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Editorial
 
 

Reformas Laborales de la ley 25.561


Otra ley de emergencia -y van.......- la 25.561 (B. 0. 7.1.02), ha introducido una significativa alteración en el régimen legal vigente, pero sin anuncios previos de una supuesta reforma laboral, según sucediera con frecuencia desde hace años, variante explicable por tratarse de una innovación presentada como temporaria y por hallarse la misma inserta en un abigarrado y cambiante conjunto de disposiciones extraordinarias de fuerte gravitación sobre varios tópicos de fondo y procesales, conjunto al que se unieron después pronunciamientos judiciales de vastas repercusiones. En cuanto a la emergencia, recubierta como siempre con el manto de la transitoriedad, cabe reiterar una frase difundida con el caótico torbellino desatado a fines del 2001: que hoy estamos bordeando el abismo.

En tales condiciones, para no exceder los límites lógicos de estos comentarios simplemente informativos, ensayaremos una visión laboral de la Ley 25.561.

Fuera de suspender los despidos sin causa, la sanción incluye otras novedades que, directa o indirectamente, hacen a institutos y litigios propios del derecho del trabajo y de la seguridad social. Sus arts. 4 y 5 mantienen la derogación dispuesta en 1991 por la Ley 23.928 de toda norma que establezca actualizaciones o indexaciones, inclusive las provenientes de convenios colectivos de trabajo. Por otra parte, el art. 16 suspende por noventa (90) días la aplicación de la Ley 25.557 -publicada al mismo tiempo en el Boletín 0ficial del 7.1.02- que exceptuó de la grave lesión al derecho de propiedad (arts. 14 y 17 C. N.), vulgarmente conocida como corralito (Dec. 1570/01), a los importes acreditados por rubros laborales, previsionales, beneficios sociales, de la seguridad social y de carácter alimentario en general; acotamos que, finalmente, el 6.2.02, una simple resolución del Ministerio de Economía, la 46/02, desafectó del mecanismo a las remuneraciones de los dependientes (B. 0. 7.2.02).

Ahora bien, a renglón seguido, el mismo art. 16 suspende por ciento ochenta (180) días -el proyecto fijaba noventa (90) días- los despidos sin causa justificada, penando las contravenciones con el pago del doble de la indemnización que correspondiese, "de conformidad a la legislación laboral vigente". Más allá de la diferencia que el Parlamento estableció entre los plazos de una y otra suspensión, el haber incluido medidas tan dispares en un mismo artículo, nos lleva a imaginar que originariamente la suspensión de los despidos se habría utilizado por el legislador para compensar -valga el término- la prórroga del corralito, apelando a una suerte de cosmética, que no resolverá los problemas vitales y candentes de los trabajadores y acarreará o alentará conflictos y cuestiones teóricas y prácticas. Como vimos, a la postre, los salarios se exceptuaron del corralito por otra vía, quedando únicamente en pie la suspensión de los despidos, medida excepcional notablemente potenciada por supuestas reglamentaciones posteriores.

Reiteramos que estos improvisados remedios no resolverán los problemas de los trabajadores; además, creemos que ninguna razón seria posibilita pensar que el despido porque sí sea un objetivo de cualquier empresa medianamente organizada, que de ver perturbado su giro podría apelar a remedios legales (p. ej. arts. 247 LCT y 98 Ley 24.013) impeditivos de la sanción recién inventada, que viene a sumarse a otros recargos últimamente dispuestos (art. 15 Ley 24.013, arts. 9 y 11 Ley 25.013, arts. 1 y 2 Ley 25.323). De todas maneras, si persistiese o se ahondase la difícil crisis en curso, la pena resultaría siempre absolutamente vana para evitar cierres y cesantías inevitables, porque el giro que deviene antieconómico no se mantiene con órdenes, presiones o artificios, antigua e insoslayable verdad olvidada por la Ley 25.565 y las insólitas reglamentaciones que vinieron a complementarla.

El ratificar la prohibición de indexaciones de la Ley 23.928 en un contexto económico-social muy diferente y la suspensión de los despidos sin causa, equivalen al pueril intento de contener la expansión del vapor de una pava que hierve poniendo un dedo en el pico, con el seguro riesgo de quemarse. Lo cierto es que la profunda afectación de los ya castigados créditos salariales y previsionales que generará su congelamiento frente a la nueva política monetaria y al renacido impuesto inflacionario, obligan a descontar impugnaciones constitucionales que otrora tuvieron amplios desarrollos, máxime cuando, por ejemplo, desde el ámbito gubernamental se preanuncia una inflación del 15% para el 2002 y cuando el art. 4 del Decreto 214/02 (B. 0. 4.2.02) ha creado fórmulas de indexación, el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), para otras obligaciones dinerarias.

En cuanto a la suspensión de los despidos, será impotente para frenar la dinámica de un proceso económico intensamente recesivo y de alcances generales, que primordialmente generó el Estado; aun escuchando los pronósticos más optimistas, descartamos que la inflexión de ese proceso no se producirá en seis meses, de donde el pretendido remedio sólo servirá para enriquecer la proliferación de planteos y reparos provocados por el torrente de normas de emergencia que se vienen dictando desordenadamente a propósito de la presente crisis.

Puede suponerse que las autoridades estimen que es su deber hacer algo, posición bien comprensible siempre que ese algo cumpla con los requisitos de legalidad, de razonabilidad y de eficacia. Pero cuando el propio Estado rebaja o no paga los salarios y las prestaciones sociales; promete reducir sus nutridas dotaciones de funcionarios, contratados, pasantes, etc.; la normativa oficial ha contribuido a cortar la cadena de pagos; el comercio y la producción están paralizados y la desocupación y el trabajo en negro alcanzan niveles insospechados, pareciera que cuanto más sanciones, trámites, rigideces, etc. se acumulen sobre el cada vez más reducido sector productivo formal, mayores dudas y temores inhibirán al afortunado que tenga la feliz posibilidad de contratar regularmente a un trabajador.

La reflexión resulta tanto más procedente a la vista de los Decretos 264/02 y 265/02 que, so pretexto de reglamentar la suspensión de los despidos y las leyes 14.786, 20.744, 24.013, 25.013, etc., han creado inconstitucionalmente una maraña de actuaciones, plazos y penas, resucitando incluso al derogado y, a su vez, inconstitucional Decreto 328/88, trabas que en definitiva tienden a dejar al arbitrio del poder administrador la efectivización de cualquier cesantía, individual o colectiva, interpretándose por añadidura los alcances de la duplicación resarcitoria en forma que contradice la lógica jurídica y hasta algunos precedentes legislativos análogos (art. 1 Ley 25.323, p. ej.).

Independientemente de la notoria inexistencia en todo el país -y hasta en la Capital Federal- de una infraestructura administrativa que permita despachar con agilidad tantos expedientes, nos preguntamos: estando realmente una empresa en crisis, con la perspectiva de un mercado reducido o perdido y con la consiguiente imposibilidad de cumplir sus obligaciones presentes y pasadas, quien afrontará y cómo el pago indefinido de salarios, por días trabajados o no trabajados, y las penalidades que imponen los Decretos 264/02 y 265/02? En muchas hipótesis, acaso no le será más conveniente al empleador acudir a la solución tan en boga de pedir su propia quiebra, dejando que los trabajadores y funcionarios se entiendan con el síndico?


Hugo R. Carcavallo

 

 
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