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Editorial
 
 

Conflictos laborales sobre temas de la emergencia, la pesificación y la inflación

por Jorge Rodríguez Mancini


I. Introducción

Las cuestiones que se abordan en este trabajo versan sobre temas de suficiente difusión entre los argentinos de manera que no es preciso explicar el significado de las expresiones que se han incluido en el título. Sin embargo me parece indispensable formular algunas precisiones de carácter técnico jurídico para ubicar adecuadamente la comprensión de las distintas posturas que se explicarán destinadas a dar solución a los conflictos de orden laboral que se han planteado.

1. En primer lugar debe tenerse presente cuál es la "caracterología actual de la moneda nacional (1)" En síntesis a partir de la derogación del régimen de convertibilidad el cuadro de la situación actual es el siguiente:

a) Con relación a la moneda nacional debe afirmarse que posee curso legal limitado ya que las obligaciones pueden ser pactadas y canceladas en moneda extranjera.

Además tiene carácter de curso forzoso ya que se ha eliminado la convertibilidad, lo cual impide el canje con reservas del Banco Central.

b) Por su parte la moneda extranjera no tiene más curso legal ya que su poder cancelatorio sólo es admisible si ha sido pactado de tal manera.

También participa del carácter de curso forzoso toda vez que nunca pudo la autoridad monetaria nacional emitir ese tipo de moneda.

Por otra parte el autor que citamos recuerda, me parece que con acierto, que "la reforma de los arts. 617 y 619 del Código Civil introducidas por la ley 23.928 para consolidar el sistema de convertibilidad, ha sido confirmada por la ley 25.561, permitiendo que la moneda extranjera siga siendo considerada asimilable al dinero y con carácter convencional, es decir como unidad de cuenta y como valor y efectos de moneda de pago "inter partes" de las obligaciones constituidas entre ellas."

Considero que algunas de las fórmulas de solución que se enuncian a continuación serán mejor comprendidas si se recuerdan estos datos fundamentales.

2. También estimo oportuno recordar ciertas directivas o pautas fundamentales de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca de los temas involucrados en la situación de emergencia declarada por la ley 25.561 (2).

Así debe tenerse presente que el derecho de la emergencia es un derecho dentro de la Constitución Nacional y no por fuera de ella o superior a ella. Basta con releer fallos como "Smith" o " Tobar" entre muchos otros.

Igualmente constituye un punto de referencia la consideración del concepto de orden público económico cuya irrupción conceptual por la doctrina tiene antecedentes en el terreno del derecho del trabajo (3) así como en piezas judiciales (4) desde hace ya más varios lustros. Recuerdo simplemente que el orden público económico se caracteriza por la alteración de ciertos derechos a los que limita en función de un objetivo final ligado al bienestar general aunque en lo inmediato haga prevalecer la eficacia económica, todo ello dentro de un marco de circunstancialidad y ceñido a plazos precarios.

Por último destaco lo que constituye el pivote central para apreciar la validez de normas limitativas de derechos constitucionales esto es la razonabilidad del medio empleado y reitero, la transitoriedad de su vigencia.

Frente a las situaciones controversiales que se han originado a raiz de las reformas profundas de las reglas que rigen las relaciones jurídicas entre trabajadores y empleadores no es preciso subrayar la imperiosa necesidad de contribuir a la obtención de soluciones de equidad dentro del marco de los derechos fundamentales protegidos por la Constitución Nacional. En este sentido considero de importancia que como se verá más abajo, ha aparecido en la normativa legal la incorporación de un criterio que además de estar dirigido al comportamiento de los sujetos particulares, debería involucrar las decisiones judiciales cuando las partes no han logrado una solución conformada. Me refiero al expresado en la norma del art. 11 de la ley 25.561 que al lado de la doctrina de la imprevisión coloca como principio el del "esfuerzo compartido". Esta disposición no ha sido alterada por posteriores disposiciones en las que encontramos otras referencias para las directivas a los jueces que en todo caso se añaden a las mencionadas en el citado art. 11 de la ley 25.561. Así sucede p.e. con el contenido del art. 8 del decreto 214/02 - DNU - que indica como regla la de la preservación de la continuidad de la relación contractual de modo equitativo para las partes; o con el del art. 2 segunda parte del decreto 320/02 - DNU - donde se precisa cómo se logra el ajuste equitativo teniendo en cuenta el valor de reposición de las cosas, bienes o prestaciones con componentes importados.

Si bien estas normas están referidas a la recomposición de relaciones existentes al momento del dictado de la ley 25.561 como lo expresa el art. 2 primera parte del decreto 320/02, estimo que por tratarse de principios y directivas legales no pueden ser olvidados al momento de producir decisiones que afecten relaciones extinguidas como son la mayoría de las que ocuparán la atención de este trabajo.

Por lo demás señalo que igualmente resultan de aplicación otros principios que resultan de normas subsistentes como sucede con la del art. 1198 en materia de excesiva onerosidad sobreviniente con la particularidad de que en esta normativa de emergencia, su alcance se extiende más allá de la facultad de resolución del contrato que se acuerda al perjudicado en la disposición del Código Civil (art. 1198), ya que se ha establecido la facultad judicial de resolver el conflicto cuando las partes no lo superen con un acuerdo de voluntades. Con esto se supera, para el caso particular del derecho de emergencia, la disputa doctrinaria acerca de si además del poder de resolución, el deudor afectado por la excesiva onerosidad puede pedir el ajuste de lo convenido ya que esta posibilidad se abre para el Juez en las normas que se vienen examinando.

Estimo que en la evaluación judicial sobre todos estos parámetros de construcción de las soluciones equitativas, no podrán estar ausentes las consideraciones relativas a la fortísima y asimétrica transferencia de riqueza y de ingresos que se ha producido con las reformas del año 2002, provocando además que tales transferencias se crucen de manera que un mismo sector económico - deudores del sector financiero p.e. - se beneficien con la pesificación de sus deudas y a la vez resulten perjudicados por el mantenimiento de la moneda extranjera como signo de su deuda con acreedores extraños al sistema; o que al momento del conflicto con un acreedor local pueda resultar que debe afrontar el pago con moneda extranjera siendo que sus recursos han quedado pesificados en el mercado interno. A su vez, que acreedores a los cuales no se canceló la deuda al momento del vencimiento operado dentro del sistema de convertibilidad, ven frustrado su derecho consolidado por la mora, al pretender el deudor cancelar aquélla con equivalencia de un dólar por un peso. Y así se pueden enumerar infinidad de casos que no pueden encontrar solución uniforme porque las relaciones jurídicas - también las laborales - presentan múltiples variables.

Ante este cuadro general de principios y realidades intentaré enunciar una tipología de situaciones que pueden presentarse en la conflictividad laboral, apuntando en cada caso cuáles son las pautas más adecuadas apoyado por antecedentes de la doctrina y la jurisprudencia.


II. La pesificación de créditos en moneda extranjera.

Deben destacarse las características particulares de este tipo de conflictos ya que no cabe duda que no se trata de una situación generalizada en las relaciones laborales toda vez que sólo por excepción - no estoy en condiciones de cuantificarlas - la remuneración o la indemnización o en general el crédito laboral, se ha establecido en moneda extranjera. Sin embargo la incorporación de empleados de dirección de nacionalidad extranjera durante la última década en empresas nacionales o transnacionales ha multiplicado los casos; además aún en supuestos de remuneración pactada en moneda nacional se han establecido cláusulas de protección ante una eventual y luego producida, devaluación del signo argentino lote que se suma al tipo anterior. Insisto igualmente en que no son estos los casos típicos de los conflictos laborales que se tramitan ante los tribunales pero como con su atipicidad igualmente están presentes, cabe formular a su respecto consideraciones especiales (5).

El planteo de estas situaciones parte de considerar cuáles son las posibles fuentes de la obligación cuya efectivización es motivo del conflicto. Dichas fuentes pueden ser

  • un acuerdo celebrado entre trabajador y empleador donde se conviene un pago de éste a favor del primero, en moneda extranjera (normalmente dólares estadounidenses).
  • el incumplimiento por parte del empleador de una obligación propia del contrato de trabajo, sea de carácter remuneratorio o indemnizatorio.

A su vez estas situaciones deben distinguirse según que

a) la relación laboral se haya extinguido y el deudor haya caído en mora antes del 6 de enero de 2002.
b) la relación laboral se hallara vigente al 6 de enero de 2002 (6).
c) la relación laboral se inició después del 6 de enero de 2002.

a) Para esta situación - mora del deudor - existen posturas encontradas acerca de si la obligación debe ser cancelada en la moneda pactada o si por efecto de las disposiciones sobre "pesificación", deben ser satisfechas con la equivalencia de un dólar igual a un peso.

Desde el primer punto de vista se ha considerado que la mora del deudor no puede beneficiarlo con la exclusión de utilizar la moneda extranjera amparándose en la "pesificación" dispuesta por la ley 25.561 y para llegar a esta conclusión se argumenta sobre la base de lo que dispone el art. 513 del Código Civil según el cual el caso fortuito libera al deudor de toda responsabilidad salvo que esté consituido en mora. "La pesificación de las obligaciones en mora anteriores al dictado de la ley de emergencia económica implica premiar al deudor moroso con la licuación de la deuda, e ignorar el régimen expreso del art. 513, que establece la traslación de los riesgos para el deudor moroso" (7).

Por otra parte la doctrina y algunos fallos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala IV)(8) llegan a la misma conclusión sobre la base de lo que dispone el art. 508 del Código Civil en cuanto que "el deudor es responsable por los daños e intereses que su morosidad cause al acreedor" sin que pueda invocarse en tal situación la teoría de la imprevisión. Por estas razones excluyen la aplicación de la norma de "pesificación" sin necesidad de examinar la validez constitucional de esta última. También argumentó el tribunal acerca de la inadmisibilidad de la retroactividad de tal medida que habría dispuesto el decreto 214/02 ya que la norma del art. 11 de la ley 25.561 sólo abarcaba con la "pesificación" a las obligaciones existentes a la sanción de aquélla.

Acerca de esto último Palacio (9) destaca que la diferencia existente entre el texto del art. 11 de la ley 25.561 que expresa que el cambio o "pesificación" se refiere a las "prestaciones exigibles desde la fecha de promulgación de la presente ley" y el del art. 8 del decreto 214/07 que abarca a "todas las obligaciones...existentes a la sanción de la ley 25.561" (art. 1), ha quedado zanjada por la disposición aclaratoria del art. 1 del decreto 320/02 que estableció el ámbito de aplicación ciñéndolo a las obligaciones "reestructuradas por la ley 25.561" y como éstas sólo fueron las que resultaran exigibles desde la fecha de promulgación, la conclusión obvia consiste en que si la obligación se hallaba vencida, exigible, en mora, la "pesificación" no se aplica.

En una nota publicada en el diario "Clarín" del 18 de enero de 2002, Atilio Alterini sostenía de manera terminante que las únicas deudas "pesificadas" son las que venzan "desde" el 6 de enero de 2002 (10).

La sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo desestimó también la pretensión del deudor de pagar en pesos una deuda contraída antes del dictado de las normas de emergencia, sosteniendo que no podía invocarse la teoría de la imprevisión si resulta del documento que aquél suscribió que las partes basaron sus voluntades y la vigencia del pacto, en la subsistencia del régimen normativo emergente de la ley 23.928 en cuanto a la equiparación que ésta fijaba y que tenían plena conciencia de la posibilidad de que dicha disposición legal pudiera sufrir modificaciones y así variar la aludida paridad, asumiendo pese a esto último el compromiso de hacer efectivo el pago de las cuotas en dólares estadounidenses.

En una posición contraria al mantenimiento de la obligación en moneda extranjera se registra principalmente un fallo ajeno al campo laboral pero que da pautas a favor de la "pesificación" sin importar el estado de mora del deudor. Me refiero al fallo plenario dictado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro en los autos "Zanoni, Amalia N. c/ Villadeamigo, Valeria" del 7 de noviembre de 2002 (11), donde se establece que la obligación debe pagarse tomando la relación de un dólar igual a un peso. La base sustancial de la decisión consiste en la aplicación de la norma del art. 8 del decreto 214/02 ya comentada, aún considerando la aclaración contenida en el art. 1 del decreto 320/02.

En una posición intermedia acerca de la proyección de la "pesificación" se puede anotar el fallo de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en los autos "Slipak , Silvia G. C/ Fresenius Medical CareArgentina S.A.". Tampoco aquí se ha hecho referencia a la aclaración del decreto 320/02 sino que aplicando el mandato del art. 11 de la ley 25.561 y la modificación del art. 8 del decreto 214/02 concluye que deben repartirse los daños por partes iguales, estableciendo que el deudor pague la deuda - que ya era exigible al momento del dictado de la ley 25.561 - promediando (promedio simple) la diferencia que existe entre las cantidades monetarias resultantes de aplicar la equivalencia de 1=1 y la cotización del dólar en el mercado libre de cambios. Esto es que cada parte soporta el 50% del perjuicio.

Es preciso considerar que entre las defensas que se esgrimen respecto de la pretensión de pago en la moneda pactada y en mora, se halla la invocación de lo que se conoce como la "irrelevancia de la mora" acudiendo a una argumentación desarrollada entre otros por Alterini (12). Al respecto el autor mencionado examina la norma del art. 892 del Código Civil que prevé que el moroso no soporta el caso fortuito cuando su mora no es causa del daño producido, "es decir, cuando la mora es irrelevante". Antes de analizar si la mora es irrelevante en los casos que se vienen tratando, debe puntualizarse que un principio igualmente valioso a tomar en cuenta es el de que el deudor moroso no responde cuando la causa de un incumplimiento es precisamente el caso fortuito o la fuerza mayor (13). Por el contrario y esto me parece sustancial, la ley cae sobre el deudor moroso cuando el daño ocasionado por el caso fortuito es sólo posible por la mora.

En función de estas reglas considero que en el caso de morosidad en el pago de una obligación convenida en moneda extranjera es precisamente lo que ha permitido que se produjera el daño de la "pesificación" y la devaluación en contra del acreedor y por eso ese deudor moroso es quien debe responder del perjuicio abonando la deuda en la moneda convenida. En otras palabras si hubiera habido cumplimiento oportuno el acreedor hubiera podido disponer de la moneda extranjera con su poder adquisitivo respectivo antes de que se operara no sólo la "pesificación" sino fundamentalmente la devaluación. Es este un supuesto semejante al que imagina Alterini y el que toma de Larenz referido a sucesos que producen alteraciones del precio de la cosa a entregar por el vendedor devenidos después de la mora y que consecuentemente no pueden cargarse al acreedor de la obligación - en el ejemplo el comprador - ya que ese resultado no se habría producido si el obligado hubiera satisfecho el débito oportunamente. No resulta por lo tanto irrelevante la mora del deudor de moneda extranjera y es él quien debe soportar el perjuicio de la devaluación sin poder ampararse en la "pesificación".

No está demás recordar lo que antes mencionamos acerca de cuál era la creencia generalizada en el público argentino durante los últimos meses del año 2001 acerca de la posible y casi obligatoria devaluación motivo por el cual se contemplaron en acuerdos que se celebraban en ese período, cláusulas de protección del deudor. Por eso no parece que pueda utilizarse para evitar el pago en la moneda pactada, una medida consecuente con la devaluación que todos preveían. Esto está muy lejos de la imprevisión.

Como resulta de los antecedentes mencionados que se inclinan por la afectación de la "pesificación" a deudas en mora, se ha utilizado para llegar a esa conclusión sólo el análisis de la extensión de la norma pesificadora desconociendo que alcanzara a las obligaciones en mora. Es decir nada se trata en esos fallos acerca de la validez constitucional en sí mismo de lo dispuesto en el art. 11 de la ley 25.561 o en el art. 8 del decreto 214/65. Distinto a esto es el caso de algún fallo que ha conocido directamente acerca de dicha validez de la ley frente a las garantías constitucionales de manera que representan otra vía de impugnación a la pretensión de no pagar en moneda extranjera sino en pesos. En esta línea se anota el fallo dictado por la Cámara Civil y Comercial de Morón en el fallo "Capolillo, Roberto c/ Alvarado, Marcelo" del 7 de mayo de 2002 (14) donde se declaró que "viola la garantía de inviolabilidad de la propiedad el art. 1 del decreto 214/02 en cuanto transforma a pesos todas las obligaciones expresadas en dólares estadounidenses u otra moneda".

b) Con relación a las relaciones vigentes al momento de entrar en vigor la ley 25.561 no existe duda que la pesificación se opera por virtud de lo dispuesto en el art. 11 de la ley 25.561 el 8 del decreto 214/02 y el 1 del decreto 320/02. No cabe pues para eludir esa "pesificación" otra vía que el planteo de la eventual inconstitucionalidad de esas normas.

c) En cuanto a las relaciones nuevas que se establezcan desde la vigencia de la ley y decretos mencionados, es indiscutible a mi juicio, que pueden contener cláusulas que establezcan como moneda de pago la divisa extranjera. Como se recordó en la Introducción el sistema obligacional en materia de entrega de moneda admite pactos semejantes (arts. 617 y 619 del Código Civil).

Una anotación final acerca de la oportunidad en que los planteos vinculados con la "pesificación" deben efectuarse en procesos en trámite. En ese sentido recuerdo el dictamen del Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el caso "Ibáñez, Margarita A c/ Lanin S.A." del 3 de junio de 2002 donde opinó que los "planteos sobre legitimidad constitucional de normas exige tutelar el principio de doble instancia." Por su parte la Sala VII del tribunal mencionado ha fijado semejante criterio en "Aznares Chiana, Carlos A.c/ Editorial Perfil S.A. y otro" del 8 de junio de 2002.


III. Créditos en pesos

Frente a los cambios operados sobre la devaluación de la moneda nacional y por las consecuencias que esto puede ocasionar - y de hecho así sucede - en los precios internos, ha reaparecido el tema de la necesidad de corregir los valores de los créditos laborales para mantener su poder adquisitivo como exigencia de la justicia. También aquí es preciso diferencias cuestiones y planteos.

1. En efecto las correcciones posibles pueden aparecer en primer lugar por la pretensión de mantener la convertibilidad del peso de modo que una deuda en pesos contraída bajo el régimen de equivalencia de un peso igual a un dólar, deba ser satisfecha, aún después de las reformas - concretamente la "pesificación" - en esta última moneda. Este planteo constituye la primera vía que examinaré.

Dentro de esta postura cabe a su vez distinguir:

a) el supuesto de mora del deudor y
b) el supuesto de una relación laboral vigente.

a) El fundamento que se esgrime para esta primera hipótesis consiste en que los daños y perjuicios derivados de la desaparición de la convertibilidad deben ser satisfechos por el deudor moroso y nada resulta más equitativo para ello que mantener la equivalencia vigente cuando nació el crédito. Este planteo se basa en suposiciones que no necesariamente deben admitirse como correctas. En efecto no existe ninguna presunción cierta acerca de cuál hubiera sido el destino que el acreedor hubiera otorgado al pago que hubiera efectuado oportunamente el deudor. Esto es que no resulta absoluto que quien percibía pesos en el tiempo de la convertibilidad adquiría dólares; bien podía suceder y de hecho así funcionaba el sistema, que conservaba el signo y efectuaba sus gastos sean de consumo o de ahorro en esa moneda, incluyendo en esta última posibilidad la de ingresar el dinero no destinado al consumo en el sistema financiero en cuentas de ahorro o plazo fijo en moneda nacional cuyo interés resultaba atractivo. La conversión de pesos en dólares se presentaba como es sabido como una posibilidad que definía el sistema. Por lo tanto no podría invocarse seriamente y de manera absoluta el perjuicio de la desaparición de la convertibilidad unido a aquella posibilidad (15). Por otra parte, es preciso recordarlo, el deudor dentro de ese régimen podía válidamente cancelar la obligación entregando pesos y desentendiéndose del destino que el acreedor diera a ese pago. De hecho durante la vigencia de la ley de convertibilidad y más precisamente de lo dispuesto en el decreto 1570/01 puede sostenerse que como lo expresa el Fiscal General de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo "no existía un derecho a la divisa extranjera, más allá de la paridad cambiaria"...y " el demandante no ha alegado ni probado alguna circunstancia puntual que permitiera inferir que la divisa estadounidense devenía esencial por alguna razón específica de su situación" (16)

b) En el segundo supuesto o sea el de una relación vigente al momento del dictado de la ley 25.561 considero que no existe razón alguna de orden jurídico para obviar la derogación de la convertibilidad. Por lo tanto para una remuneración pactada en pesos no tendría justificación la pretensión de convertirla en moneda extranjera.

2. Otra vía diferente para obtener la corrección de deudas expresadas en pesos transitaría por la actualización por desvalorización o depreciación.

En esta línea encontramos la valla impuesta por el art. 4 de la ley 25.561 y el art. 10 de la ley 23.928 cuya vigencia se mantiene.

Por lo tanto debe pensarse en la impugnación de estas disposiciones por vulnerar garantías constitucionales.

A este respecto un primer aspecto a considerar se refiere a la cuestión acerca de si ese planteo debe ser efectuado siempre y sólo por la parte interesada, o si también procede la declaración de inconstitucionalidad de oficio.

Sobre esto las orientaciones doctrinarias discrepan y aún el terreno de la jurisprudencia el punto no está agotado. En efecto, en el nivel de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo existen pronunciamientos de la Sala VI, a partir del voto del Juez de Cámara Rodolfo Capón Filas y adhesión del Juez de Cámara Juan C. Fernández Madrid en el caso "Presentado, José Antonio y otros c/ Cobertex S.A." del 23 de agosto de 2002, en los cuales se declara de oficio la inconstitucionalidad de la prohibición de actualización (17). No he registrado fallos en igual sentido provenientes de otras salas del tribunal. En cuanto al nivel de la Corte Suprema de Justicia la evolución de la posición acerca de la facultad de los jueces de declarar inconstitucionalidades de oficio se halla reseñada en un trabajo del Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Guillermo A. F. López publicado en La Ley del 28 de octubre de 2002. En este mismo artículo y con motivo de que no existiría un pronunciamiento expreso de mayoría del Alto Tribunal en la líneas indicada, el autor se ocupa de aclarar el sentido de su voto emitido en el caso "Mill de Pereira" del 27 de setiembre de 2001. En esa oportunidad se aclaró que el sentido de su opinión fue el de convalidar las declaraciones de oficio para hacer prevalecer los principios constitucionales de manera que computando las opiniones de los Jueces Fayt, Belluscio, Vázquez, Boggiano y la del autor del trabajo mencionado, se formaría la mayoría necesaria para establecer la doctrina aludida. Como sintetiza el doctor López "con el dictado de la sentencia comentada puede afirmarse que ha habido un cambio en la jurisprudencia de la Corte en el sentido de aceptar la declaración de inconstitucionalidad de oficio, - destacado mío - pues ese es el sentido de mi voto - y el que podría adjudicarse a la opinión del doctor Bossert - y así se pronunciaron los doctores Belluscio, Fayt, Boggiano y Vázquez."

El segundo tema que cabe esclarecer consiste en cuál es la oportunidad en que debe efectuarse el planteo de inconstitucionalidad por una parte en juicio (18). Sobre este punto me parece definitorio un fallo de la Corte Suprema de Justicia en el que se encara claramente la cuestión estableciendo que "no obsta a la actualización de los créditos cuyo valor real se ve disminuido por efectos de la depreciación monetaria y cuyo cumplimiento se ha demorado por la conducta ilegítima de quien ha permanecido deudor, doctrina que tiende al mantenimiento de la intangibilidad del crédito durante todo el proceso judicial, la circunstancia de que se hubiere formulado el pedido después de dictada la sentencia de trance y remate . Ello no importa violación de los principios de preclusión y cosa juzgada - emanación procesal de la doctrina de los actos propios - ya que el reajuste por depreciación monetaria se refiere a algo que no es sustancialmente diverso del reclamo originario de la litis, sino, como esto mismo razonablemente traducido en valores vigentes en tiempo posterior" (19)

En seguida volveré sobre esto.

Una particular cuestión se ha planteado en materia de actualización por depreciación monetaria con motivo de juicios que tramitaron bajo el imperio de la norma del art. 276 de la LCT. Se trataba del cuestionamiento del reclamado a que se aplicara índice de corrección a una deuda salarial cuando la demora en el pago no había incluido un mes completo calendario entre la fecha de exigibilidad del crédito y su cancelación. Sólo una sala de la Cámara de Apelaciones sostiene en la actualidad que la actualización procede aunque el período de atraso sea menor a un mes calendario. En efecto la Sala VI mantiene este criterio mientras que el resto del tribunal sostiene que para que proceda la actualización es preciso que entre las fechas de exigibilidad y el pago haya transcurrido un mes completo calendario, es decir que el período comprenda al menos un fin de mes (21).

a) En orden a los antecedentes sobre la constitucionalidad de la actualización aún cuando no existiera norma que así lo establezca se pueden citar entre otros los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Horacio Pietranera" del 12 de abril de 1977 (22) donde el tribunal se expide acerca del derecho de que sea actualizado un crédito de haberes jubilatorios mencionando antecedentes que luego van a ser examinados y refiriendo la actualización a normas que si bien no son de aplicación directa, guardan con el caso vinculación y permiten su traslación al caso.

Un caso semejante en el que se ordena actualización sin que medie norma directamente aplicable es el resuelto en "Valdez, José c/ Gobierno Nacional" del 23 de setiembre de 1976 (23) donde se extiende a la relación empleo público la aplicación de lo dispuesto por la ley 20.695 en materia de actualización de créditos laborales.

En ambos casos se hizo prevalecer la directiva de justicia reiterando que la actualización o indexación "no modifica la obligación, sino que se determina el "quantum" en que ella se traduce cuando ha variado el valor de la moneda."

Como se adelantó más arriba la actualización no encuentra valla en la existencia de la cosa juzgada. Esto que como se mencionó, se encuentra en la decisión de la Corte en el caso citado de Fallos 310:449, proviene de otro de orden laboral "Camusso de Marino, Amalia c/ Perkins S.A." del 21 de mayo de 1976 (24), el cual convalida la ley 20.695 en cuanto ordenaba la aplicación de la actualización con retroactividad a los juicios con sentencia firme en proceso de ejecución.

En cambio cuando media pago con sujeción a todo lo que en orden a su forma y su sustancia dispongan las leyes, no es admisible la actualización. Así lo resolvió la Corte Suprema en autos "Gómez de Vélez, Argentina de las M. c/ Panadería La Paz y otro" (25) del 28 de mayo de 1976. Esto es así salvo que el pago no sea completo.

b) Por otro lado cabe referirse a antecedentes que establecen la inconstitucionalidad de una prohibición o condicionamiento de actualización.

Sobre el punto el pronunciamiento más notable y conocido es el del caso "Valdez, Julio H. C/ Cintioni, Alberto D." también de la Corte Suprema con fecha 3 de mayo de 1979 (26). Como es sabido el fallo descalificó la norma del art. 276 de la LCT en el texto anterior por dos motivos: en cuanto, a) manda actualizar créditos provenientes de relaciones individuales de trabajo sólo desde la fecha de la demanda judicial y b) dispone tener en cuenta la variación de un índice - el del salario del peón industrial - por no ser razonable. Obsérvese que con relación a lo primero la cuestión se encuadra propiamente en una prohibición de actualización por un tiempo - el anterior a la demanda judicial - aunque ya se haya operado el incumplimiento del deudor. La Corte expone que ello importa un manifiesto desmedro patrimonial para el acreedor que lesiona su derecho de propiedad y los derechos sociales consagrados en la Constitución Nacional. (27)

A esta altura de la descripción de antecedentes vinculados con actualización de créditos laborales quizás resulte oportuno destacar que a pesar de la prohibición del art. 4 de la ley 25.561, se han dictado numerosas normas que hacen excepción a esa prohibición. Me refiero concretamente y en primer lugar al art. 4 del decreto 214/02 que establece la aplicación de un "Coeficiente de Estabilización de Referencia" tanto para los depósitos y deudas del sistema financiero, como para las deudas pesificadas entre particulares (art. 8 del mismo decreto). También se registra otra excepción en lo que dispone el art. 27 del decreto 905/02 respecto de las imposiciones bancarias; y en el decreto 1096/02 para los valores negociables, que emitan el Gobierno Nacional y el Banco Central de la República Argentina; el "Coeficiente de Variación Salarial" aplicable a los créditos bancarios y a los alquileres y compras de lotes de terrenos.

En el terreno de la jurisprudencia al momento de escribir estas líneas registro el antecedente ya citado de la Sala VI en el caso "Presentado" y la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Córdoba, Sala X en autos "Rodríguez, Pedro E. c/ Meana, Carlos y otro" el 22 de marzo de 2002 (28).

c) En razón de que no existen índices previstos en normas legales para aplicar la actualización por depreciación monetaria es preciso examinar cuáles pueden ser los procedimientos correctos para ese fin. Resultaría de los enunciados de fallos como el ya mencionado de "Valdez c/ Gobierno Nacional" que un camino admisible fuera el de la adopción de índices previstos en otras leyes análogas. Tal lo que ocurrió en ese caso con la ley 20.695 vigente entonces para la actualización de créditos de trabajadores del sector privado. No hay sin embargo en la actualidad un tipo de norma semejante, quiero decir dentro del área del derecho del trabajo. Pero como he indicado sí existen otros índices utilizados en los casos exceptuados de la prohibición y por lo tanto resultarían viables en la medida que suponen la misma finalidad de lograr el mantenimiento del poder adquisitivo del dinero afectado por la inflación. En este sentido se registra el CER y el CVS. Como lo he recordado la Sala VI en el caso "Presentado" aplicó el índice de la llamada "Canasta Básica Total" sin explicar el motivo de la elección o preferencia ya que también el INDEC elabora otros índices como el del "Indice de Precios al Consumidor" tan oficial como aquél. Este último índice ha sido criticado por no reflejar adecuadamente las variaciones del poder adquisitivo de la moneda pero lo mismo sucede con el adoptado por el tribunal mencionado ya que uno y otro están afectados por limitaciones metodológicas que como sucede con todo procedimiento estadístico, supone la aceptación de unos determinados datos tomados como base. Y en esto seguramente que no se puede reflejar la situación de todos y cada uno de los acreedores laborales. Para que el ajuste por depreciación, actualización o como se lo quiera denominar fuera justo habría que llegar a la convicción de cuáles han sido las afectaciones concretas y personales que el impacto inflacionario ha producido en el presupuesto del acreedor de que se trata quien puede haber adoptado conductas hasta cierto punto arbitrarias en torno al destino hipotético de sus ingresos si los hubiera dispuesto en el momento oportuno canalizándolos al consumo o al ahorro, si esto fuera posible en su nivel. Todo esto es imposible y estaría sujeto, por otra parte, a subjetividades difíciles de superar en cada fallo.

Frente a esta incertidumbre parece más sensato transitar por la analogía sea esta sobre bases de normas vigentes o derogadas pero que tuvieron en su momento aplicación uniforme. Es decir renunciar a lo óptimo pero imposible cual es obtener una reparación exacta en el perjuicio, cambiando por lo practicable y uniforme como expresión de la característica propia de la ley: su generalidad. En esta línea se inscribe el fallo de la cámara cordobesa citado aunque resulta objetable la pretensión de reestablecer la plena vigencia de una norma derogada que incluye en la decisión. Lo cierto es que el art. 276 de la LCT está derogado sin atenuantes lo cual no es óbice para establecer el ajuste por depreciación en mérito a razones de orden superior constitucional. Entiendo que la aplicación del IPC sería sólo una forma de llenar el vacío legal existente por la vía de la analogía o en todo caso como expresión de una facultad judicial prudentemente ejercida en los términos de lo dispuesto por el art.165 del Código Procesal nacional o sus equivalentes. También puede mencionarse como antecedente el constituido por otro fallo de la Sala VI del tribunal nacional (29) en el cual por mayoría formada por los Jueces Fernández Madrid y de la Fuente, se adoptó el IPC dejando de lado de este modo el criterio anterior fijado en "Presentado".

En torno a la elección de índices y su aplicación se ha publicado recientemente un interesante trabajo sobre las distintas tasas de interés que se vienen aplicando desde enero de 2002 por tribunales de diversas jurisdicciones (30).


El tema de la prohibición de la actualización ha tenido una repercusión específica en las decisiones de los tribunales del trabajo cuya primera reacción ha sido la de intentar una corrección de la pérdida de poder adquisitivo producida como efecto de la devaluación dispuesta a partir del mes de enero último mediante la fijación de tasas de interés superiores a las que se venían aplicando en época de estabilidad . En ese sentido se modificaron las pautas más o menos homogéneas que se venían aplicando durante la vigencia de la convertibilidad. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo por su parte, como es sabido, dictó una acordada en la línea que lo viene haciendo para fijar orientaciones en torno a las tasas de interés sin pretensión de imponer criterios como lo expresa literalmente en ese documento del 7 de mayo de 2002 (Acta 2357).

La acordada establece como tasa para aplicar desde el 1 de enero de 2002 la que resulte del promedio mensual de la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos. El fundamento de la elección de la tasa de interés consiste en que éste era el que se aplicaba durante la época anterior a la vigencia de la indexación. Se argumenta también en el sentido de que "equivale al menos aproximadamente, al costo que el acreedor impago debería afrontar para obtener, en el momento del vencimiento de la obligación, el monto que el deudor moroso hubiese retenido..."

La primera observación que surge a esta decisión es la de que sin incursionar en la validez de la prohibición de actualización se practica a través de la tasa de interés, un ajuste del crédito para reparar el daño producido por la inflación y por la falta de indexación consecuente con la prohibición legal. Esto resulta, a mi juicio, objetable ya que parecería haberse elegido una vía indirecta para eludir la prohibición. En este sentido recuerdo los comentarios que se hicieron más arriba acerca de la posición doctrina adoptada por la minoría en el fallo plenario de la Cámara de Apelaciones en lo Civil - autos "La Amistad c/ Iriarte" - por la cual se postulaba que la reparación de los daños ocasionados por el incumplimiento debía lograrse exclusivamente con los intereses moratorios, lo cual es sostenible si no fuera porque media una prohibición de indexación. Por eso indiqué en su momento que el camino obligatorio es enfrentar el cuestionamiento de la norma prohibitiva.

De todos modos tampoco es definitivo que corresponda compensar al acreedor laboral con la tasa activa utilizada por el Banco de la Nación para sus préstamos ya que no resulta verosímil que dicho tipo de acreedor haya recurrido a préstamos bancarios para cubrir la falta de pago de su crédito. En este sentido sólo es parcialmente correcto sostener como lo dice la acordada, que se logra de este modo"poner en cabeza del deudor la responsabilidad por el resarcimiento de aquel costo, sea este real o equivalente en términos de postergación de consumos o privaciones en que el acreedor hubiese debido incurrir..."´ porque es indiscutiblemente justo que el moroso cargue con los daños pero no creo que resulte adecuada la ponderación de éstos mediante el supuesto de haberse contraído un préstamos de esa naturaleza. En realidad de lo que se trata cuando se postula una tasa como la adoptada por la acordada, es lograr una compensación de esa pérdida del poder adquisitivo mediante un ajuste disimulado. En el manejo de las tasas bancarias la cuestión es compleja ya que nadie duda que a su vez están ligadas a esos desajustes de poder adquisitivo y que se corren hacia arriba o hacia abajo según pautas que se vinculan con variables de diverso tipo que reflejan los vaivenes de la economía, inclusive con el tipo de cambio reinante. Y en este sentido entonces se observa que se produce igualmente el ajuste prohibido. Insisto una vez más, que la dirección correcta es examinar si la prohibición de indexación es o no violatoria del derecho de propiedad y en función de ello producir el ajuste o sea obtener la equivalencia de las prestaciones y a partir de allí establecer el interés puro por la privación del capital sin mezclar conceptos.

Como reiteración de lo dicho interesa destacar que si la tasa fijada persigue ese propósito explícito, debería cuidarse de no extender el criterio cuantitativo de la tasa activa a los casos en que el tribunal, de oficio o a pedido de parte, declara la inconstitucionalidad de la prohibición de ajuste porque en tal supuesto se produciría una superposición de cargas que se presenta como claramente confiscatoria. Así lo tiene resuelto la Corte Suprema de Justicia en el caso "Morán Morán, Rafael c/ Plus Ultra Cía. Argentina de Seguros S.A." de fecha 14 de octubre de 1976 donde estableció que "cuando el deterioro del capital adeudado es corregida mediante una cantidad adicional que la recompone, los intereses deben calcularse con un tipo de propio de épocas de moneda constante o sea, que se deben limitar a retribuir la privación del capital."

Acerca de la aplicación de la acordada mencionada se ha registrado algún fallo - concretamente de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - en el cual se ha negado la aplicación de la tasa activa a partir del 1 de enero de 2002 porque no se había pedido antes de pronunciarse la sentencia tratándose de un caso en que la apelación había tenido lugar antes de que dictara dicha acordada. También se ha negado la aplicación de la tasa a supuestos en que existía sentencia firme (Sala VII). En ambas casos se ha dejado de lado, por lo visto, la directiva de la Corte Suprema ya recordada por la cual la cosa juzgada no afecta el derecho de pedir los ajustes que correspondan para obtener el respeto de la equivalencia del crédito. Si la tasa activa preserva esta equivalencia parece lógico que semejante criterio sea aplicable a la modificación de la tasa en función de lo dispuesto por la acordada en cuestión.


IV. "Pesificación" de depósitos judiciales en dólares

Es sabido que en múltiples juicios en los que se ordenaron medidas cautelares ante reclamos expresados en pesos, por pedido del demandado las sumas depositadas a embargo, fueron convertidas bajo el régimen legal anterior, a la moneda estadounidense y con ello se constituyeron plazos fijos, siempre a la orden del juez interviniente. Como resultado de las medidas de "pesificación" el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, procedió a convertir los saldos de esos depósitos a moneda nacional sin ninguna clase de consulta al juez a cuya orden se hallaban esas imposiciones.

Esta situación provocó en algunos casos la reacción del reclamado embargado pidiendo que se respetara la moneda de origen del plazo fijo. No conozco que haya habido decisiones sobre el punto en el ámbito del fuero laboral pero en cambio sí se registran antecedentes provenientes de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Así se puede mencionar por un lado el dictamen del Fiscal ante esa Cámara, producido en los autos "Lanza, Margarita E. c/ Juanes, Manuel y otro" del 21 de agosto de 2002 en el cual se enuncia claramente que conforme con lo que dispone la ley 9667 los fondos depositados a la orden de los jueces - los fondos denominados judiciales - no pueden ser transferidos, ni removidos ni embargados sino por orden del magistrado. Por eso, sostiene el Fiscal que el Banco de la Nación Argentina en el caso de los depósitos pertenecientes a juicios civiles, y por ende el Banco de la Ciudad de Buenos Aires para los pleitos laborales, "actúa como depositario, debiéndose limitar a cumplir con la orden judicial de extracción de fondos cuando así lo disponga el juez de la causa. Es decir que no se trataría aquí de una inversión en el sistema financiero..." Y más adelante cita la doctrina de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema según la cual "la administración y disposición de los fondos en los procesos judiciales implica el ejercicio del poder público estatal a cargo de los jueces, que se encuentra legalmente regulado, en tanto las inversiones sólo pueden realizarse en instituciones oficiales. Por consiguiente es de toda lógica que el régimen de emergencia...exceptúe a los depósitos judiciales de las medidas económicas...ya que de lo contrario el ejercicio de una de las funciones del Estado interfiriría con el regular cumplimiento de otra de ellas - la administración de justicia - en el ámbito de su actividad específica.." (in re "Kestner S.A." de fecha 24 de mayo de 1993, La Ley 1994-C p. 249).

En el dictamen y en el fallo dictado en el caso por la Sala H del tribunal mencionado, se menciona finalmente la comunicación "A" 3496 del Banco Central de la República Argentina por la cual se establece que uno de los supuestos exceptuados de los alcances de la reprogramación es el de los "depósitos efectuados por orden de la justicia con fondos originados en las causas en que interviene". De tal manera se resolvió excluir del régimen del denominado "corralito" a los fondos depositados en el juicio (31). Pero también se excluyeron tales depósitos del denominado "corralón" o sea los depósitos reprogramados y convertidos en relación un dólar igual a un peso con cuarenta. Así lo dispuso una sentencia de la Sala K del mismo tribunal que "los depósitos judiciales están exceptuados de la normativa de emergencia sobre ahorros:"corralito" y "pesificación"- decreto 1570/2001, decreto 214/2002 y disposiciones concordantes) - pues la administración y disposición de tales sumas implica el ejercicio del poder estatal a cargo de los jueces."


V. Pesificación de topes expresados en dólares

Mencionaré por último en este repaso de antecedentes sobre los conflictos laborales a que ha dado lugar la reforma monetaria y cambiaria, una cuestión muy particular y que quizás no tenga proyección cuatitativa importante en juicios pendientes ante la justicia laboral pero que indudablemente compone el conjunto de problemas suscitados a raiz de los cambios mencionados. Me refiero al efecto de la "pesificación" sobre el tope que establece el art.8 de la ley 24.028 para las indemnizaciones por accidentes del trabajo en el régimen hoy derogado por la ley de riesgos de trabajo.

Como es sabido el propósito del legislador en el dictado de esa norma ha sido el de mantener actualizado el importe de las reparaciones por los daños provocados por accidentes y enfermedades del trabajo. Dicho límite cuantitativo fue fijado en U$S 55.000.- de manera que si considerara que está afectado por la "pesificación" resultaría que las indemnizaciones máximas para los daños provocados por accidentes y enfermedades regidos temporalmente por esa norma, no podrían superar $ 55.000.- La cuestión presenta perfiles escandalosos toda vez que con la aplicación de ese criterio habrían quedado desprotegidos innumerables casos de trabajadores y derecho habientes que tenían asegurado por la ley una cobertura mínima y un límite máximo.

En función de la observación de esta anomalía la jurisprudencia ha puntualizado la diferencia que se manifiesta entre lo que significa "pesificar" obligaciones a lo que se refiere específicamente la ley 25.561 y el decreto 214/02 derogando la convertibilidad, y la referencia de un tope de cálculo establecido en la ley (33). De esa distinción surge que el aludido máximo no se halla afectado por la conversión fijada en la ley 25.561 y demás disposiciones.

La cuestión que se presenta de todos modos a partir de esa conclusión es la de cuál debe ser el tipo de cambio que debe aplicarse para establecer en moneda nacional el importe máximo de las indemnizaciones. El fallo citado - confirmado en la apelación - utilizó la cotización en el mercado libre vigente al momento de dictarse la sentencia lo cual resulta razonable si se tiene en cuenta que si se retrocediera a la fecha del dictado de la ley para fijar el tipo de conversión, resultaría que se llegaría a la misma solución que aplicando la "pesificación" ya que en ese momento regía la igualdad $ 1= U$S 1.


Obviamente este trabajo no puede finalizar con conclusiones como se acostumbra para que el lector pueda recoger una idea sintética de lo que el autor ha expuesto. Se trata de un repaso de cuestiones que ofrecen soluciones diversas y el objetivo ha sido el de marcar las líneas por las cuales transitan las decisiones judiciales. La única conclusión que en todo caso puede enunciarse es la de que la función de los magistrados una vez más, está llamada a ejercerse con el máximo de responsabilidad considerando los valores que se hallan bajo su custodia: seguridad jurídica y equidad en un equilibrio que debería nutrirse de aquellos principios propios de la disciplina encuadrados en los más generales que prevalecen cuando se halla en riesgo la subsistencia misma del sistema social y económico.


Este trabajo reúne el material utilizado por el autor en su exposición realizada el 27 de noviembre de 2002 en la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

1 Utilizo la titulación de una nota explicativa sobre el tema de Eduardo A. Barreira Delfino publicada en "El Derecho", diario del 26 de abril de 2002, donde se reseña la evolución del sistema monetario argentino anterior y posterior a la convertibilidad y al actual después de las reformas de la ley 25.561
2 Para un examen más detallado de esta doctrina del derecho de la emergencia puede verse mi trabajo titulado "La emergencia y el derecho del trabajo. El caso de los convenios colectivos de trabajo", en Revista de Derecho Público, Rubinzal-Culzoni, año 2002 tomo p. .
3 "Orden público y convenciones colectivas de trabajo" .DT 1973, p.9.
4 Véase el dictamen del Procurador Fiscal ante la Corte Suprema en el caso "Almirón Bismak c/ Ferrocarriles Argentinos".
5 El tema de las relaciones laborales con personal de alta dirección en las cuales los niveles económicos excede ampliamente los promedios salariales lo cual indica obviamente, condiciones de contratación muy diferentes a las generales, incluyendo contratos que contienen cláusulas negociadas en forma que difiere de la característica ceñida por una desigualdad económica, hacen cavilar sobre la justicia de mantener la aplicación genérica de las normas protectorias a todos los niveles tanto remuneratorios como de puestos o jerarquías. El tema merece un reexamen de la legislación de lo cual me he ocupado hace un tiempo tratando de adaptar regímenes que rigen en el derecho comparado. En este sentido véase mi "La reforma laboral. Aspectos de un proyecto.", publicado en síntesis en DT 1993, p.1563 particularmente el capítulo que trata sobre los empleados de dirección.
6 Esta fecha es la comienzo de vigencia de la ley 25.561 según el decreto 50/02. No entro a examinar la cuestión, de por sí también conflictiva, acerca de la eficacia jurídica de este último decreto de necesidad y urgencia de cuyo dictado resultó una retroactividad no prevista en la ley recientemente sancionada por el Congreso que se hallaba reunido.
7 Graciela Medina en "¿Se pesificacn las obligaciones en mora?" en J.A. 2002 II, del 29 de mayo de 2002, fascículo n.9.
8 Autos "Iglesias, Ana María c/ Antigua Farmacia Florida SRL" del 3 de octubre de 2002 (puede verse el fallo completo en la página web de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social www.asociacion.org.ar" . También en autos "Bollati, Hugo c/ ASSA", sentencia del 27 de setiembre de 2002 de la misma Sala..
9 Lino Palacio, "Sobre la inaplicabilidad de la denominada "pesificación" a las obligaciones en mora al 6/1/02", Diario "La Ley" del 22 de agosto de 2002.
10 En el mismo sentido se pronuncia A. Ricardo Wetzler Malbrán en "Una excelente disidencia:"Las obligaciones en moneda extranjera en mora antes de la pesificación, deben cancelarse en moneda de origen", en El Derecho del 8 de julio de 2002.
11 El texto de este fallo plenario puede verse en la página web de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social www.asociacion.org.ar.
12 Atilio Alterini, "La doctrina de la imprevisión frente a la m ora irrelevante", La Ley 1990- C p. 1110.
13 El autor menciona como ejemplo de esta situación la que regula el art. 2269 del Código que se refiere a la liberación del deudor por pérdida de la cosa si promedia caso fortuito o fuerza mayor "con tal que estos accidentes no hayan sido precedidos de alguna culpa suya sin la cual el daño en la cosa no hubiese tenido lugar".
14 Publicado en J.A. del 19 de junio de 2002, JA 2002-II, fascículo n. 12.
15 Puede leerse con provecho, no sólo en este aspecto seguramente, el voto del Juez de Cámara Jorge Alterini en el fallo plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en autos "La Amistad S.R.L. c/ Iriarte, Roberto" del 9 de setiembre de 1977, donde se encuentra el desarrollo y crítica del régimen de prueba acerca de que el caso fortuito hubiera ocurrido igualmente aunque no mediara mora. Allí se exhibe precisamente la imposibilidad de establecer presunciones acerca del uso del dinero describiendo con cita de autores italianos la figura del acreedor que esconde en el colchón el dinero que ha recibido en pago de la obligación, demostrando de esa manera la indiferencia de la mora ya que el tal caso la caja del deudor habría operado como el colchón del acreedor. Por su parte el Juez de Cámara Santos Cifuentes distingue las presunciones acerca de la evidencia de la depreciación monetaria asegurando que no participa de tal presunción la ocurrencia del daño concreto de aquélla en el deudor particular. El entonces Juez de Cámara Augusto Belluscio por su parte con cita de Palacio sostiene que "el daño está ínsito en la depreciación, ésta es un hecho notorio, y los hechos notorios no requieren prueba.". Recuérdese que en ese debate en pleno se expusieron propuestas acerca de la compensación de los daños originados en la depreciación monetaria mediante el pago de los intereses moratorios (Alterini, Cifuentes entre otros) cuando no ha mediado mora. Estas referencias aparecen como evocadas implícitamente en la Acordada de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Acta 2357) aunque en este último caso la cuestión presenta matices especiales en atención a la prohibición de actualización que contiene el art. 10 de la ley 25.561.
16 Dictamen del 23 de agosto de 2002 en autos "Talia, Verónica C. C/ Banco Bansud S.A." con cita del antecedente de la Sala III de ese tribunal en autos "Parisi, Gustavo D. c/ Banque Indosuez" del 22 de abril de 2002.
17 En la sentencia citada la adhesión del doctor Fernández Madrid a la declaración de inconstitucionalidad no es expresa ya que sólo se pronuncia en cuanto a los montos de condena nominales y a los intereses. Sin embargo como el voto del tercer juez, doctor Horacio de la Fuente se expide por el rechazo de la demanda resultaría de la firma de la resolución de condena donde expresamente se declara la inconstitucionalidad del ar. 4 de la ley 25.561, que ha habido coincidencia también sobre ese punto. Destaco que según el dispositivo del fallo la actualización se deberá efectuar en el caso mediante la aplicación de la "canasta básica total" elaborada por el INDEC "sin perjuicio de reconocer el derecho de las partes a consensuar un modo alternativo de adecuación numérica". Acerca de la cuestión de los índices a utilizar para la actualización puede verse más adelante el capítulo correspondiente donde se mencionará otro antecedente de la Sala VI en el que la mayoría impone otro criterio en la materia contrariando la opinión del doctor Capón Filas . De todos modos adelanto cierta perplejidad acerca de la derivación del mecanismo de actualización a la voluntad de las partes cuando se trataría de una cuestión de derecho indisponible.....
18 Naturalmente este problema no se presentaría si se admitiera la nueva doctrina de la Corte a que he referido antes.
19 Fallos 310:449 del 5 de marzo de 1987.
20 Sentencia del 29 de setiembre de 2002 en autos "D Agata c/ Empresa Nacional de telecomunicaciones"
21 Sala III, "Tapia, Raúl c/ Empresa Nacional de Telecomunicaciones" del 22 de mayo de 1994; Sala V, "Bravo, Laura c/ Empresa Nacional de Telecomunicaciones" del 13 de octubre de 1993.
22 Publicado en J.A. 1977-IV p.614.
23 DT 1976, p. 805.
24 DT 1976, p. 659.
25 TySS t. III, 1976, p. 508.
26 DT 1979, p. 355.
27 Resulta interesante señalar aquí la correspondencia con situaciones como la de la prohibición que contiene el art. 4 de la ley 25.561. Por otra parte también debe ponerse atención a la referencia - quizás no del todo oportuna para el caso que estaba resolviendo - que la Corte incorpora en los considerandos de la sentencia dictada en autos "Tobar, Leonidas c/ Estado Nacional" del 22 de agosto de 2002, a "la devaluación operada a partir del presente año, el acelerado envilecimiento de los sueldos, jubilaciones y pensiones explican y justifican el apartamiento que el Tribunal consagró in re "Guida". Esto importa obviamente un reconocimiento de la necesidad de actualización sobre la base de ese proceso de "envilecimiento de sueldos...".
28 J.A. 2202-II, fascículo n.4 del 24 de abril de 2002. Existen otros antecedentes de juzgados de primera instancia que no se encuentran firmes.
29 Autos "Alcaraz c/ Impo Munro" del 6 de setiembre de 2002 en La Ley del 24 de setiembre de 2002.
30 "Proceso laboral. Tasa de Interés al31/8/02. Estudio comparativo entre Tucumán, Córdoba y Capital Federal."en DT, 2002, p. 2112.
31 Este aspecto limitado a la liberación de fondos judiciales sin límite (liberalización del "corralito") tiene para el caso de los depósitos en juicios laborales una solución más definitiva ya que ha vencido con holgura el plazo de suspensión de los efectos de la ley 25.557 que excluyó los fondos correspondientes a créditos laborales de las medidas de bancarización que había establecido el decreto 1570/01. La suspensión de los efectos de esta ley había sido implementada por el art. 16 de la ley 25.561 por el término de noventa días.
32 Autos "Papaianni, Miguel c/ Rabat Clara" del 3 de setiembre de 2002 en La Ley del 19 de setiembre de 2002, con una nota de jurisprudencia vinculada y de información complementaria sobre el tema.
33 Juzgado Nacional del Trabajo No. 18 y Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala III) en autos "Ferreira, Samuel c/ Empresa Línea 216 S.A." del 13 de febrero de 2002 y del 12 de junio de 2002 respectivamente. Véase el comentario de Mario E. Ackerman a estos fallos en Derecho del Trabajo, Suplemento Especial "La emergencia económica en el derecho del trabajo", Octubre 2002, p. 3.

 
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