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Editorial
 
 
Coyuntura laboral y herramientas jurídicas

por Roberto Izquierdo


Entre sensaciones y mediciones la coyuntura laboral se nos presenta hoy en su plena realidad.

Para el común de la gente su percepción es matizada y, como es imaginable, bastante diferente según se la mire desde Buenos Aires o las grandes ciudades del interior, o responda a vivencias de poblaciones menores; especialmente cuando priva en estas últimas su relación con la performance agraria (hasta ahora exitosa en varios sentidos que, por sabidos, eximen de todo comentario y cuya contribución a la ocupación -además de a la riqueza y a la fiscalidad- no es nada desdeñable). Con todo, el retorno del crecimiento económico y un mejoramiento en el nivel del empleo ayuda al olvido social de la ominosa experiencia de fines del 2001 y su conocida cadena de consecuencias; y, al propio tiempo, genera algún retroceso en las expresiones mas duras de la exclusión: la pobreza y, en su escalón mas bajo, la indigencia.

Las mediciones económicas a cargo de especialistas reconocidos y las conclusiones que de ellas se derivan convalidan la mayoría de estas sensaciones. O, si se lo quiere ver de otra forma, la visión común de los fenómenos laborales actuales encuentra explicación en esos razonamientos técnicos.

Ahora bien, puede que desde la ideología, la esperanza o el interés difieran las proyecciones sobre el tiempo que necesitamos para retomar un ritmo de crucero laboral socialmente deseable; pero a nadie convencerán que será corto. Será probablemente un proceso largo y arduo. Y tampoco exento de contratiempos, mas allá de mejores novedades como, por ejemplo, la actual solución del default que da su remedio al colapso de fines del 2001.

En ese contexto y en su abreviación, va de suyo que las decisiones del Gobierno en materia económica llevarán la voz cantante. Pero la contribución de las instituciones laborales no es un tema menor para lo que queda por hacer, como no lo son la actitud que al respecto asuman los protagonistas de las relaciones laborales y los criterios de los juristas del trabajo en sus diversas posiciones, jueces, abogados, y asesores de uno y otro lado, especialmente en el plano de las relaciones colectivas ya que allí habrá de jugarse buena parte del asunto. Y, desde luego, la postura de la administración laboral en su rol estatal de garante natural del bien común.

Por lo pronto la cuestión salarial y la conflictividad que puede generar en su torno concentran la atención general. En algunas empresas del sector privatizado exentas de la competencia internacional es evidente que la recuperación salarial con relación a los niveles cuando estalló la crisis del 2001 ya se ha producido; en otras la desactualización tarifaria parece reducir esa alternativa. Pero, mientras que en el sector público nacional -excepción hecha del aumento judicial- nada indica que las previsiones presupuestarias avancen sensiblemente en este terreno mas allá de los últimos $ 100 de incremento mensual ya concedidos a la administración nacional (mas alguna solución homóloga en la esfera provincial) o el piso de ingresos recién comprometido para los docentes de cualquier jurisdicción, en el resto del sector privado se registran datos alentadores en orden a esa recuperación.

La estadística del Ministerio de Trabajo da cuenta de la reactivación de la negociación colectiva. Sin que contemos con datos precisos todo indica que donde la hubo el salario ha ocupado el centro de la escena. Y si por un lado la política oficial de determinación de aumentos "a suma fija" ha avanzado mas allá del tiempo de la emergencia que la justificaba de manera incuestionable, por el otro la adaptación negocial de esas "pluses" a la estructura de los convenios así reajustados -sea al nivel sectorial o por empresa, y con las ventajas adicionales que ese mecanismo por lo común reporta a los trabajadores- tiende a compensar aquel menoscabo inicial a la autonomía colectiva. Claro está que ese proceso de adaptación no está completado y al compás de la evolución de nuestra economía y de las urgencias sociales se abren permanentemente otras variantes.

Así, nada indica que en los sectores privados beneficiarios de la reactivación económica se detenga la renovación de los acuerdos, ahora apuntando a nuevas metas retributivas. Las empresas líderes de esos sectores han mantenido siempre línea directa con los sindicatos. Y que en un contexto de expansión aparezcan conflictos por pujas salariales no puede ser sorpresa para nadie. En todo caso nuestra carencia de tradición autoregulatoria impone procesarlos en sede oficial, de la que sí cabe una intervención rápida y enérgica, y destrezas mediatorias para ayudar a su solución pacífica. La radicalización de algunos pocos conflictos -los subtes recientementemente, de algún modo los telefónicos poco antes- no resultan indicadores suficientes para afirmar un tendencia en tal sentido, al margen de que en el humor metropolitano su rechazo eclipsó al que experimenta la periódica protesta piquetera. Y sin que en nada ayude a mejorar la atmósfera colectiva tampoco se revela tendencialmente el reiterado conflicto de representación entre camioneros y mercantiles -típico diferendo de encuadre sindical-, cuya judicialización desvaloriza la instancia asociacional que previó la ley.

El problema mas arduo, entonces, se concentra en los sectores productivos y comercial con salarios todavía deprimidos por el sacudón devaluatorio; especialmente en el tramo de las pequeñas y micro empresas. A su vez, con o sin adaptación colectiva, el alcance real de los aumentos oficiales o convencionales a la vasta franja del trabajo en negro -predominante en ese tramo- es, en el mejor de los casos, parcial; con lo cual la diferencia de ingresos con el sector formal continúa ampliándose.

Por ello, debería ser bienvenida una concertación social que plasmara en un acuerdo el tratamiento general de este rezago para la fijación de un nuevo piso remuneratorio y las orientaciones que guiaran las negociaciones que se sucedan; va de suyo que ello solo puede ocurrir en sintonía con las posibilidades que consiente la actual situación económica y sus previsiones de plazo prudente. Se trataría, sin duda, de una buena contribución a la autonomía colectiva y una prueba exitosa sobre la ineludible responsabilidad social de sus protagonistas. Pese a sus altibajos las repetidas reuniones para la formalización de un agenda común entre la CGT y la UIA son señal, al menos, de una preocupación común, lo que no es poco: cuanto mas clarifiquen sus recíprocos interrogantes, menos difícil les será compartir las respuestas.

Desde luego, la industria no contiene a toda la actividad económica; menos aún a todo el asalariado privado. Del mismo modo que no faltarán ejemplos de sectores o empresas de esta o de otros campos que se corten solas mediante convenios con sus sindicatos; así se expresa la multifacética realidad del tráfico que los auspicie y contenga, por lo que deberá vérsela como un dato positivo de esa realidad. Pero una alternativa de concertación social se beneficiará con la participación del empresariado no industrial todavía ausente -por lo que se sabe al momento de escribirse estas líneas- de aquellas conversaciones.

Como ámbito para esa posible concertación ampliada la oferta de nuestro ordenamiento interpela a la voluntad autonómica. Por lo pronto, e incluso como banco de prueba de la vocación articuladora presente en la última reforma de la ley 14250, contamos con el espacio ofrecido por su actual art. 16 para la celebración del "convenio intersectorial o macro", del que la experiencia comparada da ejemplos sobrados y recientes (el caso español, para solo citar el mas conocido) y las reglas previstas en el 18 a ese respecto; contamos también con el Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, cuyas comisiones para el tratamiento del diverso temario que impone el art. 135 de la ley 24.013 y su reglamento se encuentran ya conformadas desde la anterior determinacion del salario mínimo. Tampoco existe obstáculo para una fórmula mixta: parte adentro y parte afuera del Consejo a fin de avanzar por fuera sobre aspectos no previstos en ese específico temario, como por ejemplo la eventual determinación de andariveles salariales -diferenciados o no según que se apliquen a bienes o servicios destinados exclusivamente al mercado interno o sujetos a la concurrencia en los mercados internacionales, y combinados o no con otros indicadores legalmente válidos en función de los cuales se conduzca la sucesiva negociación de nivel sectorial o de empresa; las propuestas sobre incrementos de la producción y la productividad, en cambio, podrían mantenerse "adentro", en tanto aparecen contempladas en el inc. g) del mentado art. 135, con igual propósito de ulterior descenso negocial con la modalidad articuladora que la macroautonomía disponga. Y aunque la suma de previsiones legales y tradición de tutela estatal en materia de relaciones colectiva privilegien estos espacios, nada impide que las cúpulas empresarial y sindical operen sus consensos intersectoriales totalmente fuera de tales formatos; raro sería que el Gobierno -o hipotéticamente el Parlamento si resultare necesaria su intervención- desdeñaran sus conclusiones negándose a traducirlas en norma o en acción del Estado.

A nadie escapa la sensibilidad que despiertan estos temas, particularmente aquellas zonas de la actividad económica donde subsisten rezagos salariales que comprometen la dignidad humana de quienes los sufren. Una orientación general de la macroconcertación, tanto a este respecto como sobre el empleo informal, además de ayudar a superar lo primero y encauzar la solución de lo segundo, podrá estimular los mecanismos negociales de la ley 24.467 para las pequeñas y micro empresas, pues en esa talla empresarial se ubican con mayor visibilidad ambos problemas; sustraerse a la aplicación de las reglas de esta ley -obligadas, por otra parte, en las negociaciones- no solo contraría la realidad (la existencia de un mercado de trabajo que "circula" a varias velocidades) sino que retrasa el achicamiento de las diferencias implícitamente presupuestas en la propia norma.

La indudable ventaja de un consenso social de este tipo es, en todo caso, su aptitud para estabilizar las relaciones colectivas con un horizonte de previsibilidad productiva y de condiciones de trabajo satisfactorias, antesala necesaria de la paz social; repárese que también el compromiso de paz social puede integrarse como un indicador mas en los rubros del consenso condicionando el perfeccionamiento de los acuerdos que lo desplieguen en niveles inferiores.

No se trata, pues, de una visión arcádica sino posible. Pero su presupuesto es la movilización de la capacidad de negociación del protagonismo social a todos los niveles a partir, en esta especial coyuntura, del suprasectorial mas agregado que, aunque expresivo de una capacidad de iniciativa mas difusa, cuenta con la ventaja de poder amalgamar el interés general de los trabajadores con el del sector productivo; en ambos casos previo a las inevitables diferencias sectoriales y entre las unidades económicas -y sociales- a procesar luego en inferiores instancias negociales. Por ende, con la posibilidad de sumar a sus preocupaciones comunes la propuesta o elaboración de nuevas herramientas que reduzcan el trabajo en negro y el desempleo a límites, al menos, tolerables socialemente, y coordinándolas con las políticas públicas activas en igual sentido; porque sabido es que para erradicarlos -la evidencia empírica lo demuestra para ambos flagelos- el crecimiento económico es condición necesaria pero no siempre suficiente.

Con sus mas y sus menos (no es la intención de estos apuntes un ejercicio de comentario o crítica normativa al respecto ni la evocación de anteriores experiencias), las actuales reglas legales son suficientes para encuadrar esas negociaciones y objetivos , y el poder reglamentario y de gestión del Estado está disponible para secundarlas. La coyuntura exige pues activar al máximo estas herramientas.

Lo que significa predicar, a la postre, la rápida puesta en acción de los amplios margenes de autonomía existentes con que cuenta la interlocución social; y, desde luego, el descarte de los meros ejercicios retóricos con que a veces se pretende sustituirla.

 

 
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