral

El país no ha sido ajeno a la reformulación de su legislación, teniendo en cuenta la globalización y en menor medida los cambios tecnológicos y los cambios en la organización del trabajo.

Debemos situar las modificaciones introducidas en el ordenamiento laboral partiendo desde el año 1991, en que se produjo la sanción de la ley 24013 que importó la primera modificación flexibilizadora de importancia e integral al ordenamiento laboral argentino, hasta el presente, distinguiéndose tres períodos : el primero de ellos que se desenvuelve desde 1991 hasta el año 1999, el segundo desde este último año hasta el año 2001 y el tercero desde el año 2002 hasta la fecha de este informe.

Según la ley 24013, cuyo propósito declarado era el de promover la regularización del trabajo clandestino, se incorporaron al ordenamiento modalidades contractuales precarias como ser : el contrato de tiempo determinado como medida de fomento de empleo, el de tiempo determinado por lanzamiento de una nueva actividad, el contrato de práctica laboral para jóvenes, el contrato de trabajo formación, dándose, también, nueva regulación al trabajo de temporada y al contrato de trabajo eventual.

Por ver primera se introdujo en el ordenamiento el despido colectivo estableciéndose normas tendientes a su implementación distinguiéndose dos figuras: el procedimiento de reestructuración productiva y el procedimiento preventivo de crisis de empresas. Finalmente, en lo que hace a este informe, se introduce una modificación en el módulo del cálculo para la prestación de la indemnización por antigüedad regulado en la ley de contrato de trabajo( art. 245.) generada con motivo de la extinción sin causa del contrato de trabajo.

El debate con relación a los tres temas planteados (globalizacíon, cambios tecnológicos y cambios en la organización del trabajo) fue, no solamente motivo de preocupación en los ámbitos universitarios y académicos sin también con otros interlocutores, como ser los siguientes actores sociales: las entidades sindicales (comprendidas en la Confederación General del Trabajo), la entidades de empleadores, como ser la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de Comercio, la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, la Cámara Argentina de la Construcción, la Asociación de Bancos Argentinos, la Asociación de Bancos de la República Argentina, la Sociedad Rural Argentina, la Unión Argentina de la Construcción También se ocuparon del tema entidades de estudios laborales como ser asociaciones de abogados especialistas en la materia, como la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, la Asociación de Abogados Laboralistas, la Sociedad de Estudios Laborales.

El 25 de julio de 1994 los actores sociales mencionados en el párrafo anterior, entidades representativas de los trabajadores y del sector empleador y el Poder Ejecutivo Nacional suscribieron el Acuerdo Marco para el Empleo, la Productividad y la Equidad Social, en cuyo preámbulo se manifestaba que estaba destinado a concertar para acordar las metas de modernización y reconversión del aparato productivo y de expansión del empleo. También se mencionó en el Acuerdo que "el conjunto de acciones propuestas por el Poder Ejecutivo Nacional tiene como objetivos centrales la creación de empleo, el incremento de la competitividad de nuestra economía y la introducción de nuevos elementos de equidad social"

Entre los temas comprendidos en el Acuerdo figuran las siguientes materias: empleo, acuerdos regionales para el empleo, derecho de información, solución de conflictos individuales, higiene y seguridad en el trabajo, participación de los trabajadores, formación profesional, asignaciones familiares, protección de riesgos de trabajo, negociación colectiva, administración e inspección del trabajo, reforma de la ley de quiebras, reforma integral de las relaciones laborales.

Se fijaba un cronograma y un calendario para el tratamiento de los temas y para concretar las propuestas acordadas.

Este acuerdo dio lugar, en muchos de sus puntos, a concreciones legales que se considerarán seguidamente.

Una de ellas fue la ley 24465 que reguló por primera vez el período de prueba (incorporando el art. 92 ter a la Ley de Contrato de Trabajo) y el contrato (no laboral) de aprendizaje. La misma ley incorporó modalidades contractuales de fomento de empleo, contrato de trabajo por tiempo determinado destinado a los trabajadores mayores de cuarenta años, minusválidos, mujeres y ex combatientes de Malvinas.

Reconoce su origen político en ese Acuerdo la ley 24637 de creación del sistema de conciliación previa obligatoria a la instancia judicial, que instituyó el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria ( SECLO) instaurado en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

El Régimen de Asignaciones Familiares también fue reformado por vía de la ley 24714, concretando uno de los puntos comprometidos en el Acuerdo (capítulo 8).

El Capítulo 9 del Acuerdo fue cumplimentado dictándose la ley 24557 que reguló el régimen de accidentes de trabajo.

A su vez la ley 24522 modificó la ley de concursos y quiebras entonces vicentes, cubriendo así el Capítulo 12 del Acuerdo. El Capitulo 13 se concretó mediante del dictado de la ley 24467 que reguló el régimen laboral para la pequeña empresa.

Mediante la ley 24465 se amplió el abanico contractual incorporándose a la normativa el período de prueba para los contratos de plazo indeterminado , modalidad especial de fomento de empleo y el contrato de aprendizaje. Además por la ley 24467 se estableció un régimen contractual especial para las pequeñas empresas, admitiéndose condiciones diferenciales para los contratos precarizados, la incorporación de normas en cuanto a la disponibilidad de algunos institutos previstos en la ley de contrato de trabajo, admitiéndose la posibilidad de incorporar, por vía de la negociación colectiva, cuentas de capitalización de la antigüedad para el supuesto de extinción contractual, en sustitución del sistema general extintivo, sin causa, previsto por el mencionado art. 245 de la L.C.T.

En el año 1998 se sancionó la ley 25013, que tuvo su antecedente en un acuerdo suscripto entre el Ministerio de Trabajo de la Nación y de la Confederación General del Trabajo, que contó con la disidencia de sectores empresarios y sindicales menos proclives a la negociación. Según esta normativa se dejaron sin efecto los contratos precarios promovidos, mencionados anteriormente por regulación de las leyes 24013 y 24465, la reducción del período de prueba, la nueva regulación en materia de pasantías y aprendizaje. También se modificó, a contar de su vigencia del 3 octubre de 1998, el modo de calcular las indemnizaciones por antigüedad en el supuesto de extinciones sin causa, fijándose diferentes parámetros para su cálculo, rigiéndose las extinciones operadas antes de esa fecha el régimen establecido en la ley de contrato de trabajo, con las modificaciones establecidas en la ley 24013. También incorporó esta ley un tipo especial de despido regulándose una forma agravada del mismo bajo la denominación de despido discriminatorio (art. 11 de la ley).

Por ley 24522 se introdujeron modificaciones a la ley de concursos y quiebras, fijándose la extinción de los convenios colectivos para el supuesto de mediar procesos concursales , la regulación de los contratos laborales por vía del contrato individual del trabajo y la instauración de un convenio colectivo de crisis con un plazo de vigencia máximo de tres años (o uno menor en el supuesto de concluir el proceso concursal con anterioridad). También se incorporó a la normativa la vigencia del art. 198 de esa ley por la que se estableció la extinción de los convenios colectivos respecto del adquirente de la empresa del fallido, quedando las partes facultadas para renogociarlos.

La ley 25013 también estableció normas destinadas a activar la negociación colectiva, disponiéndose la caducidad de los convenios prorrogados por vía de ultractividad de sus normas, ratificándose la negociación con intervención de las entidades sindicales con personería gremial, introduciéndose la intervención de representantes de los trabajadores de la empresa junto a los sindicales en ciertos supuestos, estableciéndose reglas de articulación de normas entre la convención colectiva y las normas legales referidas a jornadas y descansos y modificándose normas referidas al procedimiento de la negociación colectiva.
Una nueva normativa (ley 25250, sancionada en el año 2000) sustituyó el período de prueba que se elevó a tres meses, con posibilidad de ampliarlo de mediar su consideración en la convenio colectivo, y se introdujeron importantes modificaciones en materia de derecho colectivo incentivando la negociación colectiva descentralizada, otorgando mayor importancia a los convenios colectivos de menor nivel, limitación a la ultraactividad, la posibilidad de la articulación entre unidades de negociación de ambos diferentes y el descuelgue empresarial en situaciones de crisis.

Esta normativa se encuentra comprendida en lo que hemos denominado segundo período de esta etapa en consideración.

En el tercer período, cronológicamente considerado, tenemos la suspensión de los despidos incausados (por vía de la ley 25561) que rectius deberíamos definir como el agravamiento de los montos indemnizatorios para la antigüedad y preaviso para el supuesto de todos aquellos producidos a contar del 6 de enero del 2001, teniendo su fundamento en las razones de emergencia económica y laboral invocados por el legislador.

En este período tenemos también una modificación a la ley de quiebras, por vía del art. 190 - ley 25589) por la que se admite la posibilidad que el juez del proceso autorice la continuidad de la fallida por medio de una cooperativa de trabajo constituida por los trabajadores de la misma que representen a los dos terceras partes del personal.

Finalmente la ley 25587 derogó la ley 25250, estableció un único período de prueba del contrato de trabajo de tres meses, introdujo modificaciones limitadas en el régimen de preaviso y volvió (con pequeñas modificaciones) al régimen de determinación de la indemnización por antigüedad contemplado en el art. 245 de la versión contenida en la ley 24013, dejando totalmente de lado las modificaciones que había introducido la ley 25013. Importantes modificaciones introdujo esta ley en el régimen de convenciones colectivas, manteniendo el sistema de la negociación centralizada, la ultraactividad de las convenciones no renogociadas, dio nueva redacción al régimen de articulación de convenios colectivos, dio prevalencia a las condiciones más favorables contenidas en un convenio posterior, efectuándose la comparación por instituciones y dio nueva regulación al sistema de descuelgue. También introdujo modificaciones en el procedimiento de negociación colectiva.

Todo ese movimiento social, intelectual y legislativo concluyó como hemos reseñado en modificaciones en diversos temas del derecho del Trabajo, como hemos visto, por lo que nos hemos de referir a otros puntos no considerados en los párrafos precedentes.

La ley 24013, llamada Ley de Empleo, volvió a regular el régimen del salario mínimo , vital y móvil en los arts. 139 a 142 y también volvió a reglamentar el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil en los arts. 135 a 138, pero en sustancia no modificó el régimen vigente hasta ese momento. Se incorporó a le ley de contrato de trabajo el art. 103 bis que definió a los beneficios sociales, a los que no considera remuneración.

El art. 198 de la ley de contrato de trabajo fue modificado admitiéndose la posibilidad de extender la jornada máxima en base a promedio según las características de la actividad (según la ley 24013).

Todas las modificaciones mencionadas tienen vigencia y han sido receptadas por la jurisprudencia.

Del mismo modo las normas contenidas en la ley 25877, última reforma introducida al ordenamiento, como ya señaláramos, es aplicada por las autoridades administrativas y judiciales.


Derecho mercantil y legislación laboral.

Las modificaciones introducidas en el ámbito comercial han producido, también modificaciones en el ámbito laboral.

Ya las hemos reseñado en el detalle las modificaciones producidas por la legislación concursal y sus efectos sobre el mundo laboral, en particular las modificaciones introducidas a la ley concursal (ley 24522 y 25589, ya mencionadas).

Nos hemos de referir a otros temas. En materia de transferencia total o parcial de trabajadores no se han producido modificaciones en la legislación laboral, manteniéndose vigentes los arts. 225/230 de la Ley de Contrato de Trabajo.

La excepción a este régimen general fue dado por el decreto 1803/92 por el que se estableció que en los procesos de privatización concretados o a concretarse no regirían los arts. 225 a 229 del régimen de contrato de trabajo; a su vez el dec. 48/93 estableció que las relaciones de trabajo vigentes en las empresas en vías de privatización, continuarían con el adquirente o el concesionario , y que los trabajadores transferidos a la nueva empresa conservarían la remuneración y antigüedad.

En materia de invenciones del trabajador el art. 82 de la L.C.T. mantiene su vigencia, aunque alterados en sus efectos, luego de las modificaciones introducidas en la ley de patentes y marcas por las leyes 24481, modificada por su similar 24572, y el decreto 260/96. Aunque no mantiene la terminología de la ley laboral distingue los inventos contractuales, los de empresa y los libres.

El régimen de insolvencia del empleador no está contemplado por la legislación argentina, no obstante haberse dictado una normativa cuya vigencia dependía de su reglamentación, la que no se produjo.

Por el contrario el régimen de despido colectivo fue contemplado, como ya anticipáramos, en la ley de empleo, en el procedimiento preventivo de crisis, regulado en los arts. 98 a 105.

La libertad de establecimiento de los trabajadores después de la terminación del contrato de trabajo, contemplado como cláusulas restrictivas de la competencia, no está regulada por el ordenamiento laboral argentino.


Comercio internacional y legislación laboral

La República Argentina participa de un proceso de integración iniciado con la firma del Tratado de Asunción que constituye una unión aduanera multilateral que aspira a la instauración de un mercado común. Este proceso de integración genera la construcción de un espacio social como conjunto de normas e instituciones del Mercado Común del Sur.

La Declaración Social del Mercosur, adoptada por los Jefes de Estado en Río de Janeiro, en el año 1998), proclama los derechos sociales fundamentales en los paises integrantes del Mercosur (Argentina, Brasil, Chile y Paraguay).

Las normas contenidas en la Declaración Social están divididas en cuatro partes: la primera referida a los derechos inviduales, la segunda a los derechos colectivos, la tercera a otros derechos y una cuarta parte destinada a contemplar la aplicación y seguimiento de la declaración.

En los derechos individuales se consignan: la no discriminación (art. 1), la promoción de la igualdad (art. 2 y 3), trabajadores migrantes y fronterizos (art. 4), la eliminación del trabajo forzoso (art. 5), el trabajo infantil y de menores (art. 6).

Se contemplan como derechos colectivos la libertad de asociación (art. 8), la libertad sindical (art. 9), la negociación colectiva (art. 10), la huelga (art. 11), la promoción y desarrollo del procedimiento preventivo (art. 12) y de autocomposición de conflictos y el diálogo social (art. 13).

Bajo la rúbrica de Otros Derechos se regulan el fomento de empleo art. 14), la protección de los desempleados (art. 15), la formación profesional y desarrollo de recursos humanos (art. 16), la salud y seguridad en el trabajo (art. 17), la inspección del trabajo (art. 18) y la seguridad social ( art. 19).

Se considera que las normas contenidas en los arts. 1, 3, 4, 6,8, 9,10, 16, 17, 18, son operativas.

A su vez los arts. 2, 5, 11, 12, 13,14, 15 y 19 serían cláusulas programáticas.

La última parte de la Declaración Sociolaboral está referida a la Aplicación y Seguimiento de la Declaración para lo cual se crea una Comisión Sociolaboral, órgano tripartito, auxiliar del Grupo Mercado Común.

La aplicación de las normas de la O.I.T. como fuente internacional del derecho del trabajo se está abriendo camino en la jurisprudencia nacional, tanto por ser derivación del derecho internacional de los derechos humanos, o por ser parte de los derechos básicos fundamentales de los trabajadores cuanto por ser derivación del derecho de los tratados y su vigencia en el país.

A esos mismos fundamentos se recurre, tanto en la jurisprudencia como en la doctrina, para sostener la aplicación supranacional de las normas emanadas de la Declaración Sociolaboral del Mercosur, esencialmente en cuanto ellas se consideren como normas operativas (del modo que hemos indicado).

La jurisprudencia laboral se va inclinando así a la aplicación de las normas aludidas (tanto las de fuente internacional como aquellas que hacen a la integración) con fallos a nivel de la Corte Suprema de la Nación como de Tribunales Superiores del fuero laboral nacional y provincial.

Como se ha reseñado la Declaración Sociolaboral del Mercosur tuvo su origen en la decisión política de los Jefes de estado de los paises integrantes del Mercosur.

Por el contrario la sociedad civil (sindicatos y ONGS) no fue consultada para la elaboración del acuerdo de integración del Mercosur, o de otros en elaboración, careciendo ella de participación tanto a nivel de consulta o de desarrollo de los cauces de desenvolvimiento.

En el mismo sentido, no se reconoce que existan labores de organismos públicos destinadas a aproximar la legislación de nuestro país a la de sus principales interlocutores comerciales.

Tampoco reconoce nuestro país disposiciones que aten las ventajas comerciales otorgadas a terceros países a la condición de que ellos respeten ciertos derechos fundamentales de los trabajadores.

Asimismo la República Argentina no ha condicionado sus negociaciones comerciales con terceros paises al respeto en el país de derechos reconocidos internacionalmente a los trabajadores.


Soft law y nuevos actores

La República Argentina es receptor de empresas multinacionales que operan a través de distintas figuras societarias, sea como sucursales, filiales u otras formas de organización.

El plano de actividad que ellas desarrollan en el país y sus vínculos con proveedores locales se encuentran fuera de los ámbitos de conocimiento general y no existen fuentes, que no sean las propias empresas involucradas, que permitan acceder a los códigos de conducta impuestos por las empresas trasnacionales así como a su contenido, por consiguiente.

A través de la información recogida por medio de los estudios jurídicos que asesoran a las empresas locales, vinculadas a las trasnacionales, se ha podido recabar que en las empresas de orígen estadounidense existen códigos de conducta que ellas imponen a sus contratistas. Que estos códigos de conducta son totalmente confidenciales y además, en forma expresa, se informa que contienen cláusulas de confidenciales para las partes, por lo que la investigación sobre su contenido y extensión se cierra en forma total.

 

 
Haga clic aquí para acceder al sitio Web de ISLLSS
   
     
:: Asóciese  
     
:: Contáctenos  
     
:: Guía Judicial - Tribunales Laborales  
     
:: Ayuda  
     
:: Enlaces  
   

 
Suscríbase a la Newsletter  
ingrese su mail aquí    
   
Encuesta
 
 
   
Copyright 2008 © AADTySS - Av. Corrientes 1145 10° "A" Telefóno +54 (11) 4382-4242 / 4382-4275 / 4382-1390