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Editorial
 
 
¿Qué negociación colectiva?

por Adrián Goldin


Me propongo hacer un enfoque acerca del sentido de la negociación colectiva, para plantear luego lo que a mí me parece que se debe hacer a su respecto desde las políticas públicas. En tercer lugar voy a hacer alguna reflexión en torno a la negociación salarial y el conflicto que está actualmente en curso. Y después, finalmente, una reflexión conclusiva sobre las incertidumbres del futuro.

En principio, como todos sabemos y, sin embargo, me parece que vale la pena recordarlo, la negociación colectiva es producto de la comprobación de la ineptitud de la autonomía individual para resolver la problemática laboral. El contrato individual, apto para regular derechos y deberes de quienes los conciertan en otros ámbitos de las relaciones personales y económicas, es inadecuado en el campo de las relaciones laborales, como se hizo evidente a partir de cierto momento histórico que en este recinto no parece necesario evocar. ¿Cómo reacciona el ordenamiento, ante esa carencia? Básicamente con dos reenvíos. Una, a las políticas públicas y a su emergente, la ley laboral; otra, a la autonomía de la acción colectiva, al fenómeno que es producto de lo que suelo llamar la "tensión autónoma de progreso", al conjunto de las relaciones entre las organizaciones sindicales, los empresarios y sus propias organizaciones. Esos - la ley, la autonomía colectiva - son los dos mecanismos que el sistema de protección laboral ha encontrado como alternativa a la ineficacia de la autonomía individual; donde el contrato individual no funciona, entonces políticas públicas y tensión colectiva y autónoma de progreso. Y de esa manera, todos los ordenamientos laborales (también el argentino, por cierto) son una mezcla "a diverso dosaje" de ley y autonomía colectiva. Esta es la contextura que asumen todos los ordenamientos de protección del trabajo; y no sólo los continentales, sino también los de otros sistemas jurídicos, como es el caso del anglosajón. Y es muy importante esta percepción, porque lo que hoy se comprueba y está absolutamente claro es que si la ley no logra asumir todos los roles de la tutela - tal lo que sucede en contextos productivos de creciente heterogeneidad - lo que no viene a ser cubierto por la autonomía colectiva queda deferido a la autonomía individual lo que es, en la mayoría de los casos, la pura unilateralidad empresaria.

De modo tal que no se puede prescindir de los productos normativos de la acción colectiva - los convenios colectivos de trabajo - en un esquema comprometido con la búsqueda del equilibrio social. La ley, en efecto, no da todas las respuestas (como expresé antes, cada vez se le hace más difícil a la ley proveer todas las respuestas) y entonces el papel del convenio colectivo no sólo no pierde significación, como algunos pretenden, sino que por el contrario, deviene aún mas relevante. En un ejercicio de simplificación, podría decirse que la opción que le queda al sistema de protección en tal caso es o autonomía colectiva o pura unilateralidad (ello así, sin perjuicio de que, además, hay temas cuyo tratamiento solo compete, en principio a la autonomía colectiva; el tema de los salarios es atributo casi excluyente de la negociación colectiva; las categorías profesionales (nada menos...) son también su espacio indelegable).

¿Cuál es el papel que deben asumir las políticas públicas frente a los actores a quienes compete tomar las decisiones más relevantes en materia de autonomía colectiva? Este es un tema extremadamente delicado, para cuyo tratamiento he de seguir los criterios elaborados por los órganos de control de la OIT, pues es allí donde puede encontrarse lo que se podría llamar doctrina universal en la materia. Y lo que se desprende de esos criterios es que la autoridad pública tiene un rol activo en la negociación colectiva, pero circunscripto a una serie de conductas de sesgo no coercitivo ni vinculante: le toca promover, fomentar, estimular, alentar, inducir... Y, por el contrario, a las políticas públicas y a la autoridad que la expresa les esta vedado resolver, obligar, imponer, coartar, establecer limitaciones. Se trata pues, en los términos del Convenio 98 y del 154 (ambos ratificados por nuestro país), de un rol activo de carácter promocional unido a una abstención estricta en materia de intervenciones vinculantes que coarten la autonomía. Encontrar el punto exacto de actuación del Estado entre esos parámetros no siempre claramente discernibles, constituye una tarea muy delicada que supone compromiso y voluntad política (de respetar esa lógica), inteligencia, aptitud estratégica, deliberación.

¿Qué alcances tienen, pues, esos roles que el Estado sí debe asumir? El primero, a mi juicio, es el de alentar los intercambios. Insisto en la idea de "intercambios" porque es muy importante que la negociación colectiva tenga dos actores interesados y no sólo uno. Cuando en la negociación colectiva hay un actor que está interesado y el otro sólo resignado, dispuesto a resistirla en cuanto le sea posible, y a caer en ella sólo en caso inevitable y en la menor medida posible, la negociación colectiva va a ser necesariamente débil. De modo tal que interesa al sistema, interesa a los trabajadores, y, desde luego, también interesa a los empleadores, una negociación colectiva en la que las dos partes estén interesadas, y no una en que una de las partes deberá ser arrastrada por las narices, porque de lo contrario ha de hacer lo posible para que la negociación sea tan reducida y limitada como le sea posible.

En segundo lugar, y ya en un abordaje más sustantivo, cabe preguntarse cómo se hace para que ambos actores - y no sólo los trabajadores - estén interesados en la negociación colectiva. Para ello, sirve lo que en la OIT suele llamarse el camino alto, o sea la fijación - por la ley o, como en este caso se propicia, por la negociación - de aquellas condiciones de trabajo que habilitan al mismo tiempo un buen desempeño productivo, y un resultado satisfactorio en términos de equidad y tutela. Hoy está claro para el pensamiento laboral más avanzado, que hay ciertos comportamientos, ciertas condiciones, ciertas estipulaciones - ciertas instituciones, en suma - que son simultáneamente valiosas en términos productivos y en términos sociales. Todo lo que expresa un esfuerzo por escapar de la relación de suma cero en la negociación colectiva - aquella por la cual todo lo que una parte adquiere, es perdida para la restante - e implica una convocatoria al talento y la disposición inteligente.

De otro lado, es necesario que la política pública se ocupe de preservar los equilibrios negociales. Esto, entre otras cosas, significa impedir las manifestaciones de negociación con sujetos no sindicales. Significa también que hay que desalentar los aportes empresarios a los sindicatos. Es fundamental que no haya aportes de los empresarios a favor de los sindicatos en la negociación colectiva, porque nadie puede ignorar que los aportes de los empresarios a los sindicatos expresan un tipo de intercambios que debilitan la energía reivindicativa de los sindicatos. Si yo quiero equilibrio de poderes, si aspiro a una negociación de verdad orientada a mejorar la protección de los trabajadores (necesariamente, sin menoscabo de la eficacia productiva), no puede haber en la negociación colectiva dinero de los empresarios destinado a los sindicatos. Como es evidente, no cualquier dinero es bueno para sostener la legítima y esencial actividad reivindicativa, y el de quien es contraparte en esa reivindicación, seguro que no lo es...

Otra cuestión importante en un proyecto de promoción de la autonomía colectiva, es que debe ser posible negociar en cualquier nivel. Como lo han dicho una y otra vez los órganos de control de la OIT, elegir libremente (por ambas partes) el nivel de la negociación es la primera manifestación de la libertad y la autonomía colectiva. Es necesario, además, que el sistema de la negociación colectiva asegure el respeto del equilibrio interno de los convenios. Cuando se concierta un convenio, ninguna circunstancia posterior - distinta de la propia y plena voluntad de las partes que concertaron el convenio - debe poder alterar la lógica de los intercambios que se expresara al momento de negociar. En otras palabras, no hay circunstancia legítima que autorice alterar ese orden, ese equilibrio alcanzado como producto de elaborados intercambios. Un convenio no puede perdurar en algunas de sus condiciones (v.g., las mas favorables), en tanto otras (las que no lo son) pierden efecto, salvo que las propias partes hayan acordado esa nueva configuración. ¿Para que hacer intercambios, se preguntarán los negociadores, si en algún momento lo que otorgo me es exigido y lo que obtengo me es retaceado? Provocar esta cavilación es atentar contra la viabilidad misma de la negociación colectiva como método de autorregulación de las condiciones de trabajo. No es por cierto un modo de inteligente de "querer" a la negociación colectiva.

Y vuelvo ahora sobre una cuestión que de algún modo anticipara momentos antes. Es esencial evitar toda intervención vinculante por parte de la administración del trabajo en materia de negociación colectiva, asi como en toda otra cuestión que pertenezca al orden de las relaciones colectivas de trabajo. Como es expresión constante y consistente del pensamiento internacional, en materia de relaciones colectivas sólo puede intervenir un organismo independiente y los ministerios de trabajo, en cualquier país y cualquiera que fuera su signo político, no invisten esa condición. Es que los ministros de trabajo son los secretarios laborales del gobierno y, en tanto tales, activos defensores de sus políticas, mientras que los actores colectivos (sindicatos y organizaciones empresarias) tienen, entre otras funciones, la muy legítima de contestar las políticas públicas si consideran que afectan sus sectoriales intereses. Va de suyo que aquel a quien toca defender la política pública no es sujeto imparcial e independiente para juzgar los comportamientos de quienes pueden legítimamente ponerla en cuestión. De algún modo, la reciente ley 25877 ha mostrado alguna comprensión de esa condición, cuando dispone que la definición de lo que constituye "servicio esencial para la comunidad" debe quedar a cargo de una "comisión independiente". Hay que decir, no obstante, que el ordenamiento legal de las relaciones colectivas de trabajo está aún preñado de intervenciones estatales que traicionan esa tan comprensible restricción (que es, en verdad, garantía de la libertad y autonomía de los actores).

Todo ello tiene una contrapartida que de ningún modo cabe minimizar. Como lo ha expresado el Comité de Libertad Sindical hace muy poco en un caso relativo a Rumania, entre tantas cosas que en materia colectiva no es lícito imponer, hay una que los ordenamientos nacionales sí pueden establecer y, es el deber de negociar de ambos actores de las relaciones colectivas. Para el CLS, la imposición legal del deber de negociar no afecta el principio de "negociación voluntaria" (de autonomía colectiva) en la medida, agregaría yo, que se preserven el conjunto de las libertades que vengo de evocar.

A continuación, voy a formular alguna reflexión sobre la negociación salarial que está en curso. Y sobre esto, lo que quiero decir es que se percibe una sobre-excitación, una especie de preocupación exacerbada por el conflicto. Hay conflicto,es cierto, pero su dramatización es, a mi juicio, consecuencia de que los argentinos venimos de una historia de negación o represión del conflicto, cuando el conflicto es, en cierta medida, connatural a la sociedad democrática y capitalista y, en ese marco, vector de progreso social. En una economía que crece, es natural que los trabajadores reclamen su participación en los frutos del crecimiento, es también natural que los empleadores resistan ese reclamo y es natural, en consecuencia, que haya conflicto. De modo tal que la primera conclusión es que no hay que asustarse por esta cuestión, que el conflicto es un mecanismo natural del sistema y que la negociación colectiva es un mecanismo de integración social del conflicto.

En ese marco, el sistema funciona satisfactoriamente cuando la negociación colectiva es cauce eficaz para evitar en buena parte de los casos que el conflicto desencadene en medidas de acción directa, pero también es parte de su lógica que, en otros, el conflicto se exprese en la huelga y la confrontación; paradójicamente, es esta perspectiva de confrontación la que induce a negociar y de ese modo a integrar de modo no traumático al conflicto laboral en la dinámica social. Lo que sí hay que tener en cuenta es que si bien (a diferencia de lo que sucede en los conflictos jurídicos) el ordenamiento no se hace cargo de resolver mediante la actuación de un poder ajeno a las partes la solución de los conflictos de intereses (tal la categoría a la que pertenecen los conflictos colectivos), sí le impone ciertas reglas de juego que las partes deben obeservar. Dicho en otros términos: el sistema admite y hasta garantiza desde la propia Constitución Nacional la confrontación y la autotutela (¿qué es, si no, el derecho constitucional de huelga?), pero aún éstas ríspidas manifestaciones de la contienda laboral se encuentran sujetas a reglas de juego que los actores del conflicto colectivo no pueden dejar de cumplir. El conflicto laboral no es necesariamente previsible en su resultado - éste depende de las relaciones de fuerza, de los poderes de conflicto en contradicción, de la capacidad de negociación de sus protagonistas - pero sí debe serlo desde la perspectiva de su ajuste pleno a derecho. En nuestro país, la inobservancia de esas reglas de juego es harto frecuente, y por variados que suelen ser los intentos por justificar esos apartamientos, yo tengo la impresión de que la inobservancia de las reglas de juego tiene que ver con el tan extendido como enraizado problema argentino de la anomia y consecuente escasa vocación por el cumplimiento de la ley. Se trata de aquello que evocaba nuestro recordado colega y amigo Carlos Nino cuando afirmaba que Argentina es un país al margen de la ley, lo que se manifiesta - hay que decirlo para evitar una utilización sesgada de esa idea - tanto cuando se eluden las reglas de juego a las que se encuentra sujeto el conflicto laboral, como cuando se contratan trabajadores "en negro", alegándose excesividad en los costos o en la densidad regulatoria. No son dos fenómenos idénticos ni se vinculan con carencias o necesidades de la misma jerarquía, pero se asimilan en el común menoscabo de la ley.

Y por último, un comentario sobre la pretensión oficial de que se negocien los salarios con contrapartidas de incrementos de la productividad. Hay un precedente - la imposición de la negociación por productividad tras las consagración de la regla de la convertibilidad en 1991 - que puso en evidencia que el intento de establecer y medir incrementos de productividad en negociaciones que se llevan a cabo en niveles supraempresariales - negociación por actividad o por sector - es inviable; inviabilidad que llevó en esa oporunidad a hacer del incremento de la productividad una ficción mutuamente consentida. En pocas palabras, un dibujo...

Eso no va a funcionar. De lo que se trata, como lo sugerí en mis primeras reflexiones, es de promover los más ricos intercambios. Es en ese enriquecimiento de los intercambios, en el interesamiento de ambos protagonistas, en las garantías de la inalterabilidad de los equilibrios alcanzados en cada negociación, en el respeto de la más plena autonomía de los actores sociales, en donde la negociación salarial encontrará contrapartidas de las que derivarán ventajas productivas "naturales", bien distintas de los artificios a que dan lugar las diversas formas de nuestro frecuente voluntarismo reglamentarista.

Y para terminar, permítaseme formular una convocatoria a la apertura de las voluntades y de las mentes. Está muy claro que la realidad social y productiva que hoy trancurre expresa profundos cambios: ha cambiado la base técnica de los procesos, han cambiado las formas en que se contrata y organiza el trabajo, han cambiado los modos en los que se organiza la producción. Si esto es así, es ciertamente legítimo preguntarse: entre otros cambios institucionales que están en curso o deberán sobrevenir, ¿tiene que cambiar la negociación colectiva?; en caso afirmativo, ¿en qué sentido? Ante la arraigada resistencia cultural a afrontar esos interrogantes - particularmente intensa en cuanto a las relaciones colectivas se refiere - propongo reflexionar sobre lo que nos viene pasando desde hace ya muchas décadas; sobre nuestra indetenible declinación. Nos va muy mal, y es probable entonces que también por ello sea menester cambiar. Tras esa constatación, me pregunto, y le pregunto a mis colegas, abogados y juristas del derecho del trabajo: ¿ Es acaso posible que en los últimos cien años hayamos agotado toda nuestra creatividad y diseñado todos los instrumentos que pueda imaginar la mente de los juristas para proteger a los hombres que trabajan? O, como se interrogaba un distinguido colega, Antonio Martín Valverde, miembro del Tribunal Supremo de España, ¿es que ha llegado el fin de la historia para las técnicas y las regulaciones laborales? ¿Tienen las que existen "perfume de eternidad" (Supiot) o son buenas sólo porque están (Castoriadis)? Puede ser que sí o puede ser que no. Convoco a repensarlo todo con coraje, afirmados, eso sí, sobre valores fundamentales que están en el núcleo de la histórica preocupación por la dignidad del trabajo humano.


Versión corregida de la intervención del autor en la mesa redonda que tuviera lugar el 29 de marzo de 2005 en la Facultad de Derecho en el marco del Proyecto Mariano Moreno, en la que intervinieron Hugo Carcavallo, Héctor Recalde y Noemí Rial, junto al autor.

 

 
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