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Editorial
 
 

Sobre la responsabilidad solidaria del Estado con sustento en el art. 30 L.C.T.

por Diego Martín Tosca


Los profundos cambios experimentados en las últimas décadas en el métodos de producción de bienes y servicios impactaron fuertemente en las relaciones laborales, tornando habitual la intervención en la contratación de sujetos que, sin revestir directamente la calidad de empleador, o de beneficiarios de los servicios del trabajador, cumplen un papel relevante en el desarrollo de la contratación o de la ejecución misma del contrato.

Este fenómeno, cuya escenario no es otro que la llamada "aldea global", se conoce -es sabido- como descentralización productiva, entendido como una manera de organizar el proceso productivo para la obtención de bienes y servicios basada en una técnica de gestión que consiste en contratar con proveedores externos ciertas fases o actividades de la empresa no consideradas competencias básicas de ésta, con independencia de que con anterioridad las viniera desempeñando o no (1).

Como en todo fenómeno de cierta dimensión o complejidad, pueden observarse diversas causas determinantes o coadyuvantes del proceso, como ser la necesidad de adaptación constante de la empresa a niveles variables de producción; la posible reducción de costos que implica, real o potencialmente; la mayor productividad que se obtiene con la externalización, en tanto promueve la competencia de subcontratistas, e incluso trabajadores independientes, para ofrecer a la empresa central mejores productos a menor costo; o la influencia de las tecnologías de la información, que permite a las organizaciones sistematizar sus actividades en distintos emplazamientos geográficos, generándose el modelo de empresa en red, a partir del cual se articulan estrategias incluso a niveles transnacionales.

Pero el factor que más interesa a los fines de la presente reflexión, es el vinculado con el incremento de los servicios prestados por la administración pública. Este fenómeno ha llevado a que el estado opte, para brindar parte de sus servicios a los ciudadanos, por contratar con empresas privadas -y por ende ajenas a su estructura- la provisión de los mismos. Esta situación, determinante de un alto grado de descentralización, no es considerado debidamente por el ordenamiento jurídico argentino -o, en rigor, por la interpretación jurisprudencial- a la hora de establecer las responsabilidades del estado por la operatoria.
En efecto, no es extraño observar que en determinadas dependencias de la administración pública, o en organismos descentralizados del estado, servicios tales como la seguridad sean brindados por prestadores privados, con los cuales la administración celebra contratos de provisión. Lo propio se verifica, entre otros muchos casos, cuando en un servicio público de salud, como puede ser un hospital, determinada prestación asistencial, como ser el servicio de radiología, no es ofrecida directamente por agentes públicos, sino por empleados de una empresa privada a la cual el estado encomendó, mediante una concesión u otro acto de similar naturaleza, la prestación del servicio.


Estas actividades bien pueden ser consideradas, en hipótesis al menos, como normales, específicas y propias del estado. La seguridad en el ámbito de un organismo público, o los distintos servicios de salud brindados en un nosocomio del mismo carácter, constituyen parte de la función esencial del estado. Recuérdese que el art. 42 de la Constitución Nacional prescribe que las autoridades proveerán a la protección "…de la calidad y eficiencia de los servicios públicos…".

En consecuencia no es posible descartar que, cuando el estado en determinados casos subcontrata un servicio, la situación no pueda ser subsumida en el supuesto contemplado en el art. 30 L.C.T.

Sin embargo nuestros tribunales han rechazado de plano esta posibilidad. Lo han hecho en base a diversos argumentos.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que la presunción de legitimidad de los actos administrativos aparece en pugna con aquélla contenida en el art. 30, que presupone una actividad en fraude a la ley por parte de los empleadores (2).

En la misma línea se indicó que la aplicación del art. 30 L.C.T. presupone la realización de una actividad en fraude a la ley respecto de los trabajadores, lo que impide extender dicha norma a la Administración Pública cuando se haya vinculado con un contrato de carácter administrativo con un empresario privado (2).

Con la misma finalidad desestimatoria se señaló en fecha bastante reciente que el Estado Nacional no puede ser considerado empleador en los términos previstos por la Ley de Contrato de Trabajo, salvo que por acto expreso se incluya a sus dependientes dentro de ese ámbito o en el régimen de convenciones colectivas de trabajo, por lo que mal puede ser alcanzado entonces por una responsabilidad solidaria que sólo es inherente a esta clase de sujetos del contrato de trabajo (art. 2 inc. a) (3).

La eximición de responsabilidad del estado que en los términos precitados se pregona resulta criticable desde diversas ópticas de análisis (4).

En primer término, en el plano estrictamente jurídico, la posición sostenida por los tribunales incurre en cierta confusión conceptual, pues el hecho de que se obligue al estado a afrontar una deuda que el empleador privado con quien realizó una subcontratación mantiene con su trabajador, no convierte al estado en empleador de derecho privado, por lo que no se presenta óbice para aplicar la normativa laboral. Es que, por un lado, el art. 2 de la L.C.T. excluye de su régimen a los empleados de la administración pública, y de lo que aquí se trata es de la aplicación de un precepto de su articulado justamente a empleados privados (los empleados del subcontratista). Por otra parte no es exacto que la extensión de responsabilidad en base al art. 30 transforme al afectado -al responsable solidario- en empleador. El estado pasa en el caso a ser garante solidario del crédito, pero no empleador.

Tampoco resulta acertado alegar que la presunción de legitimidad de los actos administrativos aparece en pugna con la situación de fraude que presupone el art. 30 L.C.T.. Esto último de ningún modo es así, la responsabilidad solidaria prevista en la norma se activa ante la configuración de la situación objetiva que la misma contempla -subcontratación de obras o servicios de la actividad normal y específica propia- en absoluto requiere la presencia de fraude.

No se observan entonces obstáculos de índole legal a la aplicación de las disposiciones del art. 30 L.C.T. a los casos en que el estado aparezca como contratante principal de servicios correspondientes a su propia actividad. No se trata, como se vio, de la imperatividad de la norma en relación a empleados públicos. Tampoco de convertir por esa vía -aunque no constituya esto una situación inadmisible- al estado en empleador de derecho privado. Finalmente, la operatividad del precepto en cuestión no exige la configuración de fraude (eso si se piensa, muy ingenuamente, que el estado no puede incurrir en conductas que puedan ser así calificadas).

En otras latitudes, donde también está diferenciado el régimen de trabajo del sector público del correspondiente al empleo privado, se rechazó categóricamente que la Administración, por no ser empresaria, no pueda asumir del papel de "principal" en una "contrata" (5).

Ya desde el plano axiológico, es claro que resulta tan digno de protección el crédito del trabajador, sea que el contratista principal revista la calidad de sujeto del derecho privado, sea que esté constituido por un ente público. Sobre todo cuando los servicios contratados por los organismos estatales suelen ser propios del sector terciario de la economía (seguridad, limpieza, etc.) supuestos en los cuales el empresario subcontratado carece por lo general de suficiente solvencia económica, por tratarse de emprendimientos que requieren muy pocos activos tangibles. En consecuencia, en salvaguarda del principio protectorio, medular y básico de la materia, no resulta plausible dejar carente de garantía el crédito del trabajador originado en vinculaciones de tal orden, en base a argumentaciones jurídicas que, por lo visto, resultan sumamente discutibles.

 
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1 RIVERO LAMAS, Juan, La descentralización productiva y las nuevas formas organizativas del trabajo, X Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Zaragoza, España, 1999, Libro de Ponencias, Subdirección General de Publicaciones, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, pág. 23.
2 SJN, in re "Váldez, Luis Armando c/ Andes Investigaciones S.R.L. y otro" T. 205 F°172, del 9.2.89 .-
3 CSJN, sent. del 2.9.86, "Mónaco, Nicolás y otro c/ Cañogal S.R.L. y otro", TSS 1992-842
4C.N.A.T., Sala III, Sentencia del 23.3.05 en autos "Díaz, Lorena c/ Servicios Auxiliares S.A. y otro".
5 Doctrina del Tribunal Supremo de España a partir de 1996, conf. Rivero Lamas, obra citada, pág. 48.


 
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