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Editorial
 
 
Algunas reflexiones sobre multas y sanciones

por Miguel Angel Sardegna


Asistía razón al ilustre académico cordobés Sofanor Novillo Corvalán cuando, en ocasión de su discurso pronunciado con motivo de la inauguración de las actividades judiciales de 1942, en la provincia de Córdoba, exhortando a los jueces a probar la bondad de las instituciones, aconsejaba servirlas con dignidad. Los instrumentos de gobierno no son en sí mismos perfectos o deficientes, su utilidad o fracaso deriva -a su juicio y en el mío- del modo como se manejen los responsables de aquéllos. Así afirmaba que los jueces demostraban la bondad del sistema ejerciendo "con una labor ilustrada, inteligente y sagaz, pero realizada sin dilación ni pereza ... la función pública es un honor, pero a la vez un sacrificio...".

Muchos años después de cuando esas palabras se escucharon (37), pero también no pocos antes que hoy (24) nos expresamos en términos semejantes que hoy reiteramos "la función judicial, la de administrar justicia, la de dar a cada uno lo suyo, luego de ponderar las respectivas razones esgrimidas por las partes y apreciar los aportes en sustento de aquellas, de acuerdo a las normas vigentes y según la apreciación en conciencia de las probanzas aportadas más allá de las reglas de la sana crítica y sin otro límite que el de las propias libres convicciones, me ha resultado siempre digno de admiración. De una admiración rayana entre el respeto y el sobrecogimiento, faena no del hombre común sino del señalado...".

Hoy sigo pensando lo mismo.

Por ello se ha estimado también que las leyes, a veces, con fórmulas flexibles, permiten que el juzgador, se adapte al tiempo y a la analogía de otros casos, lo que no sucede "si éste no ha vigorizado su cultura". Es que la justicia se compone de jueces y derecho, pero el derecho no siempre es justicia.

La ley fija los principios generales que, en nuestra materia, la laboral, no son ambiguos, se injertan en la Ley de Contrato de Trabajo -entre otras- y, como el de la justicia social, su nervio consiste en las posibilidades de la vida; el hombre en su exacta dimensión es proyecto y la destrucción o paralización de éstos es la extrema servidumbre de la gleba, la pobreza sin remedio ni consuelo, la pobreza de la vida, la absoluta injusticia social, como en otra oportunidad señaláramos.

Al juez, penetrado del espíritu general de la ley, es a quien le toca interpretar y hacer la aplicación de aquélla, pero en este ejercicio jamás podrá exceder su poder jurisdiccional alejándose de la norma escrita. Su liberación de la misma sólo puede provenir de una autorización legislativa ya que, como recuerda Jean Etienne Marie Portalis, el "prudente", autor del "Discurso preliminar sobre el Código de Napoleón" (1800), según recuerda el que fuera Presidente de la Academia de Derecho de Córdoba, la violación del texto de la ley es prevaricación.

Por nuestra parte nos hemos referido recientemente al tema en nuestra habitual columna periodística semanal que recoge el Diario "la Unión", todos los miércoles, bajo el nombre de "Viñetas Laborales", como la del pasado 5 de marzo del corriente año que llevó el título de "La ley hay que aplicarla, por eso es ley". Allí, entre otros conceptos, respetuosos e irreverentes, a la manera de Rudolf Von Ihering en su "Jurisprudencia en broma y en serio", expresamos:
Así como resulta imprescindible en un auténtico régimen republicano asegurar la independencia del poder judicial no es menos necesario exigir que el mismo se caracterice por su calidad y por su honestidad.

Todo ello hace a la previsibilidad social que es, en definitiva, la afirmación del derecho. Éste es el más auténtico mecanismo de disciplina social. La norma jurídica existe para evitar la ley de la selva que es la más clara expresión de la lucha de todos contra todos y sabido es, que cuando ella impera, triunfa el más fuerte y no necesariamente aquél que tiene razón. La ley está para impedir eso. Si no se cumple o no se hace cumplir porque a alguien no le interesa que ello ocurra o quien está obligado a decidir su aplicación o a sancionar los desvíos de los particulares no es independiente, no se halla a la altura que le exige la función o, lo que es aún más grave, adolece de falta de calidad profesional y honestidad intelectual, o de la otra, falla el sistema. Nos encontramos entonces frente a una situación de anomia que no permite nunca anticipar la conducta social. Prevalece entonces el desorden.

Así como el poder legislativo produce la norma, el judicial la interpreta y aplica. No puede soslayar su obligación. No puede negarse a juzgar, aún ante la existencia de una norma incorrecta. Si la norma existe los jueces deben aplicarla; en su defecto pueden acudir al recurso extremo que las normas superiores establecen tachando a dicha ley de contraria a la Constitución.

Pero, vale la advertencia, bien se ha señalado oportunamente por la Cámara del fuero que la función del juez es la de aplicar la ley de acuerdo con la voluntad del legislador, a quien puede sí señalarle los inconvenientes de la norma según lo que resulta de la experiencia, pero no puede sustraerse a su aplicación en la medida que la misma no viole derechos de orden superior.

El juzgador debe contar con sólidos argumentos cuando adopte la extrema decisión de declarar la inconstitucionalidad de alguna norma legal.

Se podrá estar o no de acuerdo con la opinión elegida por el legislador, pero esto hace a una cuestión de oportunidad o conveniencia que los jueces, so pena de afectar la división de poderes, no pueden revisar, salvo por cierto, que la medida sea manifiestamente irrazonable o viole un derecho constitucional, como ya se ha advertido.

Pero no resulta ocioso recordar que de cualquier manera el planteo de inconstitucionalidad no es la solución ideal porque sólo es útil tal decisión sobre el tema en particular y para el caso concreto al que el juzgador se aboca y no tiene otra consecuencia ya que no trasciende el tema aislado, sin perjuicio que esta decisión puede ser pionera en la eventual futura rectificación. Esta conclusión judicial invita a la intervención del otro poder de la República, el legislativo, para reexaminar la norma y, tal vez, arbitrar otra solución jurídica que puede ser la derogación lisa y llana de la considerada mala ley o, en su caso, la creación de otra, que podrá estimarse más ajustada a derecho y que reemplace la norma que se objeta. La mala ley sólo puede ser superada con la sanción de una nueva, buena.

Si la ley es mala lo que corresponde, a nuestro juicio, es derogarla o sustituirla por otra mejor a través de la actividad del poder competente; no sustituir a éste por el que corresponde interpretarla y aplicarla porque ello desnaturaliza la republicana división y equilibrio de poderes que distingue al régimen republicano; ni corregir la norma con planteos paliativos que nunca podrán exceder del caso individual. Esta es la tesis que sostenemos desde antaño y sobre la que ya tuvimos oportunidad de pronunciarnos hace ya muchos años cuando se intentó judicialmente forzar la interpretación de la ley -que luego felizmente y por la vía correcta se modificó-. En esa oportunidad el funcionario judicial interviniente, que era entonces un amigo, para justificar lo que considerábamos un exceso fruto no de su arbitrariedad sino de las turbulencias económicas que por ese entonces todos sufríamos, se turbaba y no entendía porque por nuestra parte insistíamos que nos resistíamos a aceptar, como me lo sugería, "vivir en un país donde la inflación debía considerarse como un fenómeno natural semejante a un accidente geográfico o una constante meteorológica".

Hoy, y ya pasado más de un cuarto de siglo, sigo pensando lo mismo.

Hoy vivimos en emergencia, pero me resisto también hoy a creer que ésta, que por definición se caracteriza por lo imprevisto, repentino, excepcional, transitorio o efímero, se convierta en lo habitual, regular, permanente y duradero. En el libro "Emergencia Laboral. Salarios. Suspensiones. Despidos", recientemente aparecido bajo el sello de editorial Lexis Nexis y en coautoría con Paula Sardegna, expresamos que con esa invocación los derechos y la representación en la formación de las leyes se diluye. La emergencia siembra el caos y la crisis y ésta, a su vez, alimenta la controversia relativa a la eficacia económica del derecho la que converge, inexorablemente, en una sola vía: la inestabilidad política y la inseguridad jurídica.

Por eso la emergencia va a pasar. Tiene que pasar.

Las normas laborales sufrieron prácticamente durante toda la década pasada una regresión entrópica que resultará difícil de superar. Difícil, no significa imposible.

Una rápida revista a ese lapso provocaría una extensión desproporcionada de este aporte y esa no es la intención; además, resultaría redundante.

Nos remitimos a cualquier estudio sistémico difundido sobre la cuestión, como la obra de Paula Sardegna, "Entropía de las normas laborales" que publicó la editorial Eudeba en el año 2000, o a todo lo que la doctrina oportunamente comentó cuando se conocieron las leyes que establecieron, entre otras, las regulaciones laborales impuestas, luego bautizadas por sus mismos creadores con el eufemismo de "contratos basura", la novedosa creación de la disponibilidad colectiva, la imposición del período de prueba, la reducción de las indemnizaciones por despido, la eliminación de institutos protectorios contra la extinción injustificada del contrato de trabajo , la reducción significativa de las garantías secularistas, en particular referidas a las asignaciones por cargas de familia, y las innovaciones sustanciales en la protección por las contingencias patológicas derivadas de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, con la creación de las A.R.T y el nuevo régimen de jubilaciones y pensiones modificado sustancialmente con la introducción de las A.F.J.P. violadoras, para no pocos, de los principios de solidaridad, universalidad y responsabilidad social. En fin...

Los vientos flexibilizadores que arreciaron en ese tiempo al conjuro de las necesidades coyunturales que extraviaron el camino que marcaba el desatino golpeaba el derecho de los trabajadores. Ése que se labró con tanto esfuerzo y vocación republicana.


En una meseta de ese transcurrir, durante el bienio 2000/2001, una serie de normas sobre esta materia (el derecho laboral) parecieron intentar revertir ese recorrido. Desearía rescatarlo del olvido.

Y con respecto a ello quiero detenerme en dos leyes que se sancionaron en ese momento las que fueron aparentemente receptadas en el fuero con dispar entusiasmo.

Me refiero a las normas que han determinado la aplicación de sanciones y de multas ante distintos incumplimientos del patrón, tales como las leyes 25.323, que dispone un incremento del 50% sobre las indemnizaciones cuando éstas no se abonen en término y obligue al trabajador a litigar, y la 25.345 que determina el pago de una indemnización a favor del trabajador equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual cuando el empleador, debidamente intimado, no entregue el certificado de trabajo a su debido tiempo al subordinado que se lo reclama.

La ley 25.323 fue publicada en el Boletín Oficial el 11 de octubre de 2000 y se tornó obligatoria ocho días después (art. 2 del CC.), esto es, el 19 de octubre de 2000, por el artículo 2 de la misma se agrava en un 50 % de sus respectivos montos las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la L.C.T., 6 y 7 de la ley 25.013 o las que en el futuro les reemplacen, siempre que el empleador, fehacientemente intimado, no cumpla con el pago y obligue a iniciar acciones judiciales o conciliatorias previas.

La misma ley autoriza a reducir parcialmente el importe de la agravación y hasta disponer la eximición total del pago si el juzgador advierte que hubiesen existido causas justificatorias de la conducta del incumplidor.

De esto se halla autorizado el juez, pero bajo una condición: que su resolución la funde. No cabe la sola decisión del juzgador o su mera opinión huérfana de fundamento o con argumentos endebles carente de toda razonabilidad, violando este otro principio general.

Por ello, quien así procede, parecería no ajustarse al mandato legal.

Cuando por el artículo 1 de la misma norma se incrementa al doble las indemnizaciones por despido (art. 245 de la L.C.T. ó 7 de la ley 25.013 y las que en el futuro les reemplacen) porque se trata de una relación laboral que al momento del despido no está registrada o lo esté de modo deficiente la norma sólo exige para su efectivización el cumplimiento de los plazos previstos, (30 días para regularizar la situación) y la no acumulación de esta indemnización con las previstas en la ley de empleo, 24.013, la que a través de sus artículos 8, 9, 10 y 15 establece todo el régimen de regularización del empleo no registrado.

Para estos casos el juzgador no parecería encontrarse habilitado para disponer alguna exculpación del infractor. Debe exigir el cumplimiento de la ley.

No puede invocar aquí ni por analogía lo previsto para el otro caso -ya mentado- del artículo 2, ni invocar el artículo 16 de la ley 24.013, que también admite reducciones y hasta eliminaciones de la duplicación prevista en el artículo 15, de aquella norma, porque se trata de otro supuesto que la misma ley que se comenta expresamente distingue.

Los jueces, aquí, tampoco deberían torcer la voluntad del legislador.

Cabe recordar también, finalmente, que por el artículo 45 de la ley 25.345, publicada en el Boletín Oficial el 17 de noviembre de ese mismo año 2000, se amplía el último apartado del artículo 80 de la L.C.T. (t.o. 1976) estableciéndose la sanción de una indemnización a favor del trabajador que no recibiere de su empleador, luego de su requerimiento, el certificado de trabajo que éste está obligado a entregarle cuando su contrato se extingue por cualquier causa. Esta indemnización o sanción, cuya naturaleza trató recientemente de desentrañar con su acostumbrada agudeza Ackerman, en su colaboración en la Revista del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, correspondiente al mes de diciembre de 2002, tampoco puede ser desconocida por el juez que si otra facultad tiene, en esta cuestión, no sería la de encontrar eximentes para el incumplidor sino la de aplicar -eso sí- las sanciones conminatorias, que simultáneamente puede además imponer, para hacer cesar la conducta omisiva del empleador.

No puede otra cosa hacer el juzgador.

Y no debería tampoco enervar esta decisión alguna conclusión judicial inconsistente, felizmente asilada, tal como, por ejemplo, y según registra la crónica jurisprudencial, la excusa de considerar la situación como "novedosa" o "novedoso el caso sometido a pleito" o que "la justificación podría surgir de la imposibilidad material o jurídica de satisfacer los créditos", "de la plausibilidad de la justa causa de despido invocada, judicialmente desechada cuando la empresa negó autenticidad del telegrama enviado por la actora, y ésta no instó la producción de prueba informativa al respecto", etc.
La ley existe y si se dan las circunstancias por ella previstas debería indefectiblemente aplicarse. En su defecto, correspondería declararse su inconstitucionalidad aunque, como expresé en una oportunidad y repito ahora, ésta no es una solución que plenamente comparto porque no resuelve el problema de fondo. Lo que procede es directamente derogar la ley incorrecta.

El juez siempre debe aplicar la ley porque aunque al juzgador no le plazca aplicar sanciones al empleador que desatiende sus obligaciones, la inaplicabilidad irrazonable de aquélla nos retorna a aquél tiempo oscuro del desencuentro que debemos definitivamente superar. En síntesis, como expresé en la colaboración publicada en mi habitual columna periodística aludida más arriba, la ley, tal vez, puede ser perfeccionada, pero nunca, jamás, ignorada por uno de los Poderes del Estado, máxime cuando, como las que aludí, van dirigidas a la protección del trabajador ante incumplimientos injustificados del empleador.

La República recuperable así lo exige.

 

 
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