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Editorial
 
 
La igualdad en materia laboral y la jurisprudencia de la CSJN

por Luis Ramírez Bosco


La obligatoriedad de la jurisprudencia de la CSJN.

1.-Las decisiones o, si se quiere, la doctrina, de los fallos de la CSJN, no son en nuestro país de seguimiento obligatorio para los tribunales de instancia ordinaria, según lo que disponen (o lo que no disponen) las leyes y lo que se repite quizás demasiado, si se va a tener en cuenta que en realidad esta es una observación cuyo acierto es menos que relativo, o en definitiva, si se van a poner las cosas a la gruesa, mas falsa que cierta.

Esto porque si bien es exacto que no hay norma que haga que los tribunales ordinarios deban atenerse a lo que dispone la CSJN en los casos concretos, ni por vía de casación ni por ninguna otra, lo cierto es que desde hace muchos años la jurisprudencia de la misma CSJN sostuvo la necesidad de que se tengan en cuenta sus sentencias, o de que por lo menos, el tribunal que quiera separarse de ellas se provea, para hacerlo así, de un buen argumento, explícito y fundado.

Por ejemplo, se recuerda siempre que en el caso "Santin c/ Impuestos Internos" (06/10/42 F 212:51), la CSJN llegó hasta a apercibir a dos miembros de un tribunal federal de apelación, por apartarse de su jurisprudencia, porque la mencionó sin controvertir sus fundamentos, con lo cual, entendió la Corte, se estaba desconociendo deliberadamente su autoridad.


2.- En todo caso, lo que seguramente hay- y esto es decisivo- son razones de orden práctico, sobre todo de "economía procesal", para que los tribunales inferiores decidan -con o sin expresión del desacuerdo que tengan- en el mismo sentido en el que la CSJN haya resuelto casos iguales.

Y de hecho, esto en realidad se respeta tanto, que podría tomárselo como una característica o una particularidad del sistema judicial nacional, mas que destacable y se diría que de algún modo ejemplar, porque muestra, entre otras cosas, como es posible la adaptación espontánea a una disciplina eficaz, aún sin ninguna norma que la haga obligatoria.


3.- En todo caso, lo cierto es puede contarse, como con una regla general con que los pronunciamientos de la CSJN serán seguidos por decisiones iguales de los tribunales de menor instancia, salvo casos excepcionales. Estas excepciones, o sea, los supuestos en que los tribunales ordinarios, aún dentro de este panorama pueden entenderse habilitados para apartarse de los antecedentes de la CSJN, serían en la medida en que sea posible esquematizadas. los siguientes:

4.- Las excepciones a la obligatoriedad.

a) Cuando los hechos tenidos en vista en el o los fallos antecedentes de la CSJN, no son o dejan de ser iguales a los sometidos a decisión de tribunales inferiores, sea porque se agregaron algunos hechos distintos, porque desaparecieron algunos de los juzgados en los procedentes o porque simplemente los hechos variaron; en todo caso de una manera apreciable - relevante- tanto como para justificar el cambio de criterio.

Esto, para tomar un ejemplo reciente, pareció que era el supuesto del caso "Gorosito c/ Riva", que al juzgar sobre la constitucionalidad de la ley 24.557 en cuanto excluye a los damnificados de la aplicación de la legislación común, lo hizo en un caso en el que no había daño ni, por lo tanto, posible comparación entre las indemnizaciones que hubiesen resultado de aplicarse el régimen especial o el régimen común y sostuvo en consecuencia, y en abstracto, que el régimen de la ley 24.557 no tiene porque ser inconstitucional o ser, en sí mismo, inconstitucional. Con lo cual, en general, se pensó que quedaba abierta la vía para un replanteo, no bien variaran los hechos porque se presentase un caso en que si hubiese daño, y una indemnización de la ley 24.557 eventualmente inferior(sustancialmente) a lo que hubiese resultado por aplicación del Código Civil.

5.- b)Cuando por la antigüedad de los antecedentes o, particularmente, por un cambio de los integrantes de la CSJN, pueda parecer razonable o prudente prever un replanteo de sus doctrinas.

Es claro que ambas posibilidades deben ser pensadas con limitaciones racionales que (por lo menos así es mi caso) no son sistematizables. Pero ello es así porque hay doctrinas de la CSJN a las cuales la antigüedad, es mas lo que las refuerza que lo que hace previsible su revisión, como puede ser, por ejemplo la doctrina sobre la imposibilidad del legislador para invadir el ámbito de las autonomías privadas sino en supuestos de emergencia, inaugurada por la CSJN con el caso "Ercolani c/ Lanteri " en 1922, F. 136:170); y , por otro lado, no cualquier cambio en la integración de la CSJN debería o podría hacer pensar en un replanteo de sus doctrinas, si no es que esto va acompañado de otros motivos o indicios en el sentido de la modificación (por ejemplo: fuerte oposición de la doctrina autorizada respecto de la posición vigente de la CSJN, recepción ineludiblemente subjetiva de ese criterio por parte del público en general, alteración de las mayorías del tribunal que tomaron los criterios a revisar, etc.).

6.-Eventualmente, porque un tema decidido por la CSJN con anterioridad, deje de ser materia de su competencia (materia "federal"). Esto es un supuesto poco común -y bien discutible- sobre el que se volverá enseguida, al hacer referencia en especial al antecedente "Ratto c/ Stani".

7.- En todo caso, para completar el panorama, es preciso advertir como este sistema que de hecho hace que sean vinculatorios los fallos de CSJN, además de tener excepciones tiene también lo que se podría ver como alteraciones o como supuestos de aplicación no muy sistemática. Lo mas reciente, en este último sentido, debe posiblemente ser lo del ya citado caso "Gorosito c/ Riva", no tanto porque los tribunales inferiores se resistan a seguir su doctrina, porque como muchos tribunales, aún de los de máxima jerarquía provincial, aceptaron la definición de constitucionalidad de la ley 24.557 "a ultranza", como si hubiese sido una afirmación categórica y genérica, que no se altera por mas que se alteren los tan diferenciados hechos que se tuvieron en vista en el precedente.

En realidad, es notable hasta como la misma CSJN, a partir de ese fallo, y cuando se esperaba generalmente una consideración específica de los casos que se le sometieran conteniendo otros hechos, en vez de eso, pasó a resolver los juicios que tratasen el tema de la ley 24.557 en bloque o en conjunto, por directa remisión al criterio de "Gorosito c/ Riva".


8.- La Doctrina de la CSJN en materia de igualdad laboral.

Otro caso particular es el de la evolución de las doctrinas judiciales sobre la obligación de tratamiento igual en materia laboral, cuestión que es el tema específico de estas notas y que se puede revisar empezando por el ya mencionado caso "Ratto c/ Stani", resuelto por la CSJN el 26/08/66 (F 265:248).

Ese fallo definió, en su parte mas conocida y recordada, lo que luego pasó a ser doctrina uniformemente aceptada en materia de igualdad laboral y poco después, en 1974, texto del derecho positivo (art. 81 LCT): la igualdad de trato es obligatoria (así lo establece por lo demás el art. 14 bis de la CN, aunque sea en materia de remuneraciones); y la desigualdad prohibida es la que se funde en razones discriminatorias (por ej. sexo, religión, o raza) pero no en mayores, méritos del trabajador(por ej. laboriosidad o contracción a las tareas).

Es claro que aquella doctrina de la CSJN, y este art. 81 LCT que la reproduce, conducen de inmediato necesariamente a la pregunta sobre que es lo que pasa cuando la distinción entre el trato a dos trabajadores no responde ni a una ni a otra razón o clase de razones, de modo que no es ni de las prohibidas ni de las autorizadas (porque responda por ejemplo a discrecionalidad del empleador, no hostil contra nadie) y, probablemente hace necesario también plantearse, hasta donde, o hasta que nivel o límite, llega la exigencia de trato igual, cuestión esta última que se presenta tan frecuentemente, sino siempre, en cualquier tema propio del derecho del trabajo.

9.- El fallo "Ratti" se hizo cargo de estos planteos y los resolvió así ( en orden inverso al expuesto recién): a) " que el empleador cumple con el mandato constitucional pagando a cada categoría de trabajadores lo que estipula el convenio colectivo" (porque el requerimiento de igualdad "no es sino una expresión de la regla mas general de que la remuneración debe ser justa"); y b) que por encima de esto, se pueden hacer las referidas distinciones según el mérito de cada trabajador, y que el derecho que tiene el empleador para hacerlo así, "no puede sujetarse a la prueba, en la práctica muy sutil y difícil, de que (estos méritos) existen".

O sea, en fin, que la obligación irrestricta de igualdad llega -sólo - hasta el nivel de las remuneraciones garantizadas por normas de aplicación imperativa y que las distinciones por encima de ellas, son discrecionales para el empleador, mientras no respondan a causas discriminatorias. Ello por mas que discrecionales, en este caso, vale la pena aclararlo desde ya, no quiere decir aceptadamente arbitrarias, porque con esto la CSJN no parece haber resuelto mas que la carga de la prueba: es el trabajador quien, conforme con esta doctrina, debiera encargarse de probar que el distinto tratamiento responde a una causa antijurídica, pero ello no quiere decir que si lo prueba, la distinción deba seguir admitiéndose como válida a sola condición de que se esté por encima de las normas imperativas: si se prueba un motivo de distinción descalificable, el trato desigual, según esta doctrina, sería en todo caso inválido.


10.- La jurisprudencia posterior y sus razones.

Lo que pasa, es que esta segunda parte de la doctrina del caso Ratti nunca fue sinceramente aceptada por lo medios jurídicos laborales. Por empezar, ya el art. 81 LCT cuando la transcribió para convertirla en texto legal, tomó solo su primera parte, la mas general, y dejó los dos planteos que se acaban de ver -el del nivel hasta el que es obligatoria la igualdad y el de la carga de la prueba- sin solución explícita, posiblemente tratando así de dar la espalda al espacio discrecional que el caso Ratti adjudicó al empresario o a esa forma de distribuir las cargas probatorias.

Y luego esta difundida mala voluntad se reflejó también en la jurisprudencia ordinaria, porque lo cierto es que la resistencia jurisprudencial contra lo sostenido en el antecedente Ratti fue y es tan difundida, que a veces hasta parece cosa de preguntarse si no o porque, se lo está pasando por alto sin siquiera mencionarlo. En el pacífico panorama de observancia de los fallos de CSJN que se mencionó al principio, este caso o este tema pareciera ser la excepción, ni siquiera la que confirma la regla, sino una excepción simplemente asistemática.


11.- En efecto, si se pudiera hacer una síntesis de la jurisprudencia más común sobre la igualdad, posterior a 1966, esta contendría seguramente los siguientes elementos: a) la falta de mención del caso Ratti, sobre todo de la segunda parte de su doctrina; b) muchas veces, el requerimiento condicionante de que para hacer valer una distinción, aún por encima de las normas imperativas, el empleador haya invocado expresamente una causa de lo que la CSJN y el art. 81 calificaron como de "bien público" (los méritos del trabajador); c) también muchas veces, la afirmación de que la carga de la prueba se distribuye así: el trabajador debe probar la situación igual y el tratamiento desigual y, a partir de allí, el empleador probar la causa legítima del trato desigual (esa que debió invocar).

Con lo cual lo que de hecho hizo o hace la jurisprudencia ordinaria, (apenas disimuladamente) es invertir la carga de la prueba, sobre todo si la "igualdad de situación" se acepta como probada con solo que sean iguales las calificaciones laborales en el recibo de haberes (por ej. "categoría 3"), supuesto en que, si es así, la prueba del trabajador será muy fácil y la del empresario, tan "sutil y difícil" como la vio en su momento la CSJN. Y puesto que lo de la carga de la prueba es decisivo en este tema, para definir en dónde se acaba la discrecionalidad de cada cual que inevitablemente debe existir, (pero que inevitablemente también debe adjudicarse a uno o al otro), resulta que, en fin, esta forma de presentarse las cosas en la jurisprudencia ordinaria no es la del caso Ratti, matizado o ampliado, sino mas bien todo lo contrario.


12.- de esta manera se compone algo así como una subversión jurisprudencial contra una doctrina judicial de la CSJN. Sus causas si no son, o no son sólo atribuibles a razones intelectuales, técnicas o personales, se pueden ubicar como dos principales:

a)El 15 de abril de 1988, la CSJN dictó un fallo en el caso "Fernández Estrella c/ Sanatorio Güemes" (F. 311:1602) en el que hizo lugar a la demanda de una trabajadora jerarquizada, sobre la base de que si cobraba menos que los trabajadores a su cargo, se estaba frente a una discriminación injustificada, contraria al art. 81 LCT y al 14 bis CN. No dijo nada, en este fallo, sobre que si estuviese por sobre los niveles de normas imperativas (lo cual parece seguro que así era) ni sobre cargas de la prueba.

Y muchas veces estas menciones admisión por parte de la CSJN de un supuesto de trato desigual, se entendió por parte de los tribunales inferiores - y por los medios jurídicos en general- como una revocación de la doctrina del caso Ratti, o cuando menos, como un principio de revocación, (lo que no es muy distinto).

Para mas, en el fallo "Fernández" hubo una disidencia (de dos jueces del tribunal) según la cual el avance en las técnicas de "evaluación de tareas o del desempeño en el trabajo", eran ya tales que habían inadecuado reservar ese juicio enteramente a la discrecionalidad del empleador, lo cual, esto si mas claramente, era lo contrario a lo sostenido en el fallo Ratti.

a) El caso Ratti debió resolverse en 1966, por aplicación directa del art. 14 bis de la CN, porque antes de 1974 no había ley que reglamentase la obligación contractual de igualdad salarial. Con lo cual, el caso contuvo "materia federal" solo en razón de esta "laguna".

Pero, al dictarse la LCT, su art. 81 pasó a ser esa reglamentación legal que antes no había, y así el tema habría dejado de ser necesariamente constitucional, para pasar a requerir sólo la interpretación y la aplicación de una ley ordinaria, materia que, en sí misma, no es de competencia de la CSJN.


13.- la primera de estas razones, la del fallo "Fernández", es de lejos la mas difundida y explícita, tanto y a veces tan equívocamente, que se registran poco después, fallos de la CNAT que se fundaron afirmando que lo sostenido en la disidencia era la doctrina de la CSJN.

Cuando en realidad es lo único que tiene garantía de no haber sido aceptada por el tribunal.

En todo caso no es un argumento convincente: en el caso Fernández lo único que hizo la CSJN fue decir lo que -por lo menos a mi juicio- ya estaba implícito en el caso Ratti, salvo que se lo entendiese mal. Dijo en esa segunda oportunidad la CSJN que si hay prueba (sobre la discriminación) debe estarse a ella, y en el caso, aparte de prueba positiva (parece, según el fallo, que se había agregado al expte. una buena foja de antecedentes laborales de la actora) existía la tan nítida prueba de discriminación, que se da en los supuestos de "aislamiento" de un trabajador, cuando a éste es al único al que se lo trata peor que a todos los demás.


14.- O sea que lo del caso Fernández no debería preferentemente entenderse como modificando lo del caso Ratti, sino complemetándolo conforme a la siguiente secuencia: la igualdad de tratamiento (mas que nada salarial) sólo es en principio exigible hasta los mínimos obligatorios requeridos por normas imperativas. Por encima de eso, el empleador puede producir diferencias de trato atendiendo a su propia opinión sobre los méritos de los trabajadores, opinión respecto de la que no tiene la carga de probar que sea acertada o siquiera que los méritos existen. Algo, si es que se quiere cuestionar esa opinión o el tratamiento desigual resultante, la carga probatoria respecto de que se debe a razones no aceptables, pesa sobre el trabajador; pero, si este prueba, la cuestión debe resolverse estándose a lo que así resulte.

15.- la segunda razón, la de haberse convertido el tema de la igualdad en un tema ajeno a lo federal, es mucho menos difundida o, en todo caso, menos explícita. La idea en sí misma es formalmente correcta, porque parte de una observación evidente (la del dictado de la LCT en 1974). Pero no es necesario aceptar que su acierto igualmente sea evidente.

En primer lugar, aún dentro del campo -digamos así- de lo literal de las normas, la obligación de igualdad es ahora efectivamente un tema tratado en la ley, pero que no por ello deja de estarlo, también, en la CN. Y sería cosa de ver como se pueda separar, en el juzgamiento concreto, la consideración de si con la interpretación de la ley, se esté o no respetando la pauta constitucional. Sobre todo así, cuando sobre lo que quiere decir la norma constitucional ya se decidió la CSJN (en el caso Ratti complementado en el Fernández) y lo que encare un tribunal ordinario, se proponga será distinto de aquello.

Luego, se ve también que el caso Fernández se resolvió en 1988, cuando ya estaba vigente la LCT, y que con un argumento como el que se está revisando, no se hubiera podido llevar tampoco ese juicio a la CSJN, ni aún para cuestionar una aplicación equivocada (por extralimitada) de la doctrina de la misma CSJN (la del caso RATTI). De modo que, dicho esto con mas criterio general que observancia del estado literal de las normas, pareciera que la obligación de trato igual puede ser vista siempre como conteniendo material constitucional, sobre todo a partir del decisivo dato de que, de hecho, de este tema se ha ocupado y lo ha definido doctrina de la CSJN, de modo que para resolverlo de otro modo - aplicando o no derecho ordinario - es preciso, inevitablemente, contradecir decisiones de la CSJN, lo que no es algo que se pueda pasar por alto en un panorama general, ese visto al comienzo, en que los fallos de la CSJN son puntualmente seguidos por los tribunales inferiores.

16.- Y es que al fin, la CSJN, en su carácter de supervisor final del estado de las cosas jurídicas en el país, tiene y ejerce una capacidad bastante lata para definir el alcance de su propia competencia, como cuando en el recordado caso "Rodríguez c/ Compañía Embotelladora"(F 316:713) después de sostener que el fallo revisado era nulo por falta de requisitos esenciales, en vez de reenviarlo para que se dictase nuevo pronunciamiento en instancia ordinaria, se autoatribuyó algo con el aspecto de una casación y fundándose en que su decisión "puede contribuir al desarrollo del derecho sobre la materia" y en la significativa importancia (que) para el desarrollo del comercio" tiene una correcta interpretación del art. 30 LCT, asumió así que esto configuraba una "cuestión federal trascendente" y que lo que correspondía, era resolver el fondo de la cuestión para que, con la interpretación que aportase - la CSJN - se pusiera "un quietus en la evolución de las diversas tendencias jurisprudenciales que distan de ser pacíficas". O sea, en fin, entendiendo que su jurisprudencia es obligatoria.

Conclusión.
17.- En tanto que esta nota tiene mas bien el sentido de una crónica jurisprudencial, creo que con ello me puedo eximir de plantear una opción categórica entre las posibles soluciones de fondo, para este inestable estado de las cosas. Lo cual es preferible, por otra parte, porque hacerlo me parece que sería inevitablemente algo un poco preventuoso salvo que se diera una muy extensa fundamentación.

En todo caso, por no omitir del todo una opinión personal, puedo consignar muy sintéticamente, que para decidir sobre la solución de fondo parece se debiera optar por la lógica de que el derecho del trabajo solo protege derechos elementales sobre los que se requiere socialmente asegurar su vigencia efectiva (que es lo mas próximo a la doctrina de la CSJN); o por la de que siempre que hay una opción, en derecho del trabajo debe estarse por lo mas favorable al trabajador. Y que, personalmente, me parece preferible lo primero porque es lo que se adecua mas a la función y al sentido mismo de este derecho.

 

 
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