Menu
  Haga clic aquí para realizar la búsqueda


Editorial
 
 

Reformas Laborales en España e Italia


A partir del año pasado, los gobiernos de estos dos países lanzaron diversas reformas del sistema previsional, el mercado de trabajo y la legislación laboral que provocaron fuertes reacciones en el movimiento sindical, creándose una situación que contrasta con el espíritu de concertación que prevaleció durante cierto tiempo en la década del noventa a pesar del signo político distinto de los respectivos gobiernos en aquella época. Los sindicatos españoles ya habían señalado el año pasado que había muerto el espíritu de 1997 de concertación social. En Italia las grandes concertaciones tripartitas del gobierno de centro izquierda habían permitido llegar a importantes acuerdos sobre la política de ingresos, de empleo y el sistema jubilatorio. Las protestas sindicales con motivo de las últimas reformas llegaron a la realización de huelgas generales de una dimensión desconocida en los últimos años y que recuerdan otras similares de la década del ochenta.


La reforma del seguro de desempleo en España

Esta reforma fue anunciada en marzo del corriente año, siendo su objetivo declarado la reducción del costo laboral y la incitación al reingreso al mercado de trabajo por parte de los desocupados que reciben el subsidio de desempleo. El proyecto de ley fue presentado a las partes sociales en abril, provocando insistentes críticas de CCOO y UGT. Ante la manifiesta falta de toda posibilidad de acuerdo con el gobierno, éste dictó el 27 de mayo el Real Decreto-Ley 5/2002 sobre la Reforma del sistema de seguro de desempleo, calificado despectivamente como "decretazo" por las organizaciones sindicales.

Las nuevas normas restringen las posibilidades de rechazar un empleo, para seguir recibiendo en cambio el subsidio de desempleo. En adelante, son las oficinas públicas de empleo del Instituto Nacional de Empleo (INEM) las que decidirán si un empleo es apropiado para el trabajador y cuyo rechazo le hace pasible de sanciones. Tratándose del primer rechazo de un empleo considerado apropiado, el subsidio es suspendido durante tres meses; con un segundo rechazo el período de suspensión es aumentado a seis meses. El tercer rechazo conduce a la cancelación del subsidio.

La definición de empleo apropiado es ampliada. Puede tratarse de un contrato por tiempo indeterminado o temporario, en un lugar situado hasta a 30 km. del domicilio del trabajador o a dos horas de viaje (ida y regreso), con gastos de viaje de hasta un 20 por ciento del salario (se prevén ayudas financieras para el desplazamiento y la vivienda). El empleo ofrecido debe corresponder a la profesión habitual del desocupado. Sin embargo, si el trabajador hubiera estado desempleado por más de un año, se considera empleo adecuado el que se adapta a las aptitudes físicas y a la formación del interesado. El empleo debe ser remunerado conforme al salario mínimo de la rama de actividad o el mínimo legal. Cuando las calificaciones del trabajador sean poco solicitadas, éste deberá seguir cursos de readaptación bajo pena de perder el derecho al subsidio.

Un aspecto importante de la nueva normativa es la eliminación de los salarios de tramitación de los juicios por despido. Según el régimen abolido, en caso de sentencia favorable al trabajador por despido improcedente, los salarios caídos durante tales juicios debían ser pagados por el empleador (2 meses) y el resto por el Ministerio de Trabajo (en concepto de tardanza por la prestación de un servicio público). La reforma introducida tiende a reducir la judicialización de los despidos y a promover los acuerdos conciliatorios en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC). En adelante el trabajador cobrará el subsidio de desempleo desde el primer día de despido, siempre que hubiera cotizado más de doce meses, mientras que anteriormente el subsidio era pagado sólo después del fallo judicial.

Finalmente, la reforma modifica el sistema de subsidios de desempleo en el sector agrícola de Andalucía y Extremadura, por estimar que no ha tenido mayor éxito y que las circunstancias han cambiado. No se admitirán nuevos beneficiarios y no se concederán subsidios a los jornaleros que no han recurrido al sistema en los últimos tres años, con lo cual se prevé la desaparición del mismo.

Los sindicatos han criticado las nuevas disposiciones relativas al seguro de desempleo diciendo que sólo un 43 por ciento de los trabajadores desocupados están cubiertos por el seguro, que éste tiene un superávit importante, que el alegado fraude cometido por los beneficiarios contra el seguro es exagerado y que en realidad el gobierno debería haber extendido los beneficios en lugar de limitarlos. En cuanto a la eliminación de los salarios de tramitación, los sindicatos sostienen que en el futuro los despidos serán más baratos por un doble motivo: los trabajadores tratarán de negociar a la baja las indemnizaciones en el trámite conciliatorio, en lugar de recurrir a la justicia; por otro lado, los empresarios se verán liberados de su obligación de pagar los dos meses de salarios caídos durante la tramitación del juicio.

El "decretazo" fue la causa principal de la huelga general realizada el 20 de junio por decisión de CCOO y UGT, y que por su amplitud recuerda la huelga general de 14 de diciembre de 1988. Por su parte, los empleadores han apoyado en general las medidas adoptadas, han presentado algunas críticas, pero también expresaron su preocupación por el clima social deteriorado creado por la adopción de medidas unilaterales por el gobierno, método que esperaban no fuera un precedente para el futuro.


Las reformas del mercado de trabajo y del sistema jubilatorio en Italia

El 3 de octubre de 2001 el gobierno de Silvio Berlusconi presentó al examen de las partes sociales el "Libro bianco" sobre reformas del mercado de trabajo, haciendo saber que en lo que concierne a las discusiones con dichos protagonistas, el gobierno deseaba pasar de la tradicional concertación al diálogo social, es decir, evitar una verdadera negociación y preservar la libertad del Poder Ejecutivo y del Parlamento para adoptar las medidas que consideren convenientes (1). Siguiendo los lineamientos expuestos en el Libro bianco, en noviembre el gobierno presentó tres proyectos sobre reforma del mercado de trabajo, del sistema jubilatorio y del régimen fiscal, que deseaba adoptar por vía de decretos-leyes previa delegación de facultades legislativas por el Parlamento.

En lo que se refiere al mercado de trabajo, los temas tratados conciernen un nuevo sistema de servicios públicos y privados de empleo; incentivos para la creación de empleos, la contratación por tiempo indeterminado y a tiempo parcial; reforma de los llamados "amortiguadores sociales" en el caso de despidos por motivos económicos (búsqueda de nuevos empleos, aprendizaje, etc.); contrato a la llamada; suspensión a título experimental del reintegro de trabajadores despedidos sin justa causa; arbitraje de conflictos laborales (inclusive en caso de despidos individuales).

En cuanto al sistema jubilatorio, se trata de la introducción de incentivos para continuar trabajando; flexibilización de la edad de jubilación; posibilidad de combinar jubilación con actividad laboral; utilización de la indemnización de fin de servicios ("trattamento di fine rapporto") para reforzar el sistema jubilatorio; reducción de las cotizaciones sociales para nuevas contrataciones por tiempo indefinido.

La medida que más oposición encontró entre los sindicatos es la modificación del artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores, que garantiza el reintegro en las empresas cuya plantilla supera los quince trabajadores. Específicamente el gobierno proponía la suspensión durante cuatro años a título de ensayo de la mencionada disposición en los siguientes casos: empresas que llegaran a superar la plantilla mínima con nuevas incorporaciones; empresas que emerjan de la economía informal legalizándose; y casos en los que un contrato por tiempo determinado se transforma en otro por tiempo indefinido (en el curso de los debates el gobierno propuso limitar esta disposición a las empresas situadas en el Mezzogiorno). Aunque este artículo tiene una aplicación relativamente limitada en la práctica, representa un derecho emblemático y fundamental para los trabajadores. Fue primero la CGIL la que lanzó la gran manifestación del 23 de marzo del corriente año en Roma contra la suspensión del artículo 18, pero posteriormente se restableció la unidad de acción con la CISL y la UIL (que se había ido requebrajando progresivamente) con la huelga general convocada conjuntamente para el 16 de abril. La decisión definitiva de coaligarse para esta acción fue la sugerencia en círculos del gobierno de que el asesinato del profesor Marco Biagi (principal autor del Libro bianco) se había producido por connivencia del movimiento sindical con los autores de este acto terrorista. El lema de las tres centrales en la huelga fue la intangibilidad del artículo 18.

El grave deterioro del clima social dividió a los sectores que sostenían firmemente la posición del gobierno (entre ellos la dirección de la Confindustria) y aquellos otros, como la Iglesia y varios empresarios de primera línea, que insistían en el retorno a la concertación. El sindicalismo mismo volvió a escindirse entre la CISL y la UIL, por un lado, que prefirieron entrar en tratativas con el gobierno, y la CGIL, conducida por el carismático secretario general Sergio Cofferati, firme opositor del mismo.

Finalmente, el 5 de julio se llegó a la firma del Acuerdo para el trabajo y el desarrollo (Patto per l'Italia) por parte del gobierno, la Confindustria, y las centrales CISL y UIL, así como diversas organizaciones sectoriales. El Acuerdo fue rechazado por la CGIL. Este nuevo pacto se refiere sobre todo a cuestiones fiscales y de empleo (entre otras, se prevé un aumento del subsidio de desempleo), pero no a la vasta gama de asuntos cubiertos en el Libro blanco en materia de relaciones laborales. Estas cuestiones quedan abiertas a la discusión con la Confindustria, la CISL y la UIL, es decir, con las organizaciones que firmaron el Acuerdo. El Ministro de Trabajo manifestó que en adelante no tratará con la CGIL, lo cual acaba de ser negado por Berlusconi).

El Acuerdo contiene, sin embargo, una disposición referida al artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores. Este es suspendido a título experimental en cuanto al reintegro de los trabajadores, pero sólo en relación con las nuevas contrataciones de las empresas que en esta forma llegan a superar el límite de quince asalariados. Por su parte, los trabajadores ya contratados siguen protegidos por el derecho al reintegro en caso de despido injustificado en las empresas con una plantilla superior.

Según ciertos comentarios periodísticos, los secretarios generales Pezzota (CISL) y Angeletti (UIL) habían transformado un pacto social en uno político con el gobierno, que los llevará a una colisión con toda la oposición. Lo cierto es que el gobierno logró dividir al movimiento sindical. Por su parte, el secretario general de la CGIL, cuyo accionar e intransigencia también han introducido una cuña en la izquierda italiana, manifestó que lanzará un referéndum sobre el artículo 18 para lograr la anulación de la medida adoptada.

(1) Véase "Tendencias del derecho del trabajo" (TySS, 01- 1048, 1049).

Geraldo von Potobsky

 

 
Haga clic aquí para acceder al sitio Web de ISLLSS
   
     
:: Asóciese  
     
:: Contáctenos  
     
:: Guía Judicial - Tribunales Laborales  
     
:: Ayuda  
     
:: Enlaces  
   

 
Suscríbase a la Newsletter  
ingrese su mail aquí    
   
Encuesta
 
 
   
Copyright 2008 © AADTySS - Av. Corrientes 1145 10° "A" Telefóno +54 (11) 4382-4242 / 4382-4275 / 4382-1390