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Editorial
 
 
Rasgos comunes y contrastes en los fallos de la Corte Suprema de los casos “Vizzoti” y “Aquino”

por Carlos Alberto Etala


Los últimos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictados a partir del 14 de setiembre de 2004, representan un significativo cambio de rumbo en la línea jurisprudencial que el mismo tribunal había trazado con anterioridad en materia laboral.

La Corte Suprema es el “intérprete final” de la Constitución y esta circunstancia hace indispensable que los juristas pongan detenida atención en la evolución de las ideas, argumentos, fundamentos y consideraciones con los que el más alto tribunal de la Nación da sustento a sus decisiones cuando se trata de determinar la inteligencia que cabe otorgar a una cláusula constitucional, que el tribunal, como síntesis de la “conciencia jurídica colectiva” de la sociedad, debe expresar en un “momento” de la dinámica jurídico-social. Los abruptos cambios interpretativos siempre constituyen un serio obstáculo para intentar determinar con precisión las orientaciones hermenéuticas que han de inspirar los futuros pronunciamientos del tribunal supremo y de sus tribunales inferiores, y perturban la consecución de la seguridad jurídica como valor que toda sociedad pretende resguardar para permitir a sus habitantes ajustar sus conductas a lo jurídicamente debido.

Por tal razón, hemos estimado oportuno y conveniente el propósito de identificar esas ideas, principios, valoraciones y argumentos que constituyen los fundamentos comunes de los fallos que, en materia laboral, ha producido la Corte Suprema, como modo de ir delineando las orientaciones generales que han de caracterizar la interpretación laboral en los casos futuros.

Una primera observación que cabe formular es que los fallos analizados, si bien pueden ser ubicados provisoriamente como un fallo “laboral”, en el caso “Vizzoti”, y como un fallo de la seguridad social en el caso “Aquino”, ello no es claramente así en la consideración de la Corte para la que ambos pronunciamientos podrían encasillarse sencillamente como fallos “laborales”.

El Convenio 102 de la O.I.T., sobre seguridad social (norma mínima), 1952, aunque no ratificado por nuestro país, pone claramente en su Parte VI titulada “Prestaciones en caso de accidente de trabajo y de enfermedad profesional” a la cobertura de estas contingencias sociales como un inequívoco capítulo del objeto de la seguridad social.

Es cierto que en ambos casos los sujetos protegidos son trabajadores en relación de dependencia, pero en todos los países avanzados el fortalecimiento de los instrumentos y técnicas de la seguridad social constituyen elementos indispensables en el camino de atenuar y si es posible eliminar las necesarias inequidades que genera toda economía de mercado y la medida de la evolución y perfeccionamiento de sus instituciones puede servir de seguro parámetro para determinar el grado de desarrollo social de una comunidad.

Sentado lo expuesto, pasaremos, ahora, a sintetizar las líneas comunes que señalan ambos fallos:

1) el más importante es, sin duda, el que destaca a todo hombre y mujer trabajadores como sujetos de “preferente atención o tutela constitucional” (“Vizzoti”, considerandos 8º, 9º y 10º, “Aquino”, considerando 7º), consagrando lo que ha dado en llamarse el “principio protectorio” de derecho del trabajo.

2) otro aspecto destacable de los aludidos fallos de la Corte es el que enfatiza la necesidad de asegurar “condiciones dignas y equitativas de labor” (art. 14 bis C.N.) (“Vizzoti”, considerando 9º, “Aquino”, considerando 7º).

3) la significación puesta en que la legislación siga el “ritmo universal de la justicia” (“Vizzoti”, considerando 9º, “Aquino”, considerando 7º).

4) la importancia asignada al “Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, que cuenta con jerarquía constitucional a partir de la Reforma Constitucional de 1994 (“Vizzoti”, considerando 10º, “Aquino”, considerando 8º).

Existen, sin embargo, algunos principios cuya importancia está claramente destacada en el caso “Aquino” (V. considerando 10º) y que no figuran en el caso “Vizzoti”. Se trata del “principio de progresividad” (art. 2.1., Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y art. 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos) al que se vincula con el “principio de prohibición de retroceso social” o de “prohibición de evolución reaccionaria”.

La aspiración del logro de un progreso lineal e indefinido, sin retrocesos, fue una aspiración permanente de los pensadores sociales más avanzados, a partir de los enciclopedistas. No debe haber seguramente anhelo más legítimo inherente a la condición humana. Sin embargo, cabe tener presente la advertencia que, esta aspiración que pretende engarzarse en el “ritmo universal de la justicia”, en el terreno económico y social, corre el riesgo de poner el ordenamiento ideal normativo en seria colisión con el ritmo particular de los hechos.

 

 
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